MURCIA. Ni el Gobierno central ni ahora tampoco el Parlamento. La única vía que le queda ya a la Región de Murcia para recuperar los 85 millones pendientes del IVA de 2017 -que, según la Comunidad, son 79 millones tras un último ajuste- es la Justicia. La Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados tumbó este martes la proposición no de ley que había presentado el Partido Regionalista de Cantabria de Miguel Ángel Revilla para reclamar al Gobierno de España la devolución en este mismo año del IVA sin liquidar del ejercicio de 2017 que adeuda a las comunidades y cuya suma total asciende a unos 2.500 millones de euros.
La propuesta fue rechazada con los votos de PSOE y Unidas Podemos y la abstención de Vox y el PNV. PP y Ciudadanos -que gobiernan juntos en cuatro comunidades, entre ellas la Región-, así como ERC y Junts apoyaron el texto, pero sus votos fueron insuficientes. No es la primera vez que la Cámara Baja tira por tierra una iniciativa parlamentaria para meter presión al Ejecutivo central sobre el dinero del IVA. En febrero, el Congreso ya rechazó una moción impulsada por el PP.
Así las cosas, ya sólo queda el camino judicial como única alternativa para el Gobierno regional. Tras muchos meses de reclamaciones, tanto en público como en reuniones privadas, el Ejecutivo que preside López Miras decidió a finales de enero recurrir a los tribunales la devolución de un dinero que Hacienda mantiene retenido. Fuentes regionales señalan a este diario que no hay ninguna novedad sobre el recurso presentado. Cabe señalar que los procedimientos judiciales han sufrido, como todos, los efectos del confinamiento, derivados de la pandemia del coronavirus.
La Comunidad también espera los 18 millones que le falta por recibir de los pagos a cuenta del año 2018. En total, son unos 97 millones pendientes. La cuantía del IVA se calculó en 85 millones, pero finalmente, según aclaran desde la Consejería de Hacienda, son 79 millones "tras un último ajuste" del Ministerio de Hacienda.
También en enero, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en 2019 se negó a ordenar la transferencia a las comunidades con el argumento de que el Ejecutivo se encontraba en funciones, confirmaba que "esa medida había decaído", dando a entrever que no tomaría la decisión por el momento. Junto con Murcia, las autonomías de Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha y Andalucía expresaron su malestar y comunicaron su intención de acudir a los tribunales.
El Gobierno central debe 2.500 millones a las comunidades autónomas por el concepto de IVA de diciembre de 2017, en tiempos de Cristóbal Montero como titular de Hacienda. Además, en 2018, el Ministerio comunicó formalmente a la Comunidad que abonaría 3.156,10 millones como pagos a cuenta. Esta cantidad se incluyó además en los Presupuestos regionales del año pasado. Sin embargo, en 2019 la Comunidad recibió 3.138,06 millones, pero se quedó sin ingresar 18,04 millones.
La diputada socialista Montse Mínguez ha justificado la negativa del PSOE a apoyar la proposición del partido cántabro porque este "lío se montó por la implantación del sistema de Suministro Inmediato de Información (SII), que acortó la recaudación por IVA ese año, pero no sólo a las comunidades, sino para todas", en declaraciones citadas por Europa Press. La parlamentaria aseguró que desde el Gobierno nacional "se quiere facilitar la solución" y "está encima de la mesa" pero pidió no impulsar una solución "fuera de la contabilidad nacional y del reglamento".
En la Comunidad, el consejero de Hacienda, Javier Celdrán, lamentó el resultado de la votación en la Comisión: "Socialistas y comunistas le dan la puntilla final al atraco del IVA. Nos dirán que lo compensan con el fondo extraordinario covid. Pero si sumamos todo lo que nos han dejado de pagar, en la Región de Murcia el saldo es absolutamente negativo. Trilerismo", dejó escrito en Twitter el consejero.
También en la la Región, la diputada de Ciudadanos Valle Miguélez recriminó el rechazo de la iniciativa legislativa. "Ya soportamos una infrafinanciación histórica, un atraco en las políticas activas de Empleo, un reparto injusto sobre el fondo extraordinario no reembolsable... ¡¡Y ahora esto!!", escribió en un tuit la parlamentaria, que también lamenta que el Gobierno de España "no deja utilizar el superávit de los ayuntamientos y ha eliminado 1.000 millones para política social".