VALÈNCIA. Que los fondos extranjeros desembarquen en España para invertir en nuestras startups parece, a priori, motivo de celebración. Significa que los proyectos que ponen en marcha los emprendedores españoles son buenos y con potencial de crecimiento y desarrollo global. De aquí que los distintos ecosistemas nacionales se congratulen en una especie de competición por ver cuál de ellos es el que atrae a más inversores foráneos.

Más de 2.000 inversores de todo el mundo, cuya cartera de inversión supera los 500.000 millones de dólares -174.000 millones más que el año pasado-, son las cifras que esgrimía la organización en la última edición de South Summit Madrid. Por su parte, antes declaraba en otro medio de comunicación Pere Durán, director de 4YFN, espacio dedicado a las startups dentro del Mobile World Congress: “Hace diez años las startups españolas iban a EEUU a buscar capital, ahora los inversores vienen a Barcelona”.

Las 'stock options'

También se supone que uno de los objetivos prioritarios de la Ley de Statups era “atraer talento y capital internacional para el desarrollo del ecosistema español de empresas emergentes”. Para tal fin se agilizaron trámites y se establecieron una serie de ventajas fiscales, no muchas, como la mejora del tratamiento fiscal de las stock options (opciones sobre acciones) usadas para retribuir a los trabajadores de la startup.

Citamos el tema de las stock options porque es un asunto que sigue incomodando, y mucho, a los inversores. “El tratamiento de las stock options falla estrepitosamente al obligar al beneficiario a tributar por ellas pasados 10 años desde su otorgamiento. Aunque el empleado no haya recibido ningún beneficio y la startup haya terminado cerrando”, declara Álvaro Callejo, venture partner de Demium Capital.