"La persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe." Lo escribió en 1976 el historiador económico italiano Carlo M. Cipolla, catedrático en las universidades de Pavía y Berkeley, en su célebre ensayo Las leyes fundamentales de la estupidez humana. Cipolla definía al estúpido como aquel capaz de causar daño a otras personas, o a un colectivo entero, sin obtener a cambio ningún provecho para sí mismo —incluso a costa de perjudicarse él también—, dejando a la sociedad a merced de una suerte de mano invisible que impide sistemáticamente la felicidad. Leída casi medio siglo después, la advertencia de Cipolla no ha perdido vigencia: cuando ese tipo de daño gratuito y autodestructivo se instala en el poder político de toda una nación, la historia ya nos ha enseñado, más de una vez, hacia dónde conduce. Alemania, una vez más, se ha convertido en el escenario que confirma esa advertencia.
La persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe.
El pasado 6 de septiembre, Alternativa para Alemania (AfD) ganó las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt con cerca del 44% de los votos, situándose a las puertas de liderar, por primera vez desde 1945, un gobierno regional de ultraderecha en suelo alemán. No es un hecho aislado: en las elecciones federales de febrero de 2025, la AfD ya se había convertido en la segunda fuerza del país con un 21% de los votos, impulsada de forma abrumadora por el antiguo territorio comunista del Este. El avance no es una anomalía puntual, sino una tendencia sostenida que lleva años consolidándose en las antiguas regiones de la RDA.
Detrás del ascenso de la AfD hay un sustrato económico perfectamente identificable.
Sería un error, y también una forma de eludir el problema de fondo, despachar este fenómeno como un simple brote de irracionalidad colectiva. Detrás del ascenso de la AfD hay un sustrato económico perfectamente identificable: la desindustrialización progresiva de regiones que dependían de un modelo productivo hoy en crisis, el deterioro de un sector automovilístico que durante décadas fue el orgullo industrial alemán y que ahora afronta la competencia asiática, la transición energética y sus propios errores estratégicos, y unos precios de la energía que han erosionado tanto la competitividad industrial como el bolsillo de las familias tras la ruptura del suministro energético ruso. A esto se suma un dato que resulta, cuando menos, paradójico: los estados de la antigua Alemania del Este han recibido a lo largo de estos años más de dos billones de euros en transferencias desde la reunificación, financiados en buena parte por el célebre impuesto de solidaridad que aún hoy pagan todos los contribuyentes alemanes. Y, sin embargo, ese esfuerzo colosal de reconstrucción no ha logrado disolver la percepción de agravio ni la nostalgia de una parte de la población hacia el periodo soviético. Es la paradoja de fondo que explica buena parte de este artículo: por muchos miles de millones que se inviertan, la memoria colectiva tiende a minimizar lo negativo del pasado y a conservar solo su cara amable —un mecanismo psicológico profundamente humano, pero que en este caso ha alimentado una desconfianza estructural hacia todo lo que viene de Occidente y, por extensión, hacia Bruselas.
Lo llenan quienes ofrecen certezas simples a problemas complejos, señalando a culpables fáciles de identificar: el inmigrante, el extranjero, la burocracia de Bruselas, el otro.
Y aquí es donde conviene mirar hacia atrás, porque la historia, ya nos dejó un precedente. Tras el crack de 1929 y sus gravísimas consecuencias para la economía mundial, Alemania se convirtió en uno de los países más golpeados por la Gran Depresión: el desempleo alcanzó cifras cercanas a los seis millones de personas, las políticas de austeridad del canciller Brüning agravaron la crisis en lugar de aliviarla, y una sociedad ya convaleciente de la hiperinflación de 1923 y del resentimiento por el Tratado de Versalles encontró en el discurso nacionalsocialista una promesa de dignidad recuperada. El NSDAP, que en 1928 apenas rozaba el 2,6% de los votos, escaló hasta el 37,3% en julio de 1932. Seis meses después, Hitler era canciller.
No se trata de establecer una equivalencia simplista entre la AfD de 2026 y el nazismo de 1933, sería injusto. Se trata, más bien, de reconocer el patrón: una crisis económica real y prolongada, un tejido industrial que se resquebraja, una población que siente que el sistema la ha abandonado, y una clase política tradicional incapaz de ofrecer respuestas creíbles. Ese vacío, la historia lo demuestra una y otra vez. Lo llenan quienes ofrecen certezas simples a problemas complejos, señalando a culpables fáciles de identificar: el inmigrante, el extranjero, la burocracia de Bruselas, el otro.
La pregunta que deberíamos hacernos, como sociedad europea, no es si puede volver a pasar, sino por qué seguimos actuando como si no pudiera ocurrir.
Lo verdaderamente preocupante no es únicamente lo que ocurre dentro de las fronteras alemanas, sino su onda expansiva. El auge de discursos xenófobos y racistas no es ya un fenómeno confinado a un país o una región concreta: es un síntoma de una polarización creciente en el conjunto de la sociedad europea, alimentada por un malestar ciudadano que añora épocas pasadas que, en gran medida, solo existen en la versión amable que siempre construye la memoria selectiva. Esto ya ha ocurrido antes, y en más de una ocasión, con consecuencias catastróficas para la humanidad. La pregunta que deberíamos hacernos, como sociedad europea, no es si puede volver a pasar, sino por qué seguimos actuando como si no pudiera ocurrir.
Quizá sea esa la estupidez que Cipolla describía: no desconocer el pasado, que se conoce bien, sino la arrogancia de creerse distinto de quienes ya lo vivieron —hasta comprobar, una vez más, que no lo eran.
