José Molina. Foto: TWITTEREl ya expresidente de este órgano se siente decepcionado por el comportamiento de los cargos públicos de la Comunidad, que no han revertido, en su opinión, "tanto clientelismo y enchufismo y tanta corrupción encubierta"
MURCIA (EFE). Entre reproches a la Comunidad. Así se ha despedido José Molina del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, el órgano que ha presidido desde 2015 hasta este año. En su última reunión como presidente, Molina ha hecho balance de su gestión y ha declarado en rueda de prensa que su andadura ha estado marcada por el "torpedeo" y la "obstrucción" a su labor por parte del Gobierno regional. Tanta tensión ha soportado, reveló, que incluso llegó a sufrir un ictus por su relación con los responsables autonómicos de la pasada legislatura.
La Asamblea Regional, de hecho, elige el próximo miércoles al sucesor en un pleno. Hay dos candidatos: el juez recientemente jubilado Julián Pérez-Templado, propuesto por Ciudadanos con el beneplácito del PP, y el catedrático de Ética Emilio Martínez Navarro, planteado por el PSOE. Para Molina, es una "aberración democrática" que uno de los dos candidatos propuestos lo sea por los partidos del Ejecutivo murciano, que es la administración a la que esta figura debe controlar. "Deseo que prosperen los valores democráticos y de respeto a la ciudadanía que se van a poner a prueba frente a los intereses particulares de un partido en el Gobierno", apuntó, agregando que dependerá de su sucesor "demostrar que es independiente".
"Han laminado mi independencia"
El ya expresidente del Consejo ha resumido su andadura criticando a la Comunidad por haber "torpedeado" con "malas excusas legales" el plan estratégico que diseñó, por "laminar" su independencia y por haberle suministrado dos empleados públicos con la misión de "obstaculizar" su labor desde el interior del ente.
El expresidente del Consejo, que ha valorado el "talante imparcial" de la consejera actual del ramo, Beatriz Ballesteros, respecto a sus predecesores en el cargo, ha abogado por implantar un régimen sancionador para el funcionario o cargo público que se niegue a facilitar la información, y puso como ejemplo que en Chile son sancionados con la suspensión de sueldo.
Molina también se ha mostrado decepcionado por el comportamiento de los cargos públicos de la Comunidad, que no han revertido, en su opinión, "tanto clientelismo y enchufismo y tanta corrupción encubierta". Y apostilló: si la transparencia fuera un valor asumido por la administración, se generaría un 1% del PIB regional (unos 300 millones de euros).
Molina ha detallado que las reclamaciones presentadas en sus cinco años de mandato han sido 465, destacando principalmente por su cantidad las vinculadas con los ámbitos de la salud y la educación. De hecho, recalcó que las reclamaciones presentadas contra el Servicio Murciano de Salud (SMS) propiciaron que la Comunidad comenzara a publicar los datos sobre listas de espera, derivaciones a la sanidad privada y el cierre de plantas hospitalarias.
De las 465 reclamaciones presentadas, 100 fueron estimadas por el CTRM, 15 desestimadas y 92 tuvieron otras formas de finalización, mientras que hubo 258 inadmitidas por no cumplir los requisitos marcados por la ley, fundamentalmente las 167 cursadas en 2018 referentes a las listas de aspirantes seleccionados para ser profesores de secundaria.
