CARTAGENA (EUROPA PRESS). La Asamblea Regional ha vivido un pleno cargado de mociones que ha dejado desde la unidad en asuntos como Sabic y los planes de accesibilidad hasta la división en cuestiones como Mercosur.

En primer lugar, el Parlamento ha aprobado por unanimidad una moción del Grupo Mixto para impulsar la aprobación de planes municipales de accesibilidad y un Plan Regional de Accesibilidad, con el objetivo de acelerar el desarrollo efectivo de la ley autonómica en esta materia.

La iniciativa la ha defendido el diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos (Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde), quien ha planteado establecer prioridades y concretar plazos para que tanto el Gobierno regional como los ayuntamientos hayan avanzado en la planificación de la accesibilidad.

Álvarez-Castellanos ha subrayado que los planes han sido necesarios para ordenar actuaciones y optimizar recursos, y ha propuesto acotar el plazo a un año para que el Ejecutivo regional haya presentado el Plan Regional, planteando una transacción que haya permitido "pedir cuentas" antes de que finalice la legislatura.

Durante el debate, la diputada de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrada en el Grupo Mixto, María Marín, ha criticado los retrasos acumulados en el desarrollo normativo y ha apelado a los diputados a "ponerse en el lugar" de las personas con problemas de accesibilidad. Marín ha recordado que la ley se ha aprobado en 2017 y ha señalado ejemplos concretos de dificultades en el transporte y en edificios públicos, incluido el propio hemiciclo.

Por parte del PSOE, la diputada Toñi Abenza ha defendido la necesidad de adelantar los plazos y ha denunciado "ocho años de retraso" en el desarrollo de la ley. Abenza ha afirmado que la accesibilidad "no ha sido un lujo" sino una obligación institucional, y ha reclamado que el Plan Regional y los planes municipales se hayan aprobado antes de que finalice el año o, como máximo, en un año.

Desde Vox, Pascual Salvador ha apoyado la moción y ha criticado los retrasos en la tramitación del reglamento, señalando que sin el plan los ayuntamientos no han podido actuar con eficacia.

Por parte del PP, Sonia Ruiz ha defendido que hablar de accesibilidad ha sido hablar de "derechos, autonomía y dignidad", aunque ha pedido tener en cuenta la capacidad técnica y económica de los municipios más pequeños.

Reclaman la puesta en marcha del CIAR de Águilas

El Pleno también ha aprobado por unanimidad la moción del PSOE para reclamar la puesta en marcha del Centro Integral de Alta Resolución (CIAR) de Águilas. El socialista Juan Andrés Torres ha anunciado que su grupo ha aceptado enmiendas de otros grupos para completar la parte resolutiva y ha defendido que el centro se haya abierto "con el cien por cien de los servicios".

La diputada de Vox María Eugenia Sánchez ha apoyado la iniciativa y ha calificado de "indignante" que el centro haya estado construido y haya permanecido cerrado, reclamando que se haya fijado un límite temporal concreto para su apertura.

Desde el Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos también ha respaldado la moción y ha criticado la planificación sanitaria del Ejecutivo regional.

La diputada del PP Mari Carmen Ruiz ha defendido que el CIAR "ha sido una realidad" al estar construido y ha señalado que se ha encontrado en fase de equipamiento y dotación tecnológica antes de su apertura.

Zona franca en Cartagena

El Pleno también ha dado luz verde a una moción de Vox para crear una zona franca en Cartagena, aunque ha contado con la oposición de Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde y la del PSOE en una de las partes de la iniciativa. El diputado de Vox Rubén Martínez ha defendido que la creación de la zona franca ha supuesto "una iniciativa de alto valor estratégico" para la Región, al permitir ventajas fiscales y simplificación aduanera, además de consolidar un polo logístico-industrial vinculado al puerto de Cartagena.

Desde el Grupo Parlamentario Popular, el diputado Santiago López ha respaldado la iniciativa, aunque ha defendido la necesidad de enmarcarla dentro de una planificación industrial más amplia. López ha subrayado que la zona franca no ha debido entenderse como un fin en sí mismo, sino como una herramienta integrada en el plan industrial regional y vinculada al desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y a la mejora de las infraestructuras ferroviarias.

Por parte del PSOE, la diputada Carmina Fernández ha señalado que ellos votarían favorablemente a la primera parte de la moción, al considerar que Cartagena ha necesitado instrumentos para ganar competitividad y atraer inversión. No obstante, el Grupo Socialista ha votado en contra de la segunda parte al reclamar mayor planificación, presupuesto y concreción en las actuaciones.

El diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos ha votado en contra de la iniciativa y ha pedido un estudio de viabilidad riguroso, defendiendo que antes de solicitar una zona franca se haya impulsado de forma efectiva el desarrollo de la ZAL de Cartagena y otras infraestructuras ya previstas.

A tortas con Mercosur

En el mismo Pleno, la Asamblea ha rechazado la moción de Vox sobre el rechazo al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur. La iniciativa solo ha obtenido los votos a favor de Vox, mientras el resto de grupos han votado en contra. También se han rechazado la enmienda de totalidad del PSOE y las enmiendas de totalidad del PP y del Grupo Mixto.

El diputado de Vox Antonio Martínez ha defendido que el acuerdo ha supuesto "una declaración de guerra" contra el sector primario y ha acusado a PSOE y PP de no haber defendido a agricultores y ganaderos. Martínez ha cuestionado la eficacia de las cláusulas de salvaguarda aprobadas en el ámbito europeo, al considerar que no han sido automáticas y han dependido de procedimientos administrativos complejos.

Desde el PSOE, Fernando Moreno ha explicado el voto en contra de su grupo y ha afirmado que Vox ha utilizado el debate con "desinformación", al tiempo que ha criticado la posición del PP sobre el acuerdo.

El diputado del PP Jesús Cano ha asegurado que su grupo "no ha apoyado ningún acuerdo comercial que no haya protegido" al sector primario y ha defendido la implantación de cláusulas de salvaguardia y controles reforzados en frontera.

Por su parte, la diputada de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrada en el Grupo Mixto, María Marín, ha afirmado que su grupo ha registrado previamente una moción similar y ha acusado a Vox de "copiar" la iniciativa. Además, ha reprochado que la propuesta de Vox no haya incluido la reprobación de eurodiputados murcianos que han votado a favor del acuerdo ni la petición al Gobierno de España de rechazar su aplicación provisional.

El PP retira su moción para reclamar la reapertura de la línea por Cieza y Hellín

Durante la sesión el PP ha retirado su moción para reclamar al Gobierno de la Nación la reapertura al tráfico de pasajeros de la línea Cartagena-Murcia-Albacete por Cieza y Hellín.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha justificado la retirada denunciando que el cierre del servicio en febrero de 2022 se ha encadenado con sucesivas promesas de reapertura, primero para finales de 2023, después para 2024 y más tarde para 2025, y ha asegurado que "en 2026" la línea ha seguido sin trenes de viajeros.

También ha cargado contra el Ejecutivo central por los retrasos en infraestructuras ferroviarias en la Región y ha advertido de que, si a final de 2026 no se ha reabierto y completado la electrificación y modernización tal como, según ha dicho, se ha comprometido el secretario general del PSRM, Francisco Lucas, éste "deberá asumir su responsabilidad política y dimitir".

El parlamentario popular ha añadido que, tras retirar la moción, ha anunciado que ha presentado un texto alternativo para tramitarlo como declaración institucional y ha recalcado que su grupo ha mantenido la exigencia de una reapertura "inmediata", junto con la electrificación total y un servicio "de primera categoría".