No hace tanto, pagar un café con un billete era un gesto cotidiano y anónimo. En un futuro próximo, ese mismo café podría pagarse no solo con las tarjetas habituales sino también con un euro digital, de forma instantánea, pero a su vez dejando un rastro digital. La inminente llegada del euro digital —una versión electrónica de nuestro dinero, respaldada por el Banco Central Europeo (BCE)— promete transformar cómo pagamos, ahorramos y realizamos transacciones. Es un salto comparable a la introducción del euro físico. Ahora bien, la digitalización del dinero plantea una cuestión de fondo, en principo ni positivo ni negativo per se, pero si opinable. Si cada transacción se convierte en un dato trazable, ¿qué pasa con nuestra privacidad?; el BCE responde que “el dinero debe evolucionar con la tecnología” y concibe el euro digital precisamente para acompañar esa evolución. En un contexto en el que los pagos electrónicos ya dominan el consumo, el banco central quiere asegurar que los europeos sigamos teniendo acceso a un dinero público, seguro y universal, sin depender por completo de plataformas privadas.
La iniciativa se articularía mediante una cartera digital –un monedero electrónico gestionado por bancos o intermediarios autorizados– donde cada usuario almacenaría sus euros digitales. Pagar con euro digital sería similar a utilizar una tarjeta o aplicación móvil, con la diferencia de contar con el respaldo directo del banco central. Tras años previos de estudios y pruebas piloto, el proyecto está en fase preparatoria. Existe ya un proyecto de reglamento europeo y se espera que a finales de 2025 el BCE decida si emite el euro digital. De lanzarse, su implantación sería gradual en los años siguientes.
Sus defensores destacan que el euro digital garantizará un medio de pago seguro y gratuito para todos, mejorando la inclusión financiera, y que permitirá pagos instantáneos 24/7, incluso offline y sin comisiones, replicando la facilidad del efectivo en formato digital. Además, reforzaría la soberanía europea en los pagos al reducir la dependencia de redes extranjeras. Por último, al estar respaldado por el BCE, sería tan seguro como el efectivo.
Las autoridades insisten en que no habrá un Gran Hermano financiero; aseguran que el BCE no accederá a datos personales y que el euro digital no pretende eliminar el efectivo, sino complementarlo"
Pero también hay ciertos puntos de debate. Uno es el impacto en la banca, si muchos ciudadanos trasladan sus ahorros al monedero digital del BCE en lugar de depositarlos en bancos, las entidades podrían perder fondos. Para evitar esa fuga, se plantea limitar la cantidad de euros digitales que cada persona pueda tener (por ejemplo, unos pocos miles de euros) y no remunerar esos saldos, de modo que se use solo como monedero de pagos diarios y no como cuenta de ahorros. Tampoco es menor el desafío tecnológico, implementar el euro digital exigirá fuertes inversiones en plataformas seguras y ciberseguridad, con un coste significativo para las arcas públicas. Cabría por tanto preguntarse si el beneficio neto justificaría esos gastos, considerando que ya existen alternativas privadas eficientes para pagos digitales. Con todo, para mí el punto más sensible es la privacidad y la libertad individual.
El efectivo aporta anonimato (nadie sabe en qué gastamos un billete), pero con un euro digital cada transacción dejará huella. El BCE promete un “alto nivel de privacidad” e incluso contempla pagos offline con anonimato similar al efectivo en pequeños importes. Aun así, por la propia naturaleza digital siempre habrá un registro, donde antes algo ocurría sin dejar rastro, ahora todo pago podría quedar almacenado en una base de datos. Las autoridades insisten en que no habrá un Gran Hermano financiero. Aseguran que el BCE no accederá a datos personales y que el euro digital no pretende eliminar el efectivo, sino complementarlo. Pero el debate trasciende las intenciones actuales y se centra en las capacidades futuras.
Una vez exista la infraestructura de pagos centralizada, nada impide que un gobierno pudiera caer en la tentación de usarla para vigilar más allá de lo que razonablemente le corresponde por el necesario interés general. Las leyes pueden cambiar, lo que hoy nace con límites mañana podría ampliarse alegando razones de seguridad o con el argumento de la lucha contra el fraude -parece difícil que el fraude real con efectos en la economía puede venir por estas cantidades menores-. Como advierten los críticos, el problema no es la intención declarada sino la posibilidad real de abuso futuro.
Europa tiene unos valores democráticos sólidos, pero con un euro digital plenamente centralizado existiría la posibilidad técnica de una vigilancia financiera total, por más que confiemos en que nuestras instituciones no la ejerzan. De ahí que sea crucial establecer cortafuegos institucionales desde el inicio, por ley garantizar cierto anonimato en pagos de menor importe, delimitar quién y para qué se puede acceder a los datos de las transacciones, y asegurar una supervisión independiente que impida desviaciones. A ello se suma una preocupación social, el riesgo de profundizar en la brecha digital. No todos los ciudadanos tienen acceso ni familiaridad con herramientas electrónicas. En particular, muchas personas mayores o en zonas rurales dependen del efectivo y podrían quedar marginadas si se reduce o desaparece en la práctica. En la Región de Murcia, por ejemplo, el impacto podría ser especialmente sensible en municipios con menor conectividad o entre colectivos vulnerables.
Si la transición no es inclusiva, el euro digital corre el riesgo de dejar atrás a quienes más apoyo necesitan. Y más aún, el efectivo no solo debe mantenerse, sino defenderse como opción legal y operativa. Limitar su uso por debajo de los 1.000 euros, como ocurre en España, contrasta con otros países europeos que permiten pagos en efectivo mucho mayores. Italia establece un máximo de 5.000 euros, Portugal y Bélgica 3.000, y países como Alemania o Países Bajos ni siquiera fijan límites. Si se quiere combatir el dinero opaco, parecería razonable poner el foco y los recursos en buscar e investigar operaciones de volumen, o transacciones menores repetitivas, y no en la vida cotidiana de los ciudadanos. Personalmente creo que el euro digital solo tendrá legitimidad si llega con un sólido marco de garantías.
Digitalizar el dinero aporta ventajas, pero la innovación no debe implicar renunciar a derechos adquiridos, la privacidad financiera es un límite democrático innegociable. Si el efectivo desaparece algún día, esa privacidad solo podrá protegerse con contrapesos institucionales firmes. La confianza pública será el pilar del éxito del euro digital, sin confianza no hay moneda eficaz. Y esa confianza exige transparencia, rendición de cuentas y límites claros al poder sobre nuestros datos. Demos la bienvenida a la modernización financiera, sí, pero sin ceder lo esencial, que nuestras transacciones dentro de una actividad normal ciudadana, sin nada que esconder pero con derecho a la libertad individual, sigan siendo nuestras.
Salvador Marín
Economista
Catedrático Universidad de Murcia
