“Hay algún compañero que me pide adelantar elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria para poder gobernar de una forma mucho más tranquila. Yo se lo agradezco, pero no puedo convocar elecciones por interés partidista”.

La frase la pronunció Pedro Sánchez en Roma, tras visitar al papa León XIV. Tuvo el recorrido previsible: titular en cadena, dos mil retuits, seis mil corazones, y un coro de comentaristas. Un presidente que renuncia a una victoria al alcance de la mano en nombre del interés general. Un estadista.

Conviene detenerse en el compañero.

El compañero existe. Tiene nombre, apellido y cargo. Se llama Emiliano García-Page, es presidente de Castilla-La Mancha y es el único barón socialista que sigue gobernando una autonomía con mayoría absoluta. También es, desde hace años, el crítico interno más constante de la actual dirección del PSOE. La petición de adelanto electoral que Sánchez agradece con socarronería la formuló Page el lunes anterior a la rueda de prensa romana. Y dijo lo siguiente: “Este es el momento de mayor riesgo para el PSOE en toda la democracia”. Pidió o bien adelanto electoral inmediato, o bien cuestión de confianza. No por entusiasmo. Por alarma.

Un día antes, Felipe González —cuatro victorias electorales, tres de ellas con mayoría absoluta— había dicho exactamente lo mismo: “Debería haber elecciones este año”.

El lector perspicaz habrá advertido la operación. Sánchez toma la advertencia más severa que un barón socialista ha formulado contra su liderazgo en cuarenta años de democracia, la despoja de su contenido, le da la vuelta como un calcetín y la presenta al público como si fuera el ruego entusiasta de un partidario impaciente por ver a su líder triunfar. Donde Page habla de riesgo histórico, Sánchez dice oír predicción de victoria. Donde Page exige rendición de cuentas, Sánchez dice ver agradecimiento. La inversión no es accidental. Es deliberada y está cuidadosamente pensada para una rueda de prensa internacional, en la que la mayor parte de la audiencia no sabe quién es García-Page ni qué dijo el lunes anterior.

Que un político embellezca la realidad es parte del oficio. Que niegue una evidencia que le incomoda, también. La política democrática vive en una cierta tolerancia hacia el adorno del lenguaje, porque sin esa tolerancia no habría discurso público posible. Pero la operación que practica Sánchez con la frase de Page pertenece a otra categoría. No adorna. Invierte. No matiza. Voltea. Y lo hace sobre un material fácilmente comprobable por cualquier ciudadano con acceso a un buscador en internet. La operación solo funciona si se asume que el oyente no contrastará. Es un acto de fe en la desmemoria de sus seguidores.

El marco general en el que sucede este episodio refuerza el diagnóstico. España ha entrado en 2026 con los Presupuestos Generales del Estado de 2023 prorrogados por tercer año consecutivo, una situación que la propia oposición ha empezado a llevar al Tribunal Constitucional por conflicto de atribuciones. La tarifa del IRPF no se ha deflactado con la inflación acumulada, los mínimos personales y familiares siguen en valores nominales, las partidas de inversión viven congeladas en una estimación presupuestaria diseñada en otoño de 2022, y los créditos para nuevas prioridades —vivienda, defensa, transición energética— no encuentran encaje en números tan antiguos. Tres ejercicios sin que la principal ley del Estado pase por el debate del Congreso. Tres ejercicios de drenaje fiscal silencioso, esa subida de impuestos por la puerta de atrás que nadie ha votado.

A todo esto le llama Pedro Sánchez gobernar por el interés general.

La apelación al bien común funciona en política como funciona el sello notarial en derecho privado, certifica el acto sin pronunciarse sobre su sustancia. Sirve para autenticar tanto un testamento sensato como una donación disparatada. En el caso de la frase del presidente, certifica un acto cuya sustancia es exactamente la opuesta de la que se proclama, no se renuncia a convocar elecciones por servir al país. Se renuncia porque la aritmética parlamentaria, con todas sus servidumbres, todavía sostiene la silla presidencial. Y mientras la sostenga, este gobierno seguirá administrando sin gobernar, decreto-ley a decreto-ley, cuestión de actualidad a cuestión de actualidad, en una legislatura cuya única reforma estructural ha sido la del propio lenguaje.

Que el adelanto electoral cuando se va por delante sea interés partidista es, además, una novedad doctrinal interesante. Felipe González convocó en 1989 y nadie le acusó de traición al bien común. Aznar lo hizo en el 2000, en plena bonanza, sin que su decisión fuera tildada de egoísta. El propio Sánchez, en 2023, adelantó las generales al día siguiente del descalabro municipal y autonómico del 28-M, una convocatoria que difícilmente puede defenderse como un acto desprendido de interés partidista. El verdadero interés partidista, en política, no es adelantar cuando se gana, es quedarse cuando ya no se gobierna, para no perder lo único que la propia inacción permite todavía conservar.

No conviene llamar a esto tomadura de pelo. Tomadura de pelo es lo que hace el cuñado en la sobremesa cuando exagera el tamaño de la lubina. Lo que ocurrió en Roma es más sofisticado y preocupante, la elevación del cinismo a técnica habitual de gobierno. La asunción de que el contraste con los hechos no llegará nunca, porque para cuando llegue ya habrá otra cita, otro papa, otro avión y otra frase ingeniosa que ocupará el lugar de la anterior.

El compañero, recordemos, tenía nombre. Y decía lo contrario.