Los hechos no son solo trágicos, son execrables, vituperables y caben todos los calificativos que cada uno quiera utilizar. La controversia viene por la exigencia de reparación y los términos que, en su nombre, pretendemos desarrollar.

El pasado mes de marzo, la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la declaración 80/250 sobre la Calificación de la Trata de Africanos Esclavizados y la Esclavitud Racializada de Africanos como el Crimen de Lesa Humanidad más Grave.

Que sean hechos de sobra conocidos no implica que hayamos querido no removerlos mucho. Ya sea por impresión, vergüenza o pragmatismo, el mundo occidental, verdadero responsable de este crimen durante más de 400 años, ha ido a rebufo en la declaración de la trascendencia, magnitud y criminalidad que ha supuesto la trata a gran escala de africanos esclavizados, convertidos en mercancía y transportados por la fuerza. Afectó a millones de hombres, mujeres y niños, lo que constituyó la mayor migración forzosa de la historia y uno de los sistemas de explotación humana masiva organizada más prolongados de los que se tienen registros. Además, millones de africanos más perdieron la vida durante su captura, detención y trata a través de los océanos.

No trato de plasmar una competición a ver qué país fue más cruel y responsable de estas atrocidades. Tratar de verlo en su contexto temporal (no con los ojos de hoy) no está reñido con plantear el asunto cuando lo hemos hecho (que es en la actualidad). La esclavitud ha existido desde años inmemoriales, en todos los lugares del mundo y las atrocidades han sido inimaginables. Pero esta resolución fue presentada por Ghana, en representación de la Unión Africana y la Comunidad del Caribe y circunscribe la visión de forma más concreta. Y es cierto que durante siglos, las potencias coloniales europeas (y más tarde las naciones surgidas de ellas) tuvieron la costumbre de traficar con seres humanos como esclavos desde África a múltiples lugares, sin aparentemente caer en un conflicto moral. 

No trato de plasmar una competición a ver qué país fue más cruel y responsable de estas atrocidades. Tratar de verlo en su contexto temporal (no con los ojos de hoy) no está reñido con plantear el asunto cuando lo hemos hecho (que es en la actualidad). La esclavitud ha existido desde años inmemoriales, en todos los lugares del mundo y las atrocidades han sido inimaginables.

España no fue ninguna excepción. No tenía la presencia en África como para organizar la captura y embarque, pero sí amplios territorios en ultramar donde “darles uso”. Se puede destacar en positivo las relaciones que estableció la Corona Española con los aborígenes de las tierras conquistadas, pero nunca determinó un trato jurídico medianamente justo a esclavos traídos allende los mares. De hecho, el buen trato jurídico a los locales requería mayor número de esclavos sometidos. Los “Asientos de Negros” fue una práctica habitual por la que contrataba a países terceros (al principio portugueses principalmente que eran los que se establecieron en las costas africanas, pero en siglos XVII y XVIII también con holandeses e ingleses) el monopolio de traslado de africanos a América como “mercancía sujeta a tributación”. Y es que la legislación de varios países europeos los calificaba de “bienes muebles” desprovistos de derechos. Contamos hasta con bulas papales del siglo XV a los reyes portugueses para esclavizar infieles.

Todo esto no sirve para escandalizarnos. Solo para explicar un contexto en que ocurre. No podemos decir que esto fueron “casos aislados” de “personas actuando por su cuenta” (como algún dirigente español actual menciona de cargos de confianza envueltos en asuntos turbios…) Fue global, organizado, amparado legalmente y sin dramas morales.

¿La declaración como “crimen de lesa humanidad más grave” es demasiado categórico? A bote pronto, no se me ocurre alguno peor. Por número de afectados, por la amalgama de vejaciones sufridas, por el tiempo trascurrido, por la organización estatal y su carácter sistémico, por los millones de muertos en este ejercicio, por las grandes consecuencias de discriminación y subdesarrollo tanto en africanos como en afrodescendientes que perduran incluso actualmente. Sí. Con certeza, un crimen grave, muy grave, de lesa humanidad.

A partir de este punto, se impone una cuestión inevitable: ¿y ahora qué? ¿Cómo resolver esta resolución a la luz de una declaración de tal contundencia? Es entonces cuando el debate adquiere una complejidad mayor y se vuelve más arduo de articular y asumir.

Asumible y deseable es la reparación “moral” mediante solemnes disculpas plenas y formales, la restitución inmediata y sin coste de todos los bienes expoliados con valor patrimonial, espiritual, histórico y cultural, asumir los gastos de la difusión de la memoria de este crimen y de la lucha contra el racismo, … Pero ¿y la indemnización y la justicia reparadora del desarrollo de los pueblos afectados? ¿De quién, cuánto y a quién?

Todo esto no sirve para escandalizarnos. Solo para explicar un contexto en que ocurre. No podemos decir que esto fueron “casos aislados” de “personas actuando por su cuenta” (como algún dirigente español actual menciona de cargos de confianza envueltos en asuntos turbios…) Fue global, organizado, amparado legalmente y sin dramas morales.

No asumo el argumento de la prescripción, pero no parece que implique consecuencias jurídicas precisas o concretamente exigibles. La complejidad de determinar quién debe hacerse cargo, cuál es el alcance de la medida, cuántos países y qué ciudadanos de cada país son susceptibles de tener este derecho de reparación, cómo implementar y cuánto hay que poner no hace fácil determinar acciones. Y eso que esta resolución ha rebajado expectativas reparadoras de declaraciones en las que se basa, como la Proclamación de Abuja de 1993, el Plan de la CARICOM en 2014 o la Proclamación de Accra de 2023.

Y si todo eso lo lográramos, la heterogeneidad de los gobiernos africanos, algunos con poderes ilegítimos, otros corruptos, otros en guerra, otros directamente inexistentes hace muy difícil la implementación. Otra opción es hacerlo los países occidentales al margen de los gobiernos y fiscalizándolo personalmente. Lo cual nos lleva otra vez a la figura colonialista que todos detestamos.

No es de extrañar el resultado de la votación de la resolución en la Asamblea: ampliamente apoyada por 123 votos, contó con solo 3 votos en contra: los representantes de las democracias antisistema (que, como las meigas, haberlas hay las); Estados Unidos, Israel y Argentina. Y lo significativo fue la abstención de 52 países donde se encuentran todos los europeos. Y es que en lo simbólico (o folclórico) nos apuntamos enseguida. En reparaciones que nos afecta, nos lo pensamos un poco más…