CARTAGENA. Uno de los libros de mi humorista favorito, P. G. Wodehouse, se titulaba Ola de crímenes en el castillo de Blandings. El principal de aquellos crímenes había sido el secuestro de la "Emperatriz de Blandings", la campeona porcina favorita del lord Emsworth, aristocrático propietario de aquel ficticio castillo, ubicado en el condado de Shropshire, el mismo donde había nacido Darwin. Nadie prevea que, con ese gancho, el Aparecido pretende volver a otro crimen porcino: la irrupción en el Centro de Desarrollo Local de Lorca de una treintena de manifestantes, lo que provocó que se interrumpiese la reunión que el alcalde estaba manteniendo con algunos representantes de los ganaderos. Y no va a entrar porque ese conflicto ha vuelto a los cauces de los que nunca debió salir: el diálogo entre los responsables municipales y los representantes de los ganaderos en torno a la regulación de las granjas porcinas.
"Casero debería dimitir, por más que haya sido un gran apoyo de Teo: Ha perdido toda su anterior autoridad"
Sorprende, pues, que El Periódico haya publicado un editorial, titulado "España no se merece esto", en el que, ante "el escándalo de Lorca", critica que "el principal líder de la oposición explicó que estaba en contra de la agresión... pero a favor de los ganaderos". Pues no, equipo editorialista, no fue solo "el principal líder de la oposición", sino, menos un diputado de Vox, toda la Asamblea Regional, incluidos los diputados del PSOE y de Podemos, la que ha aprobado una moción urgente en la que se condena esa irrupción... a la par que se apoya al sector ganadero. Por cierto, lo que España no se merece es la continua desobediencia de las autoridades separatistas, a lo largo de varios años, a los requerimientos de los tribunales y a las normas legales vigentes, incluida la Constitución. ¿Se merece España que no haya modo de estudiar en castellano en los colegios públicos catalanes? ¿O que el tráfico por la vía Meridiana de Barcelona haya estado interrumpido violentamente por grupos separatistas durante muchos meses? ¿Y que los presos separatistas y los etarras hayan disfrutado de todo tipo de privilegios penitenciarios y en su excarcelación? En comparación con todo eso, lo de Lorca no pasa de un reprochable acto, pero breve y ya corregido. Pelillos a la mar.
En lo que sí está de acuerdo el Aparecido con el equipo de El Periódico es en una frase de la segunda parte de su editorial: "El hemiciclo se llenó de ruido y furia" tras la votación de la reforma laboral. Pero, a diferencia del equipo editorial, no cree que ese episodio se limitase a "otro asalto... a la legitimidad sagrada de una votación parlamentaria". Más bien cabe compararlo a la ola de crímenes del castillo de Blandings.
El esperpento lo desató el error al votar telemáticamente el diputado popular Casero. Siendo eso grave, pues revela incompetencia o falta de atención, el diputado Casero, un hombre tan cortés que hasta cedió su asiento en la abarrotada reunión de León a una militante ponferradina de base, lo agravó hablando de "error informático". Absurdo: es casi imposible que un ordenador trasforme un "no" en un "sí" a la reforma laboral. En consecuencia, el diputado Casero debería dimitir, por más que haya sido un gran apoyo de Teo. Ha perdido toda su anterior autoridad.
El esperpento siguió con la omisión de la presidente del Congreso, la diputada Batet, del PSC, de atender las reclamaciones formuladas por los miembros de la Mesa del Congreso antes de que se produjese la votación presencial, denunciando el error de Casero. Ni comprobó telefónicamente el sentido de su voto, ni convocó a la Mesa del Congreso para analizar la cuestión. Dicen los letrados del Congreso que el reglamento establece la irreversibilidad del voto desde el mismo momento de emitirlo. Si así fuese sería urgente modificarlo, pues no debería ocurrir que un automatismo impidiese que el resultado de una votación fuese contrario a la voluntad de los diputados.
Un error no tiene mayor importancia si no altera el sentido de la votación, y no sería susceptible de corrección si se detectase después del recuento, pero si confluyen las dos circunstancias de este caso, que se detecte antes de la votación colectiva y que cambie el sentido global de la votación, es contrario a la democracia impedir que se corrija. Hay que tener en cuenta que, en casos así, la Presidencia del Congreso juega con ventaja, pues conoce todos los votos telemáticos emitidos, a diferencia de cada diputado, que solo sabe lo que él ha votado. En esas condiciones, no dar la oportunidad de corregir un error es, en el sentido de Blandings, una autentica cerdada. Si hay que corregir el reglamento, hágase de inmediato. En cualquier caso, el Tribunal Constitucional decidirá qué es más "sagrado", si la irreversibilidad de los errores parlamentarios o el respeto a la voluntad de los diputados.
