CARTAGENA. Déjenme, antes de comenzar, que recuerde que en 1996, en Barcelona, más concretamente en el hotel Majestic, José María Aznar y Jordi Pujol sellaban un pacto, que se conoció por el nombre del hotel en donde se rubricó. Esta alianza estratégica entre PP y CiU culminó en la posibilidad de gobernar de Aznar, mientras se asumía el hecho diferencial de Catalunya y se elogiaba la contribución del nacionalismo catalán a la gobernabilidad de España. Pues bien, en este 'pacto del Majestic', Pujol conseguía arrancar, entre otros muchos y más interesantes aspectos, la reforma de la ley de puertos, con la que lograba que se transfiriese la gestión de los puertos de interés general a las autonomías, que se encargarían a partir de ese momento de designar al presidente o presidenta de las autoridades portuarias, además de que estableciese la libertad tarifaria para cada puerto. Esta es la respuesta a la pregunta que muchos se hacen del motivo por el que son los presidentes de cada comunidad autónoma, que tiene una autoridad portuaria dependiente de Puertos del Estado -Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana-, los que nombran al máximo representante de dicha APC.
Convertirse en la máxima autoridad del Puerto de Cartagena es una responsabilidad que llega muy bien recompensada en forma de salario. Yolanda Muñoz cobró como sueldo bruto anual 96.175,52 euros el pasado 2022, la mayor remuneración de un cargo institucional. Valga como ejemplo que Fernando López Miras, presidente de la CARM, cobra 75.670 euros y el del delegado de Gobierno, José Vélez, es de 80.058,90 euros.
Pero ¿quién se atreve a cogerle el teléfono a López Miras ahora con este encargo 'envenenado? La salida de Muñoz por la puerta de atrás ha abierto la caja de los truenos en una institución boyante, económicamente hablando, pero lastrada por una trama que debe resolverse en los próximos años y una plantilla dividida, desanimada y desconfiada.
A falta de que la actual presidenta firme su carta de dimisión y ésta se haga efectiva, pueden acontecer dos cosas: elegir nuevo presidente o presidenta, o elevar a un presidente provisional a la figura del actual vicepresidente, Pedro Pablo Hernández.
El presidente de la Comunidad Autónoma, tal y como hemos dicho anteriormente, tiene la potestad de elegir nuevo presidente o presidenta. Pero hay que tener en cuenta que las elecciones a regionales son en mayo, con el consiguiente contratiempo que podría suponer para el elegido esta 'temporalidad' en el cargo, ya que estaría circunscrito a los resultados y futuros pactos. Este cargo no cesa, a pesar de las elecciones, pero sí que tiene demasiados hándicaps, como su corta una vigencia, que conlleva, por tanto, una escasísima capacidad de maniobra. Las decisiones, contratos y negociaciones importantes, quedarían relegados para después de las elecciones.
Pero, además, y quizá el aspecto más decisivo en este asunto, es que en el Puerto existe un proceso judicial abierto por presuntas irregularidades, que se ha llevado por delante a Yolanda Muñoz. ¿Quién se atrevería ahora a coger las riendas de una institución inmersa ahora en un gran problema con presunta prevaricación, tráfico de influencias, etc…? Por último, esa interinidad impide sentar las bases de un plan, a medio y largo plazo, con el que recuperar el crédito perdido ante empresas, clientes, instituciones y ciudadanía. Los grandes contratos quedarán ahora paralizados y el recelo y desconfianza, fruto de la situación, alejarán a los inversores durante un tiempo, mientras amaina el temporal y vuelve a salir el sol.
Por otro lado, en el caso de que López Miras no tome la decisión de nombrar a sucesor de Muñoz, es el cargo de vicepresidente, ahora en manos de Pedro Pablo Hernández, -quien ya ocupó la presidencia en el tiempo en el que Joaquín Segado abandonó el cargo y Yolanda Muñoz fue nombrada en 2019- el que asumiría las funciones propias de presidente. Su cometido sería llevar la gestión corriente: pago de nóminas, facturas, etc…, pero no toma decisiones importantes respecto a inversiones ni a grandes contratos. Al menos así sucedió cuando Pedro Pablo estuvo en 2019, alrededor de 9 meses. Además, hay muchas competencias delegadas en el director del Puerto de Cartagena, Fermín Rol, que también asume parte de la responsabilidad en el manejo de la institución. Habría que preguntar, por otro lado, a Hernández si después de aquella experiencia de hace tres años acogería con agrado volver a ser el sustituto en una institución que necesita un 'plan de choque' transformador.
Opciones hay pocas y posiblemente los candidatos o candidatas no estén muy por la labor de quedarse con esta patata caliente.
