MADRID (EFE). La ex directora del Instituto de Turismo de la Región de Murcia Mariola Martínez Robles investigada en el marco de la rama murciana de la “operación Púnica”, ha descartado este lunes en el juicio que ella tuviera ninguna responsabilidad en los trabajos que su departamento contrató con las empresas de la trama, que fueron impulsados por los técnicos en base a las necesidades reales del instituto.

Martínez Robles ha sido la primera de los nueve investigados en este juicio, que se celebra en la Audiencia Nacional, y en el que se investiga si el empresario Alejandro de Pedro, considerado cabecilla de esta rama murciana, promovió en 2014 servicios de mejora de la reputación online del entonces consejero de Industria y Turismo, Juan Carlos Ruiz, que se habrían pagado a través de un concurso fraudulento con el Instituto de Turismo, dependiente de esa consejería.

Además del empresario, el ex consejero y la ex directora del Instituto de Turismo, están investigados en esta pieza el entonces jefe de Gabinete de la Consejería, José Fidel Saura; el que fuera secretario general de la misma, Jesús Norberto Galindo; el empresario, exalcalde de Cartagena y socio de De Pedro José Antonio Alonso Conesa y su hermano y también empresario Agustín Alonso Conesa, así como a los trabajadores de Eico Sara Gargallo y Javier Bueno.

"No llegué a conocer a todos los trabajadores"

En su breve declaración, en la que solo ha respondido a las preguntas de su abogado, Martínez Robles ha relatado que asumió la dirección del Instituto de Turismo en abril del 2014, solo medio año antes de que estallara la operación policial, con el verano de por medio, por lo que ni siquiera llegó a conocer a todos sus trabajadores.

Por ese motivo, cuando el empresario De Pedro ofreció sus servicios para mejorar la promoción turística de la Región, dejó las decisiones en manos de los técnicos, que fueron quienes propusieron centrar esa promoción en los deportes náuticos en el mercado británico.

De Pedro, ha señalado, hizo una “oferta amplia” de servicios, que se fue rebajando en futón de las necesidades detectadas por los funcionarios del organismo, motivo por el cual se rebajó el precio, desde los 47.000 euros que presupuestaba la oferta inicial de De Pedro, a los 24.000 por los que fue adjudicado el trabajo.

La ex directora ha negado que diera ningún tipo de instrucción sobre el contrato y su adjudicación, y tampoco sobre el informe de necesidad, que elaboró un funcionario que ya declaró en este procedimiento como testigo, ofreciendo la misma versión.

Además, ha señalado que se trataba de un contrato menor, poco trascendente por su volumen económico en un organismo que manejaba un presupuesto anual en torno a los 5 millones de euros.

Afirma que el alcalde Contreras no necesitaba mejorar reputación

Con respecto a las negociaciones con las empresas de la trama para abrir también un diario digital en Molina de Segura, donde ella misma fue concejala durante más de una década, ha señalado que el municipio es el tercero por población en la comunidad autónoma y estaba justificada su promoción, y ha negado que el entonces alcalde, Eduardo Contreras, necesitara mejorar su reputación, puesto que llevaba ya dos décadas gobernando el municipio con holgadas mayorías.

En la sesión de hoy ha declarado también el empresario Alejandro de Pedro, que ha señalado, contestando solo a su abogado, que sus empresas solo impulsaron trabajos para promocionar el turismo en la comunidad autónoma, similares a los que ya habían desarrollado con éxito en otras zonas y, por tanto, sin relación con la reputación del entonces consejero.

Declaración de José Antonio Conesa

Por su parte, el también empresario José Antonio Conesa, ha indicado a su abogado que trabajaba para De Pedro como “consultor externo” y lo puso en contacto con el entonces jefe de Gabinete de la consejería de Turismo, José Fidel Saura, con quien tenía una buena relación personal, y pensando en el beneficio de ese departamento.

Su hermano, Agustín Alonso Conesa, ha indicado, igualmente solo en respuesta a su abogado, que De Pedro le comentó que iba a concurrir a un concurso para la promoción turística de la región en un procedimiento negociado sin publicidad, por lo que le preguntaba por posibles empresas interesadas en ser invitadas a ese negociado.

El empresario le remitió a la empresa Duravit, de otro de sus hermanos, Eduardo Alonso Conesa, que no está investigado en este proceso, y que fue una de las compañías que se presentó a la licitación.

La declaración más larga ha sido la del trabajador de Alejandro de Pedro Javier Bueno, que sí ha respondido a las preguntas de la fiscalía, a quien ha explicado que acudió a diversas reuniones en el Instituto de Turismo como director comercial, si bien el cargo no se correspondía con su formación, y ha insistido en que trabajaba siempre siguiendo órdenes del empresario.

Por último, ha declarado la también trabajadora investigada Sara Gargallo, en una escuetísima comparecencia en la que solo ha reconocido haber “colaborado” en la elaboración de propuestas de servicios de las empresas, sin llegar a mantener nunca reuniones en Murcia.

Está previsto que mañana comparezcan ante la Audiencia Nacional el resto de los acusados: el ex consejero Juan Carlos Ruiz; su entonces jefe de Gabinete, José Fidel Saura, y el que fuera secretario general de la Consejería, Jesús Norberto Galindo.

Serán las últimas comparecencias, ya que los testigos pasaron previamente ante el tribunal, que ha escuchado a casi una veintena de ellos, por lo que la intención manifestada por la sala es que el caso quede visto para sentencia esta misma semana.