Foto: LA MONCLOAEl abuso miope y descarado de estas designaciones extraordinarias de emergencia contribuye al desafío fiscal a largo plazo ya que nos plantea un gran problema dado que el Tesoro, en sus cálculos de necesidades de emisión, no tiene contempladas la totalidad de los compromisos causados por el abuso del decreto ley.
Desde que Pedro Sánchez y sus socios llegaron al poder el 7-6-2018 se han aprobado 142 decretos leyes, distribuidos de la siguiente forma:
Año 2018: 25
Año 2019: 18
Año 2020: 39
Año 2021: 32
Año 2022: 20
Año 2023: 8
Ante la realidad descarnada que nos ofrece este Gobierno es propósito de este artículo desgranar las consecuencias del uso y abuso de los decretos leyes, no tanto en su vertiente jurídica, que repasaremos brevemente, pero sí de su componente económica, fiscal y social de esta manera impropia de legislar y analizaremos, también, las repercusiones revisando el encuadre, enfoque y conclusiones asociadas al abuso del decreto ley.
En su vertiente jurídica, el decreto ley está contemplado en el artículo 86 de la Constitución Española, donde en su apartado 1 ya hace hincapié: "En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes…", que además se define por estas tres notas:
- El presupuesto habilitante (la extraordinaria y urgente necesidad).
- Las limitaciones materiales impuestas, o lo que es lo mismo, las materias excluidas de su regulación.
- Su carácter de norma provisional.
Por lo que esta triple delimitación del decreto ley deriva de su carácter de excepción a la potestad legislativa de las Cortes y, por ende, al principio de separación de poderes. "Nuestra Constitución ha contemplado el decreto ley como un instrumento normativo del que es posible hacer uso para dar respuesta a las perspectivas cambiantes de la sociedad actual, siempre que su utilización se realice bajo ciertas cautelas".
Una primera conclusión es que una media de casi 30 decretos leyes por año no es ni "extraordinaria y urgente necesidad", ni "carácter de norma provisional", ni que el gobierno de Pedro Sánchez haya sido "cauteloso" en el uso del mismo, con lo que el espíritu de la Constitución es transgredido una vez más (léase también quebrantado, violado, vulnerado y contravenido). Es más bien una insana costumbre.
Pero vayamos a la parte económica del asunto, cuestión que no se suele tratar y alberga una serie de inferencias importantes… Desde un punto de vista económico podríamos decir que un decreto ley es un gasto adicional de emergencia, bien por aumento de gasto público bien por rebajas de impuestos, fuera de los PPGGEE, que supone partidas de gasto no contempladas. El abuso miope y descarado de estas designaciones extraordinarias de emergencia contribuye al desafío fiscal a largo plazo ya que nos plantea un gran problema dado que el Tesoro, en sus cálculos de necesidades de emisión no tiene contemplados la totalidad de los compromisos causados por el abuso de DL, ya que el Gobierno seguirá usando los decretos leyes/emergencias para aprobar iniciativas de gastos que rompan el Presupuesto (ver artículo en Valencia Plaza sobre Deuda Pública insostenible).
Hace unos años escribía en un artículo sobre innovación que la "comparación es cómo aprendemos nuestras preferencias y decidimos la mayoría de las cosas, ya sea comprando un coche nuevo o eligiendo qué comer. Y la investigación muestra que la comparación directa y rápida de dos objetos similares amplifica en gran medida las pequeñas diferencias". Bien, pero ocurre que para analizar el comportamiento del gobierno en el abuso del decreto ley no he encontrado en nuestro entorno ningún país que desborde la racionalidad de sus Presupuestos con un uso indiscriminado del DL. He tenido que cruzar el charco y recurrir a la Administración norteamericana para realizar un ejercicio comparativo.
Durante los últimos cinco años el Congreso americano designó uno de cada diez dólares a gasto de emergencia, el equivalente a nuestro decreto ley; en el caso español, he estimado que nuestro gobierno de socialistas, comunistas y demás socios, ha destinado uno de cada 8 euros de gasto vía decreto ley.
Para empezar, la cifra total del PPGGEE en 2023 fue de 485.986 millones de euros. Por lo que la proyección de gasto de emergencia vía decretos leyes de estos últimos cinco años de gobierno socialista y comunista nos lleva a la cifra de más de 303.000 millones de euros; a esta cifra hay que añadir, como repercusión fiscal, los intereses a 5 o 10 años, según el caso. Millón arriba millón abajo que diría la vice Montero, es una cantidad escandalosa que se escapa de cualquier control y contrapeso, ya sea fiscal o jurídico.
