MURCIA. Más de 138 millones de euros no circulan por la economía de la Región de Murcia, sino que se encuentran paralizados, retenidos en cuentas judiciales. Son las llamadas cuentas de consignación, cuyo saldo, cada vez más elevado, pone de manifiesto la realidad que afrontan los jueces y fiscales por la falta de recursos y la carga de trabajo.

Los juzgados murcianos cerraron el pasado año con la segunda cifra más alta de la historia, 138,2 millones de euros, tan sólo superada por los 140 millones de euros registrados durante el tercer trimestre. Se trata de una reducción de apenas dos millones en un año que arrancó con un saldo de 126 millones de euros.

Estos datos pulverizan las cuantías contabilizadas en el verano de 2023, marcado por las sucesivas huelgas de los letrados de la Administración, las personas precisamente encargadas de los ingresos de las cuentas de consignación y también los encargados de expedir las órdenes para efectuar los pagos.

Este dinero inmovilizado no es una cantidad baladí. Son euros que están fuera del circuito de la economía regional. El montante que acaba bloqueado es fruto de la actividad judicial, procedente de las fianzas, las subastas, las multas y las indemnizaciones -entre otros conceptos judiciales- que los ciudadanos tienen que abonar cuando así se lo reclama un juez. Los fondos permanecen bajo custodia en las denominadas cuentas de depósitos y consignaciones.

La tendencia al alza se remonta desde hace más de una década, lo que es un indicador de cómo han aumentado los problemas en la Justicia. En 2010, la cifra se acercaba a los 90 millones de euros. 2018 concluyó en 120 millones. Esto es, hubo una subida del 40% en apenas ocho años. Y 2022 se cerró en 126 millones de euros. El CGPJ incluso llegó a anunciar que el dato ascendía a 162 millones, pero finalmente se corrigió en 135 millones. Ahora, en 2025, son los mencionados 138 millones de euros.

Novena provincia española con más dinero sin uso

Murcia continúa como novena provincia de España con más dinero en sus cuentas de consignación. Madrid encabeza esta tabla nacional, con 1.097 millones bloqueados, seguida de Barcelona, con 532 millones. En total, la Justicia de nuestro país retiene unos 5.384 millones en concepto de fondos inutilizados.

Tanto los magistrados como los fiscales demandan, desde hace mucho tiempo, más medios materiales y humanos para, entre otros objetivos, reducir la disparada cifra de las cuentas de consignación. La parálisis impide que ese dinero pueda fluir y generar riqueza, al quedarse atascado. La alta litigiosidad y el déficit estructural en la planta judicial también influyen, pues acarrean retrasos y demoras en los procesos judiciales.

¿Qué son las cuentas de consignación?

Todos los órganos judiciales de la Región tienen asignada una cuenta, gestionada por una entidad bancaria. El responsable de estos ingresos es el letrado de la Administración, una figura conocida anteriormente como secretario judicial. 

Las cuentas de consignación, que se dan en todas las jurisdicciones, son los depósitos judiciales por garantías, fianzas, cauciones u otros requisitos procesales, así como las incautaciones de moneda, billetes, cheques bancarios y valores realizables de la Policía, Aduanas o cualquier otro funcionario. También incluye cualquier ingreso que se realice por embargo de bienes y las cantidades que se encuentran en las diligencias judiciales.