"El que tendría que dar explicaciones es el señor Esparza"
En tercer lugar, está el caso de los dos diputados de UPN que votaron contra convalidar el decreto de la reforma. Como el presidente de su partido, señor Esparza, había decidido votar a favor, ahora los llaman "tránsfugas". De forma infantil los acusan de no haber anticipado el sentido de su voto, como si las mociones de censura se anunciasen para dar la oportunidad a los censurados de eludirlas. No se hizo en la moción de Murcia ni en la de Madrid, donde un juez tuvo que decidir si, por cuestión de minutos, la presidente Ayuso se había adelantado o no a disolver la Cámara antes de la moción. Pues claro que no lo dijeron: querían que el decreto no se convalidase. Y tenían sus motivos: no querían apoyar a un partido, el PSOE, que había propiciado pactos en Navarra con Reunirse (en vasco, pactos en Nafarroa con Bildu) para gobernar aquella región, siendo así que UPN siempre se había opuesto al separatismo y a la anexión de Navarra por parte del País Vasco español, como quiere Reunirse.
El que tendría que dar explicaciones es el señor Esparza. El Aparecido lo vio argumentar en televisión que no quería apoyar a un partido que había pactado con Reunirse, pero que votaría a favor del decreto pensando en el bien del España, pues la reforma laboral le convenía. Mentía descaradamente, pues la realidad era justo lo contrario de lo que decía: había pactado en secreto con los socialistas votar a favor de la reforma a cambio de unas contrapartidas que, gallardamente, se ha negado a revelar. La existencia de ese pacto secreto y el contenido de esas contrapartidas les fueron ocultadas a los dos "tránsfugas", a pesar de que lo preguntaron insistentemente a la secretaria de UPN, a la que el cobarde de Esparza había encargado que conminase a lo diputados a votar a favor del decreto sin ninguna clase de explicación. No solo era que la Constitución protegiese a esos diputados, pues ninguno está sometido a mandato imperativa alguno, sino que actuaron de acuerdo con el programa de su partido, subrepticiamente contradicho por el hipócrita Esparza, quien debería acompañar a Casero en lo de dimitir.
En cuarto lugar, figura en la ola de crímenes congresuales el pacto oculto entre IRC, Reunirse y Podemos para boicotear los esfuerzos de Yolanda Díaz, aliada de la alcaldesa de Barcelona. Ada Colau, encaminados a lograr que el decreto saliese adelante con los votos de los partidos separatistas que habían apoyado la moción de censura de Sánchez contra Rajoy. Ya Rufián, de IRC, había anunciado que no apoyaban "proyectos personales", y luego ha informado a los dirigentes del PSOE y del PSC que se opondrán a todas las iniciativas que promueva Yolanda. Lo mismo habían hecho las ministras podemitas Montero y Belarra, que se ausentaron del Pleno para dejar claro su distanciamiento de Yolanda. Pensaban IRC y Reunirse que el decreto saldría adelante gracias al apoyo de Ciudadanos y de los partiditos presentes en el Congreso, pero habría fracasado de no haber sido por el error de Casero. A eso les condujo oponerse a Yolanda, a quien consideran una peligrosa competidora electoral.
Se ha ufanado Ciudadanos de que gracias a sus votos el decreto se ha aprobado por encima de la voluntad de los separatistas. Doble error: si Casero hubiese votado bien o Batet le hubiese dejado corregir su error, el decreto no se habría aprobado, lo que indica que no hay una mayoría favorable a Sánchez alternativa a la de investidura. Además, el decreto tampoco habría salido sin el apoyo de Compromiso, el grupo separatista de la región valenciana. No por menos representativos son los de Compromiso menos separatistas que IRC: también ellos hablan de los Países Catalanes y están promoviendo eficazmente la erradicación del idioma español en los centros educativos de su región. Así son las cosas, Ciudadanos.
Y, finalmente, el crimen a lo Blandings central: la reforma se planteó como un decreto-ley, que no como una ley, lo que impidió que su presentasen enmiendas. Ahora bien, como ese tipo de decretos solo pueden presentarse por motivos de urgencia, el abuso que el gobierno tripartito español, PSOE, PSC y Podemos, está haciendo de ellos está limitando severamente la capacidad legislativa del Parlamento. No se extrañe nadie de que The Economist haya degradado a la democracia española de plena a defectuosa, máxime cuando el Consejo General del Poder Judicial sigue sin renovarse y la pulsión separatista sigue viva en Cataluña. Lo dicho: el Parlamento se encuentra en una situación parecida a la del castillo de Blandings. Cabreante.
JR Medina Precioso