La verdad es que el tamaño y alcance de este gasto vía decreto ley asusta, en tanto en cuanto no existe un depósito central o informes gubernamentales que registren este gasto a lo largo de estos cinco años, lo que oscurece aún más el problema. Estos 303.000 millones de euros (más sus intereses) son una cantidad asombrosa como para estar eximida de los controles presupuestarios legislativos. Además esto crea un claro potencial de abuso. Y cuanto más gasto vía decreto ley menos supervisión lo que lleva a un bucle que se retroalimenta y conduce a más decretos leyes con más gasto fuera de control. ¿Hasta cuándo?
Pues la verdad es que mientras el sistema aguante este gobierno seguirá utilizando esta fórmula para incrementar de manera abusiva el gasto sin control por lo que las perspectivas fiscales, me remito nuevamente al artículo sobre Deuda P. insostenible, continuarán en franco deterioro por la creciente dependencia de este gobierno al gasto vía DL, extraordinario o de emergencia, aumentando deuda y déficit. Personalmente opino que la seguridad fiscal es parte importante, diría que crucial, de la seguridad nacional ya que una deuda elevada y en aumento “ralentiza el crecimiento económico, aumenta los pagos de intereses y plantea riesgos significativos para las perspectivas fiscales y económicas” y nos pone a merced de los tenedores extranjeros. Recordemos que las investigaciones recientes definen que la elevada deuda pública—definida como una relación deuda-PIB superior al 78%— ya se encuentra en niveles económicamente perjudiciales. Insisto, la estabilidad fiscal es un elemento esencial de la seguridad nacional.
Si fuéramos un país normal, con gobiernos preocupados por los ciudadanos y no solo por el corto plazo, activaríamos y aplicaríamos contrapesos para compensar estos desacatos y triquiñuelas que nos van a llevar al colapso, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos.
Los americanos, aunque son los campeones de las legislaciones de emergencia para evadir el control del Congreso, están trabajando en contrapesos adecuados. Están trabajando en una regla presupuestaria llamada PAYGO que requeriría compensar con una reducción del déficit cada vez que se aplican decretos leyes que elevan el gasto o recortan los impuestos. O un mecanismo para el gasto extraordinario o de emergencia vía decreto ley que compensara el nuevo gasto con futuras reducciones de gasto (CUTGO); por ejemplo, en el caso de la Administración Biden, si el Congreso autorizara una solicitud de gasto de emergencia total del presidente Biden para el año fiscal 2024 (alrededor de 150.000 millones de dólares, incluidos los costos de intereses a cinco años), el Congreso también tendría que reducir el gasto discrecional de primera línea en 30.000 millones de dólares cada año en los cinco años siguientes (años fiscales 2025 a 2029). Claro que esto es mucho pedirle al gobierno de P. Sánchez, ya que es más fácil y cómodo incrementar el déficit, vía aumento de la deuda pública, y que los que vengan detrás carguen con el problema.
Lo que si podemos hacer en España, y es el momento, es el de plantear un umbral de votos elevado para la aprobación de los decretos leyes que supongan un gasto extraordinario fuera de los PPGGEE; esto disuade el gasto deficitario, irresponsable e innecesario y hace que se retraten todos los partidos y parlamentarios, por ejemplo una regla que exija la mayoría de tres quintos de la Cámara en lugar de la actual mayoría simple.
Probablemente elevar el umbral de votos para los gastos extraordinarios vía DL, iniciar una publicación no agregada de informes ejecutivos sobre los gastos extraordinarios, para que todos los ciudadanos sepamos en cada momento cual es la evolución de los mismos, es decir aplicar adecuadamente la Ley de Transparencia, y reflejar mejor en los PPGGEE la naturaleza de todos los posibles gastos de emergencia/extraordinarios para evitar iniciativas que rompan el presupuesto e incrementen el déficit sean posibles contrapesos a este abuso del decreto ley.
¿Esta picaresca podría ser un presunto caso de fraude de Ley?
En tanto en cuanto afecta a la seguridad nacional, ¿podría tratarse de un presunto caso de deslealtad, alevosía, engaño, vileza o complot?
Recordemos como cayó Al Capone, quien a pesar de sus múltiples delitos fue juzgado, declarado culpable y encarcelado por una cuestión fiscal. Adivinen cómo caerá P. Sánchez. La pregunta es si nos arrastrará a todos los españoles con él en su caída.
Ricardo Romero es especialista en Estrategia de Impacto y Sostenibilidad
