La semana pasada se anunciaba en Cartagena la activación del mecanismo democrático y constitucional de la moción de censura contra el gobierno de la alcaldesa Noelia Arroyo. Tener que comenzar advirtiendo de la legalidad de esta figura da una idea de la falta de madurez de nuestra aún joven democracia, que observa con cierta alarma el juego de las mayorías representativas, donde no gobierna necesariamente la lista más votada, sino aquella que logra reunir más apoyos.

No ha sentado nada bien este movimiento, como era lógico y previsible, en el seno del partido que hasta ahora ostenta la Alcaldía. Desde entonces se ha desencadenado un intenso ruido mediático y partidista que ha dejado en un segundo plano las razones de fondo que motivan esta iniciativa: la sensación generalizada de abandono y colapso que presenta la ciudad.

Esa percepción ha llevado a que MC, PSOE, Sí Cartagena y los dos exconcejales de Vox hayan decidido, a falta de un año para las próximas elecciones municipales, presentar una moción de censura para poner fin a un gobierno que ya había perdido la mayoría en el Pleno del Ayuntamiento y, por tanto, la tan invocada estabilidad de la que ha hecho bandera la alcaldesa durante los últimos tres años.

Lo que resulta sorprendente son los argumentos de quienes consideran esta moción una traición a la ciudadanía. Parecen olvidar que en 2019 tampoco se permitió gobernar a la lista más votada, que fue MC Cartagena. Entonces se articuló un gobierno de coalición entre el PSOE y el ya desaparecido Ciudadanos. Aquello no fue considerado una traición; se presentó como un ejercicio de estabilidad institucional.

Se percibe poca autocrítica por parte de quienes han ostentado el poder durante décadas y que ahora temen perder una posición de influencia consolidada. Mirar hacia otro lado y no reconocer las carencias estructurales de la ciudad, de las que son responsables por acción o por omisión, es precisamente lo que ha conducido a la situación actual.

La realidad, por desgracia para los cartageneros, es la de una ciudad donde los titulares han prevalecido sobre los hechos. Una ciudad de proyectos anunciados una y otra vez, pero que no terminan de ejecutarse. Una Cartagena sin futuro claro para muchos jóvenes, sin infraestructuras suficientes, sin conexiones ferroviarias adecuadas y sin la llegada efectiva del Corredor Mediterráneo.

En definitiva, una ciudad cada vez más empequeñecida y convertida en una sucursal administrada por perfiles políticos que parecen más preocupados por perpetuarse en el poder que por defender los intereses de la ciudad a la que representan.

Hablan con escaso sonrojo de la llamada “Gran Cartagena”, un mantra repetido hasta la saciedad que, sin embargo, pocos ciudadanos son capaces de identificar en actuaciones concretas que hayan supuesto una mejora real para el municipio. Del mismo modo, insisten en que esta moción de censura paralizará “la segunda gran transformación de la ciudad”, aunque cuesta encontrar ejemplos visibles de esa transformación en marcha y como si Cartagena no llevase años sufriendo una preocupante parálisis.

Se percibe poca autocrítica por parte de quienes han ostentado el poder durante décadas y que ahora temen perder una posición de influencia consolidada. Mirar hacia otro lado y no reconocer las carencias estructurales de la ciudad, de las que son responsables por acción o por omisión, es precisamente lo que ha conducido a la situación actual.

Quizá convendría que explicaran también el tibio papel reivindicativo desempeñado frente al Gobierno regional durante las dos últimas legislaturas. El proyecto Caetra se ha convertido para muchos cartageneros en el ejemplo más reciente de una larga lista de agravios y promesas incumplidas hacia la comarca. Ese servilismo institucional es una de las cuestiones que más desafección genera entre la ciudadanía.

Cartagena es una ciudad con una fuerte identidad propia y muchos vecinos sienten que no han encontrado el respaldo esperado en su equipo de gobierno. Se ha permitido, entre otras cosas, que existan ciudadanos de segunda categoría en barrios y diputaciones que continúan esperando inversiones, servicios e infraestructuras básicas.

Existe una Cartagena muy distinta a la que dibujan los discursos oficiales. Una Cartagena reivindicativa, inconformista y luchadora que aspira a un futuro mejor y que considera que la situación actual no responde a las posibilidades reales de la ciudad.

Existe una Cartagena muy distinta a la que dibujan los discursos oficiales. Una Cartagena reivindicativa, inconformista y luchadora que aspira a un futuro mejor y que considera que la situación actual no responde a las posibilidades reales de la ciudad.

No es sencilla la tarea que afrontaría el alcaldable Jesús Giménez Gallo. En apenas un año se jugaría probablemente buena parte de su futuro político frente a todo un entramado institucional consolidado. Sin embargo, tiene pleno derecho a intentarlo.

No. Noelia Arroyo no es Cartagena, por mucho que algunos hayan repetido estos días ese mensaje en un ejercicio de confusión poco compatible con una democracia madura. Cartagena son sus vecinos, y esos vecinos tienen derecho a exigir un presente digno y un futuro más próspero para su ciudad.