Cuando en 1823 el presidente James Monroe afirmó que cualquier intento europeo de intervenir en el continente americano sería considerado una amenaza para Estados Unidos, formuló un principio que respondía a un contexto muy concreto: el temor a la restauración colonial tras las independencias latinoamericanas y la voluntad de delimitar un espacio geopolítico propio frente a las potencias europeas. La Doctrina Monroe nació así como una declaración defensiva, jurídicamente ambigua y estratégicamente limitada. No pretendía establecer un derecho de intervención estadounidense, sino excluir a terceros del hemisferio occidental.
La evolución posterior alteró profundamente ese significado original. A medida que Estados Unidos consolidó su poder económico, militar y político, la Doctrina Monroe fue reinterpretada como fundamento de una esfera de influencia exclusiva. El Corolario Roosevelt, a comienzos del siglo XX, explicitó este giro al atribuir a Washington la facultad de intervenir en América Latina para garantizar el orden y prevenir injerencias externas. La defensa frente al imperialismo europeo se transformó así en una legitimación del intervencionismo estadounidense.
A medida que Estados Unidos consolidó su poder económico, militar y político, la Doctrina Monroe fue reinterpretada como fundamento de una esfera de influencia exclusiva.
Durante el siglo XX, esta lógica estructuró la relación entre Estados Unidos y América Latina. Panamá, con el control del Canal desde 1903, inauguró una política en la que los intereses estratégicos prevalecieron sobre la soberanía formal. En el contexto de la Guerra Fría, la Doctrina Monroe se integró en la estrategia global de contención del comunismo, dando lugar a una amplia gama de intervenciones directas e indirectas. Chile en 1973, Argentina en 1976, Nicaragua en los años ochenta, Cuba desde 1961 o Bolivia y Perú en distintos momentos no fueron anomalías, sino manifestaciones de una misma arquitectura de poder hemisférico.
Estas intervenciones adoptaron formas diversas: golpes de Estado, apoyo a regímenes autoritarios, operaciones encubiertas, presión económica o asistencia militar condicionada. En todos los casos subyacía una premisa común: la estabilidad regional, definida desde Washington, justificaba la limitación de la autonomía política de los Estados latinoamericanos. El Plan Colombia, ya en el siglo XXI, ilustró una versión más institucionalizada de esta lógica, basada en la cooperación en materia de seguridad y en la externalización de funciones estratégicas del Estado colombiano. La Doctrina Monroe demostró así su capacidad de adaptación a distintos contextos históricos sin perder su núcleo jerárquico.
Venezuela constituye el caso más reciente y revelador de esta continuidad. Desde comienzos del siglo XXI, la política estadounidense hacia Caracas ha transitado desde la presión diplomática y el aislamiento económico hasta una implicación directa en la redefinición del poder político y la gestión de recursos estratégicos. El episodio de 2002, el régimen de sanciones prolongado y las iniciativas para forzar un cambio de régimen muestran una escalada sostenida. Venezuela ha sido tratada como un nodo geopolítico —energético, simbólico y estratégico— más que como un Estado soberano pleno. La actual administración Trump quiere apropiarse del petróleo venezolano.
En todos los casos subyacía una premisa común: la estabilidad regional, definida desde Washington, justificaba la limitación de la autonomía política de los Estados latinoamericanos.
En este contexto surge el término “Doctrina Donroe”, una etiqueta analítica y mediática más que una doctrina en sentido estricto. No designa un cuerpo coherente de principios, sino un estilo de política exterior asociado a la presidencia de Donald Trump. Frente al lenguaje jurídico y al horizonte de largo plazo de la Doctrina Monroe clásica, este enfoque se caracteriza por el unilateralismo, la lógica transaccional y la primacía de la seguridad sobre la diplomacia. No inaugura una ruptura histórica, sino una forma más explícita, menos normativa y más instrumental de ejercer la hegemonía hemisférica, usando la fuerza si es necesario.
Desde una perspectiva europea, esta evolución tiene implicaciones relevantes. La Unión Europea ha defendido tradicionalmente un enfoque basado en el multilateralismo, la mediación y el respeto a la soberanía, pero su capacidad de influencia en América Latina se ha visto limitada por el peso estructural de Estados Unidos. El caso venezolano es ilustrativo: pese a los intentos europeos de promover una salida negociada, la agenda estadounidense ha marcado los tiempos y los márgenes de acción. La reactivación de una lógica hemisférica dura reduce a Europa a un papel reactivo y marginal.
Para España, la cuestión es particularmente sensible. Los vínculos históricos, culturales y económicos con América Latina contrastan con una capacidad política condicionada por la pertenencia a la OTAN y la alineación estratégica con Washington. La práctica de la llamada doctrina “Donroe” estrecha el espacio para una política exterior española autónoma en la región, obligando a elegir entre la retórica de la cooperación y la aceptación de hechos consumados.
La comparación entre Monroe y su reinterpretación actual pone de relieve una continuidad fundamental: la persistencia de la idea de que Estados Unidos posee un derecho especial sobre el hemisferio occidental. Cambian las justificaciones —antes Europa, hoy China, la migración y el narcotráfico—, pero no la lógica de fondo. Dos siglos después, “América para los americanos” sigue operando como un principio de jerarquía, no de igualdad.
