El reciente pronunciamiento del canciller alemán Friedrich Merz, referido al bloqueo por parte de Alemania (y también de Italia) de que el catalán sea lengua cooficial en la Unión Europea hasta que “la inteligencia artificial suprima el coste de los traductores”, plantea una pregunta clave: ¿qué entendemos por derecho lingüístico y derecho a la interpretación/traducción en un espacio público plural como la UE? Y, más aún, ¿cuáles son los riesgos éticos, culturales y democráticos si aceptamos que la eficiencia (en este caso, económica) pueda suplantar el derecho humano básico de ser entendidos en la lengua propia?

Hace apenas unos días se celebró el Día Internacional de la Traducción (30 de septiembre), una fecha que este año resonó con especial fuerza a la luz de debates como este. Más allá de la efeméride, la situación invita a reflexionar sobre la función de traductores e intérpretes no solo como “herramientas de mediación lingüística”, sino como garantes de pluralidad, igualdad y derechos.

El derecho a la interpretación y a la traducción

El derecho a ser interpretado/traducido en la propia lengua es tanto una cuestión simbólico-práctica como una cuestión de identidad y pluralidad democrática. En democracias plurilingües, impacta en la participación política, en el acceso a la justicia, en la igualdad de oportunidades y en la dignidad de las personas. La lengua, además, crea identidad: es un marcador de pertenencia y de memoria colectiva. Como señaló George Steiner “cuando una lengua muere, una forma de entender el mundo muere con ella”. Garantizar la traducción y la interpretación permite preservar esa riqueza cultural y cognitiva, asegurando que todas las voces sean escuchadas y comprendidas.

Históricamente, España ha sido un territorio plurilingüe donde la diversidad lingüística ha coexistido con dinámicas de poder centralizado. Durante la época de los Reyes Católicos, el castellano se consolidó en la Administración y la Iglesia, pero, en paralelo, continuaron existiendo otras lenguas vivas en sus territorios. Esta coexistencia demuestra que la identidad colectiva puede construirse respetando la diversidad lingüística, y que cada lengua aporta matices y formas de comprender la realidad que enriquecen la sociedad en su conjunto.

En este marco, la traducción no es una mera traslación literal de contenidos, sino, a menudo también, un acto de mediación cultural que transmite matices, valores y formas de ver el mundo. Esta función ha sido subrayada por numerosos profesionales de la traducción e interpretación en declaraciones a medios y artículos especializados. Algunas voces señalan que la traducción simultánea en organismos internacionales tiene un coste (sí), pero que su eliminación significaría que las lenguas minoritarias, regionales o no dominantes quedarían invisibilizadas. Otros recuerdan que la traducción no es un “servicio al margen”: también forma parte del cumplimiento de derechos lingüísticos reconocidos, tanto en tratados de la UE como en convenciones internacionales y políticas de diversidad cultural.

En este contexto, estos profesionales advierten de que depender únicamente de la IA para dichos procesos puede acarrear varios problemas: imprecisión lingüística, pérdida de matices culturales, sesgos sistemáticos en los modelos entrenados mayormente con lenguas dominantes, dependencia tecnológica y desvalorización del conocimiento humano especializado.

¿Puede la IA sustituir el papel humano?

Merz señala la IA como el instrumento que permitirá reducir los costes y así permitir el reconocimiento del catalán siempre que este “no suponga un gasto excesivo”. No obstante, estas afirmaciones presuponen que la traducción automática o asistida podrá: 1. Ser igual de fiable en todos los contextos (jurídicos, administrativos, culturales, diplomáticos); 2. Capturar todos los matices de una lengua, incluidas variaciones dialectales, registros formales/informales o diferencias culturales, y 3. Lograr la aceptación institucional y social de los hablantes de la lengua en cuanto a calidad, fidelidad y legitimidad.

Sin embargo, muchos traductores e intérpretes temen que, en la práctica, lo que se reduzca sea el soporte institucional, el reconocimiento y la financiación para la traducción profesional, en favor de soluciones tecnológicas que pueden fallar en aspectos críticos, y que sean menos accesibles para hablantes de lenguas minoritarias o con menor presencia digital.

El significado de "oficialidad lingüística" en la UE

Cuando se habla de hacer cooficiales el catalán, el gallego y el euskera en la UE, va más allá de un gesto simbólico: implica garantizar que los hablantes puedan usar esas lenguas en el Parlamento, en comunicaciones oficiales, en documentos normativos, etcétera, con interpretación y traducción garantizadas, sin cargar sobre los hablantes el coste de tener que adaptarse al idioma más “amistoso” o el más “usado”.

Bloquear esta oficialidad “hasta que la IA abarate los servicios” puede entenderse como dejar a la comunidad lingüística en una posición subordinada: primero, depender de que la tecnología lo permita; segundo, aceptar una calidad que pueda ser inferior; tercero, posponer derechos ya reconocidos históricamente.

La tecnología puede facilitar y agilizar el trabajo, pero debe entenderse como herramienta complementaria, no sustituta. De manera similar a la medicina moderna, donde técnicas ya consolidadas como la laparoscopia permiten intervenciones más precisas sin reemplazar al cirujano, la traducción automática puede asistir en la transmisión de información, pero la adaptación al registro, al contexto comunicativo y a los matices culturales, así como el juicio y la mediación interpretativa, siguen siendo responsabilidades humanas insustituibles.

Un Día de la Traducción con resonancias especiales

En este contexto, el pasado 30 de septiembre se celebraba el Día Internacional de la Traducción, que nos recordó que la traducción no es un lujo, sino un puente entre culturas, una herramienta de justicia lingüística, de inclusión y de democracia.

Este año, esa jornada cobró un matiz de urgencia: reivindicar que la traducción profesional siga siendo reconocida, financiada y valorada, trascendiendo la idea de que se trata de una simple elección para afirmarla como un derecho; que las tecnologías de traducción automática se usen como complemento y no como sustituto; y que se garantice la calidad y la responsabilidad ética en todo proceso de mediación lingüística.

Reconocer lenguas como el catalán, gallego o euskera como oficiales en la Unión Europea no debe depender solamente de que la tecnología lo haga “rentable”. Lo esencial es garantizar el derecho de toda persona a entender y ser entendida, sin que su lengua materna sea una barrera institucional o política, preservando así la diversidad lingüística como riqueza cultural y democrática.

El progreso tecnológico debe servir para ampliar derechos, no para condicionarlos. Es por ello que, los intérpretes y traductores (humanos), siguen siendo garantes imprescindibles de ese progreso. El pasado 30 de septiembre lo recordamos con fuerza: cada servicio lingüístico cuenta, cada voz en cada lengua merece ser escuchada.