MURCIA (EFE). La Región de Murcia ha vuelto a exigir al Estado medidas acordes con los daños sufridos tras el último temporal, que ha provocado las terceras inundaciones graves en apenas cuatro meses y generado daños al Mar Menor, puesto que no se han aprobado aún inversiones para las infraestructuras de contención que necesita la zona.
El episodio de emergencia se da por concluido, aunque aún sigue activo del plan de emergencias por inundaciones, que está previsto que se desactive a lo largo del día, ha informado el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Tras expresar públicamente su agradecimiento a todos los servicios de emergencias que se ha han implicado durante el episodio de lluvia, nieve y temporal marítimo, Celdrán ha apuntado que el 112 ha atendido en estos días casi 1.200 llamadas, sobre todo, de los municipios de Moratalla, San Javier y Los Alcázares.
Por eso, ha insistido en exigir responsabilidades al Gobierno central, al que ha reclamado que ponga en marcha las infraestructuras necesarias, pues está en juego la seguridad de las personas.
También ha pedido información sobre la solicitud que hizo el Ejecutivo regional tras la gota fría de septiembre para la aplicación del fondo de solidaridad de la Unión Europea ante la falta de implicación del Estado.
Ahora se está trabajando en la valoración de los daños causados por la borrasca Gloria en carreteras y edificios públicos, si bien ha considerado que "serán muy inferiores" a los de las anteriores inundaciones.
No obstante, ha resaltado su preocupación por los nuevos vertidos de agua dulce con arrastres al Mar Menor que supondrán dar “pasos atrás” en su recuperación, que ya comenzaba a notarse en los últimos datos de transparencia, turbidez y clorofila del pasado 17 de enero, por lo que habrá también que esperar para conocer el impacto de estas nuevas lluvias.
A preguntas de los periodistas, Celdrán ha dicho que el Gobierno no ha conocido todavía “en detalle” la actualización del plan de actuación sobre el Mar Menor que ha aprobado el Ministerio para la Transición Ecológica.
No obstante, ha recordado que aún no se han puesto en marcha las medidas recogidas en el Plan de Vertido Cero, aprobado también por ese ministerio tras tres años de trabajo, con medidas urgentes e incluso cuantificación económica, y ha insistido en su “corresponsabilidad” para llevarlas a cabo.
“Cada vez que amanece nublado, los vecinos (del entorno del Mar Menor) vuelven a sentir el miedo en el cuerpo”, ha lamentado, por lo que ha insistido en que, “por mucho que haya leyes” como la de Protección Integral aprobada por el Gobierno murciano, estas “servirán de bien poco, al menos a corto plazo” si no hay una inversión en infraestructuras que reduzcan los vertidos.
Además, ha advertido de que si la laguna cruza una “línea de no retorno”, su recuperación será inviable, por lo que son ya necesarios planes de avenidas y reconversión de ramblas, competencia estatal.
En cuanto al resto de asuntos abordados hoy en el Consejo de Gobierno, se ha dado luz verde a un paquete de inversiones en el Servicio Murciano de Salud (SMS) por importe total de 18 millones de euros, de los que casi 15,2 millones de destinarán a la compra de medicamentos par el tratamiento de la hemofilia, y otros 1,7 millones a la de equipos y materiales de ventilación de pacientes y respiración asistida.
También se aportarán 1,6 millones a material destinado a trasplantes de médula; 1,4 millones al servicio de notificaciones administrativas del SMS para los próximos dos años, y medio millón más al mantenimiento de la plataforma de historia clínica de atención primaria.
Además, se ha validado definitivamente dos nuevos másteres de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT): el de Arquitectura, que tiene carácter habilitante para poder ejercer la profesión, y el de Dirección de Agronegocios, que pasa de ser un título propio a uno oficial y se impartirá en el centro adscrito ENAE-Tech.
Por último, se ha acordado que un grupo de trabajo evalúe las políticas públicas y calidad de los servicios de la comunidad autónoma relacionadas con la reducción de carga administrativa, simplificación, mejora de los procedimientos y gestión
