Circula desde hace años un bulo acerca de que los inspectores de Hacienda cobran una comisión por cada acta que levantan. Es falso, y lo digo sin rodeos. No hay porcentaje sobre la deuda descubierta, ni pellizco adicional por sanción, ni una caja que se nutra de lo que recauda cada oficina de la AEAT. El actuario tampoco elige a quién investiga, los expedientes le vienen asignados.
Pero desmentir el bulo cierra el asunto solo a medias, y es en la otra mitad donde quiero detenerme. Debajo de la caricatura de los cometarios en redes sociales, hay otras realidad, y esa sí merece debate.
El variable de la Inspección se llama "complemento de productividad baremada". Es público desde 2022, cuando la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ganó en los tribunales el pleito para que la AEAT transparentara sus criterios de reparto.
Se divide en dos bloques. El primero, hasta el 70%, lo asigna la jefatura valorando de forma genérica el desempeño y la iniciativa del funcionario. El problema está en el segundo bloque, ese 30% largo que se distribuye según el baremo de Inspección. Y entre sus variables figuran, con todas las letras, las bases imponibles ocultas y el importe regularizado.
No es una comisión. Pero es la cifra aflorada convertida en puntos, y los puntos en euros. Lo ha resumido mejor que nadie el presidente de la AEDAF. Sería como pagar a los jueces un plus por cada sentencia condenatoria. Tendrían, sin buscarlo, un motivo para condenar.
Hay un segundo rasgo que juzgo aún más difícil de defender. El sistema es ciego al desenlace. El variable se calcula sobre lo regularizado y no se corrige si después esa regularización se anula o se rebaja, ni en vía administrativa ni en los tribunales. El 'caso Shakira' lo ha vuelto público: la Audiencia Nacional absuelve, el Estado devuelve sesenta millones de euros con intereses y costas, y el variable que aquel expediente ayudó a generar sigue donde estaba. Se paga por el resultado, pero no se revisa cuando el resultado se demuestra equivocado.
Para saber si esto es lo normal o la excepción, hay que mirar fuera. Y el espejo más elocuente es el americano.
En Estados Unidos, lo que la AEAT premia, el IRS lo tiene prohibido por ley. La Restructuring and Reform Act de 1998 veta usar cualquier registro de resultados recaudatorios (dólares liquidados, embargos o referencias por fraude) para evaluar a los empleados o fijarles metas de producción. Y obliga a lo contrario. El estándar de desempeño es el trato justo y equitativo al contribuyente. Un jefe no puede ni siquiera elogiar a un agente por el importe medio que arranca por caso, porque se entiende que le sugiere un objetivo. Un órgano independiente audita cada año que la regla se respete. La razón que dejó escrita el legislador estadounidense es la misma sospecha que la AEDAF vierte sobre el modelo español: medir por recaudación transmite que los derechos del contribuyente van después de la caja obtenida.
No es una rareza aislada. Los sistemas que pagan un porcentaje de lo recaudado son, en la comparativa internacional, una práctica que rara vez se encuentra. En Francia, los inspectores de la DGFiP trabajan en brigadas, con salario de cuerpo y sin un variable individual atado a lo regularizado. La anomalía española no es tener retribución variable, que la tienen muchas administraciones, sino haber metido la cifra aflorada en el baremo y no descontarla cuando los tribunales dan la razón al ciudadano.
El cuerpo inspector tendrá réplicas. Dirá que el grueso del complemento no depende de resultados y que el peso de lo cuantitativo sobre su retribución es pequeño (la propia Agencia lo cifra en torno al 1,4%). Dirá que él solo propone, el acta es una propuesta, no una liquidación, la valida una oficina técnica y la firma el Inspector Jefe, de modo que quien se beneficia del baremo no tiene la última palabra sobre lo que aflora. Y añadirá otro dato para sus críticos: el resultado del baremo está topado a un máximo, precisamente para que una liquidación extraordinaria no dispare los bonus. Son objeciones que hay que considerar.
Y aun así, ninguna me convence del todo. La magnitud es discutible y opaca, y el propio informe que ha reabierto la polémica reprocha que ese 1,4% no venga acompañado de un solo ejemplo ni de un desglose. La oficina técnica es de la misma casa, vive del mismo ecosistema de productividad. Es un control interno, no independiente. Y el tope limita el extremo, pero no borra la dirección. Hasta ese techo, cuanto más se aflora, más se puntúa. Los únicos que revierten de verdad, el TEAC y, después, los tribunales, llegan más tarde y desde fuera, y ante esa reversión el variable no se mueve. Como además el reparto es competitivo y de suma cero, lo que un funcionario cobra de más lo pierde necesariamente otro. Insisto en esto porque me parece la clave. El sesgo no vive en la codicia de nadie. Vive en el propio sistema.
Lo llamativo, y lo que me lleva a escribir esto, es que la salida está a la vista. La propia AEDAF no pide solo suprimir, propone rediseñar incentivos ligados a la reducción de la litigiosidad, a la relación cooperativa, a la innovación en la detección del fraude y al respeto de los criterios de los tribunales. No pido que se persiga menos el fraude; pido lo contrario, y que se haga bien.
Hay un detalle revelador. Cuando la Asociación de Inspectores sale a responder, defiende a las personas (el rigor de su oposición, su objetividad y su profesionalidad) pero no el mérito de que el importe regularizado puntúe. Quien mejor conoce el sistema no lo justifica; pide respeto. Y el respeto se lo concedo entero. Es al diseño, no al inspector, a quien señalo.
El reparo, en el fondo, no es cuánto se paga, sino qué se mide y qué se hace cuando lo medido se demuestra falso. Que piense que el importe descubierto no debería puntuar no significa que crea que el inspector cobre a comisión. Significa que el diseño invita a una sospecha que sería trivial evitar. Y en la Administración tributaria rige, más que en ningún otro oficio, aquella vieja advertencia: la mujer del César no solo debe ser honrada, sino también parecerlo.
