Es una palabra cuya definición, por parte de la RAE, es la siguiente: descuido, falta de cuidado, o falta de aplicación. Conducta que implica un riesgo (para uno mismo o para terceros) producido por la omisión del cálculo de las consecuencias previsibles de la propia acción. Y de negligente es como yo calificaría la gestión que el gobierno de España ha hecho en relación con la gestión de la pandemia del coronavirus.
En estos momentos de la ‘desescalada’ en los que los ciudadanos hemos dejado atrás muchos episodios y secuelas que nos han tenido entretenidos durante tres meses, es momento de echar la mirada atrás y, sin acritud, analizar lo que ha pasado, y hacer un examen desapasionado de todas aquellas circunstancias que han rodeado una de las peores ‘plagas’ a las que nos hemos enfrentado, al menos los que –como es mi caso- ya no vamos a cumplir los setenta.
A diferencia de la algarabía política que hay montada entorno a la gestión del ejecutivo, yo no considero que haya habido dolo alguno a la hora de aplicar las distintas normas y procedimientos a los que hemos estado sometidos. Eso sí, han sido demasiadas las imprevisiones y contradicciones que se han producido y que nos han llevado a que la población, en general, nos hagamos un verdadero lío, sin saber cómo interpretar las normativas, algunas de ellas contradictorias, con las que nos desayunábamos casi todos los días. Y aunque nuestros Gurús nos recordaran que el desconocimiento de las leyes no es excusa para su incumplimiento, me gustaría que ellos mismos me dijeran si son capaces de conocer lo legislado a través de las miles de páginas del BOE con las que nos han empapelado durante el confinamiento.
Las numerosas reuniones y documentación provenientes del Ministerio de Sanidad y del Centro de Coordinación de Emergencias, recientemente revelados, confirman lo que ya era un secreto a voces. El ministro Salvador Illa y Fernando Simón ocultaron datos e informaciones de las que disponían, en las que se alertaba del grave riesgo que suponían las concentraciones humanas y su incidencia sobre la pandemia. Lo hicieron “porque eran confidenciales”, y –al parecer- por ‘no alarmar a la población’, según manifestó en su día el Presidente de Castilla La Mancha, Sr. García-Page, quien (visiblemente molesto) aludió a las consignas recibidas del gobierno de la nación, cuando otras Comunidades Autónomas ya estaban tomando medidas coercitivas.
La política del avestruz de aquél entonces se ha demostrado que fue una grave negligencia que propició una tardanza innecesaria en la toma de decisiones, por graves e impopulares que estas tuvieran que ser, como ha quedado demostrado con el ya manido vodevil del 8-M. Como de negligente se puede calificar, también, la primera decisión que el gobierno tomó, al asumir las competencias en relación con la adquisición de material sanitario por parte del Ministerio, cuando este no tenía la infraestructura necesaria para asumir estas competencias.
En estos momentos en los que existen numerosas demandas interpuestas en los juzgados, denunciando la nefasta gestión de las distintas administraciones, desconozco cuál va a ser el recorrido de estos procedimientos abiertos, que han sido presentados por colectivos y particulares; si bien, en mi opinión, la vía penal es poco probable que prospere, mientras que la vía civil la veo como una más que probable salida a este tipo de instancias. Es por eso que el gobierno haría bien en reconocer sus errores y limitaciones, y no enrocarse en una situación de autoprotección que no le va a llevar a ningún sitio y que va a agravar más su débil posición en este conflicto recién estrenado.
Andrés Tegnell, Jefe de Salud Pública en Suecia (homólogo de Fernando Simon) ha pedido perdón públicamente por haber cometido un “enorme error de imprevisión” en el país escandinavo, al sobrepasar ¡los 4.000 fallecimiento por coronavirus!
Qué distinta forma de afrontar estos problemas. En esas mismas fechas, en nuestro país, el gobierno daba instrucciones a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía General (que como ya dijo Sánchez, depende de él) para que se opusieran a toda investigación judicial que pudiese enjuiciar la gestión gubernamental. Eran los días en los que nuestro altanero presidente pronunciaba en la tribuna del Congreso de los Diputados su ya arrogante frase “Viva el 8 de Marzo”, equivalente a aquél “Vivan las Cadenas” acuñado por los absolutistas españoles, en 1814, coincidiendo con la vuelta del destierro de Fernando VII.
Nadie duda ya que en España se actuó tarde y con muchas dudas. Así lo ha reconocido Emilio Bouza, fundador de la Sociedad Española de Microbiología, en una declaración hecha en sede parlamentaria. No pasa nada por reconocer una realidad, por dura que esta pueda ser.
Es lo menos que debería hacer el gobierno, en estos momentos en los que la tormenta todavía está en fase de crecimiento. Un acto de contrición, acompañado del correspondiente propósito de enmienda, podría ser como un bálsamo que calmase algunas picaduras que, si no, van a escocer mucho y ser objeto de rascaduras que podrían hacer una herida mayor, hasta llegar a infectarse.
No es lo mismo cometer una negligencia que ser acusado de un delito de fraude o prevaricación. Sin duda el gobierno debería estar más preocupado por conservar la escasa credibilidad que le queda, y la deriva emprendida, a mi entender, no le favorece nada.
Jesús Galindo es técnico en gestión turística
