La Asociación de Viviendas Turísticas de la Región de Murcia (ALOJA) ha emitido un contundente comunicado rechazando la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista que busca aplicar un IVA del 21% al alquiler de corta duración (menos de 30 noches) en municipios de más de 10.000 habitantes. La medida, registrada en el Congreso bajo el título “Para Impulsar el Alquiler de Viviendas a Precios Asequibles”, ha desatado una ola de críticas en el sector turístico, que la califica de “populista, desproporcionada y técnicamente inviable”.

La iniciativa modificaría la Ley del IVA para equiparar fiscalmente a las viviendas turísticas con los servicios hoteleros, aunque sin exigirles cumplir los mismos requisitos legales. Bajo esta reforma, tributarían al 21%:

Viviendas de Uso Turístico (VUT).

Apartamentos y casas particulares alquilados por plataformas como Airbnb o Booking.

Cualquier alojamiento que se rente por estancias breves, incluso si no está registrado como turístico.

“No se trata de regular, sino de criminalizar un modelo legal y profesional que da trabajo a miles de familias”, denuncia ALOJA en su comunicado.

Argumentos en contra: empleo, turismo y desigualdad

ALOJA, respaldada por asociaciones de toda España, esgrime cuatro críticas principales:

Asfixia económica: El IVA del 21% sería “inviable” para pequeños propietarios, que ya afrontan costes de mantenimiento, licencias y servicios complementarios (limpieza, gestión, etc.).

Desventaja competitiva: Mientras el sector hotelero mantiene un IVA reducido del 10%, las viviendas turísticas quedarían en una posición “injusta e insostenible”.

Impacto laboral: Según la asociación, la medida amenaza a miles de empleos indirectos (logística, tecnología, recepción) y a pymes locales vinculadas al turismo.

Falsa solución a la vivienda: “Subir impuestos no crea vivienda asequible. Se necesitan políticas estructurales, como más parque público o incentivos a la construcción”, recalcan.

ALOJA no está sola. Su rechazo se suma al de FEVITUR (Federación Española de Viviendas Turísticas) y decenas de asociaciones regionales, entre ellas:

APARTUR (Cataluña).

VIUTUR (Comunidad Valenciana).

AVVAPro (Andalucía).

ASCAV (Canarias).

Asotur (Madrid).

Todas coinciden en que la propuesta “destruye un ecosistema turístico que aporta diversidad alojativa, desarrollo local y 2,7 millones de empleos en España”.

La asociación de la Región reclama:

Retirada inmediata de la proposición de ley y un diálogo sectorial: “Exigimos mesas de trabajo basadas en datos, no en estereotipos”, subrayan. Además, piden políticas reales para la vivienda: Incentivos fiscales a propietarios que destinen inmuebles a alquiler social, agilización de licencias y ampliación del parque público.

La polémica llega en un momento de máxima tensión entre el sector turístico y las administraciones. Mientras ciudades como Barcelona o Palma limitan las licencias VUT, la Comunidad Valenciana y Murcia defienden su papel como “motor económico”. Solo en la Región de Murcia, el alquiler turístico genera 120 millones anuales y da trabajo a 4.000 personas, según datos de ALOJA.

El sector advierte de movilizaciones si la proposición avanza. Mientras, el Gobierno socialista insiste en que la medida “equilibra el mercado y frena la turistificación”. Una batalla que, hoy por hoy, no tiene visos de apaciguarse.