MURCIA (EFE) El Gobierno de la Región de Murcia interpondrá un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto Ley de Reparto de Menores Migrantes no acompañados, por considerarlo "injusto, indigno y sectario". 

Así lo ha manifestado el portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que ha dado luz verde a la interposición de un recurso contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que el Ejecutivo central modifica la Ley de Extranjería y establece los criterios de reparto entre comunidades autónomas de menores migrantes no acompañados. 

El portavoz del gobierno regional ha explicado que este recurso se sustenta en cuatro ejes principales. "En primer lugar, no se puede regular por decreto ley una materia que afecta a derechos fundamentales, que requieren de una Ley Orgánica, y en segundo lugar, entendemos que este decreto ley invade competencias de las comunidades autónomas en materia de protección de menores", esgrime.

Además, ha afirmado que el recurso también recoge "la imposición de una forma unilateral por parte del Gobierno de España del reparto de esos menores, sin contar con las comunidades autónomas", y, por último, pone de manifiesto que "no existe la financiación necesaria por parte del Gobierno de España para que las autonomías puedan asumir la atención y el cuidado de esos menores".

"Tenemos que recurrir al Tribunal Constitucional porque no nos queda otra vía ante las políticas de imposición del Gobierno de Pedro Sánchez", ha señalado Marcos Ortuño.

El informe jurídico de la Comunidad, explican fuentes del Gobierno, subraya que el Real Decreto-ley impone un modelo de reparto y atención de menores extranjeros no acompañados sin la participación efectiva de las comunidades autónomas, lo que supone una ruptura del principio de lealtad institucional. 

Además, el texto estatal establece condiciones que afectan directamente al régimen competencial autonómico, lo que, según el Gobierno regional, sobrepasa los límites constitucionales del uso del decreto-ley. Por tanto, el recurso también señala que el Gobierno central no justifica suficientemente el uso de esa figura normativa.

Asimismo, la Comunidad también critica que la norma estatal no garantiza la financiación necesaria para afrontar los costes que supone la atención a estos menores, lo que afectaría a la autonomía financiera de la Región de Murcia. Igualmente, se subraya que el modelo anterior contemplaba fondos específicos y un sistema de compensación que ahora queda diluido o condicionado.

Por todo ello, el Ejecutivo regional considera que el Real Decreto-ley 2/2025 constituye una injerencia injustificada en competencias propias y que perjudica al equilibrio territorial del Estado. Con esta acción jurídica, el Gobierno regional reitera su compromiso con una gestión de las situaciones migratorias basada en la colaboración entre administraciones y no en la imposición.