No ganamos para disgustos. Siempre se puede empeorar. El Gobierno calamidad se ha tomado en serio el derrumbe de lo queda en pie de la enseñanza. Permitirá pasar de curso con un número ilimitado de suspensos, y que se regalen los títulos de la ESO y Bachillerato
MURCIA. La abuela Celaá, ministra de la cosa educativa, se ha propuesto pasar a la historia. Doy fe de que lo conseguirá, meritos suficientes está haciendo, pero será a la historia universal de la infamia de Borges, en la que compartirá lugar con el conde Don Julián, Antonio Pérez, Fernando VII y otros personajes putrefactos.
Como prueba de nuestra imparcialidad y ausencia de sectarismo cabe reconocerle la virtud de la elegancia, muy poco extendida en el Gabinete al que pertenece, a salvo del presidente maniquí, que va hecho siempre un pincel, y la ministra de Trabajo, que es toda una fashion victim o una it girl, como dicen los entendidos en moda.
Pasar de curso con un número ilimitado de suspensos, como propone Celaá, es una vergüenza, un dislate, una traición a una generación perdida de alumnos
A mí me subliman los collares de perlas que la abuela Celaá exhibe cual señorona en los actos públicos, collares que recuerdan a la esposa del dictador Franco Bahamonde. En el fondo, cada vez se aprecian menos diferencias —aunque sigue habiéndolas, por supuesto— entre la autocracia chusquera del gallego y la inclusiva de la coalición socialcomunista.
La ministra de Educación es un puntal del Gobierno en su proyecto de ingeniería social. Si controlas la enseñanza —y los medios de comunicación—, moldeas la forma de pensar de las futuras generaciones. Esto lo sabe la Santa Madre Iglesia desde hace más de dos mil años. Por eso el Ejecutivo aprovechó el encierro para tramitar, por la vía de urgencia y sin el adecuado debate parlamentario, la nueva ley educativa.
Es muy probable que doña Isabel consultase antes el proyecto de ley con sus amigas Iratxe e Izaskun mientras merendaban té con pastas en una cafetería de Neguri. Excuso decir que ninguna de ellas ha enviado a sus cachorros a un colegio o instituto públicos porque lo consideran de mal gusto. La señora Celaá tampoco lo ha hecho, pese a presentarse como una ferviente defensora de la enseñanza pública. Ella decidió llevar a sus dos hijas Bárbara y Patricia, hoy ya mujeres y reputadas profesionales, al colegio Bienaventurada Virgen María-Las Irlandesas, elitista, católico y concertado.
A pesar de las prisas, la Lomloe —así se llama esta ley trabalenguas— aún no ha sido aprobada. Lo será en breve. Mientras tanto, para tenerlo todo atado y bien atado, el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a un Real Decreto-ley de medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria.
Con este real decreto, limitado en principio a este curso, Celaá transforma en regla lo que era una excepción forzada por la pandemia. La norma facilita que se pase de curso con cualquier número de suspensos y, además, permite que los títulos de la ESO y el Bachillerato se obtengan sin límite de materias no superadas. El Ministerio deja en manos de las comunidades autónomas los criterios de promoción y de titulación académica. Nadie duda de que la Conselleria de Educación seguirá las indicaciones de la señora ministra.
Lo que propone Celaá es una vergüenza, un dislate, un despropósito, una infamia, una traición a esta generación perdida de alumnos a la que se le convalidará la ignorancia con títulos devaluados en el mercado laboral. Serán siempre la generación Covid-19 para los departamentos de Recursos Humanos.
Pero, además, decretos como el aprobado dejan sin autoridad al profesorado para exigir un mínimo de conocimientos a sus alumnos, que carecerán de estímulos para estudiar porque, hagan lo que hagan, pasarán de curso.
Es difícil hallar una estafa de proporciones tan colosales como la perpetrada por la señora Celaá y su equipo. No es consciente (o quizá sí, porque en el fondo este Gobierno busca blindarse con una generación de analfabetos manipulables) del flaco favor que le hacen a todos esos niños y adolescentes. Los dejarán sin armas para defenderse en una sociedad cada día más competitiva y hostil. La mayoría quedará a merced del Código Penal y de la ley de la oferta y la demanda. Muchos serán carne de cañón, gente explotada y sin futuro. Es la gente que dice defender el Gobierno de progreso.
Celaá pasará a la historia por enterrar la enseñanza pública. La ley de eutanasia se aplicará también a la educación, no sólo a los viejos. La vizcaína, frustrada portavoz del Gobierno debido a sus dificultades de expresión en castellano, pondrá fin a un largo proceso iniciado con la Logse de san Rubalcaba que estás en los cielos. Sólo faltaba una carga más de dinamita para derrumbar el edificio. La ministra ha aceptado encender la mecha.
El país pagará muy caro el suicidio educativo, pero ¿a quién le importa? A nadie, y menos a ellos, los que mandan sobre nuestras atribuladas cabezas, porque sus hijos irán a un colegio bilingüe de pago el próximo año. La única duda es si será en Bristol o en Cork, ciudades donde no se conoce el significado de la palabra “barracón”.