MURCIA (EFE). Mediadores con titulación en psicología tratarán de impulsar acuerdos en conflictos generados a consecuencia del ruido que generan locales de ocio y restauración en Murcia gracias a un convenio suscrito este martes entre el ayuntamiento y el Colegio Oficial de Psicólogos de la región.

El convenio, ha explicado en rueda de prensa el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Antonio Navarro, impulsa por primera vez en el municipio esta fórmula innovadora y que ha demostrado su eficacia en otros campos como las relaciones familiares o los conflictos laborales, escolares y civiles.

Esta nueva herramienta de mediación está pensada para conflictos que van más allá del cumplimiento normativo, ya que en los casos en los que un negocio incumple las medidas establecidas en las ordenanzas sobre contaminación acústica “no hay mediación posible”.

Sin embargo, en muchos casos, aunque el negocio cumpla la ley vigente, se dan situaciones que trascienden esa legalidad y que generan conflictos enquistados con vecinos, comunidades de propietarios o plataformas.

Pilar Martín Chaparro, decana del Colegio de Psicólogos, ha insistido en que “no son situaciones sencillas de resolver porque, incluso cumpliendo con toda la normativa, hay conflictos que persisten y derivan en problemas de convivencia”, por lo que estas herramientas de mediación se deben percibir como medidas complementarias y de carácter preventivo.

La primera condición para participar en una mediación, ha explicado el concejal, es la voluntariedad de ambas partes de buscar una solución consensuada a su conflicto.

Así, cuando el Ayuntamiento reciba quejas o denuncias por situaciones que pueden encajar en esta solución, será la propia administración la que solicite la mediación, comprobando previamente que ambas partes quieren someterse al proceso.

Se trata, ha subrayado la decana, de un procedimiento rápido, que debe estar resuelto en no más de tres meses, y que se plantea con una sesión inicial para explicar que qué consiste la mediación y cómo se desarrolla el proceso, y un máximo de tres sesiones para llegar al entendimiento o poner en marcha herramientas para lograrlo.

Se trata de un proceso, ha insistido, muy pautado y en el que se aplican herramientas para resolver situaciones enquistadas, pero la participación de un psicólogo no implica en ningún caso la atención y tratamiento de los problemas psicológicos que haya podido generar el conflicto.

Ha insistido también en el carácter preventivo de la mediación, que debe ponerse en marcha antes de iniciar un proceso judicial y que permite alcanzar “acuerdos duraderos”, ya que han sido pactados por las partes, mientras que los casos judicializado muchas veces se alargan en el tiempo y no terminan de resolver el problema porque “aunque se cumpla la norma, persiste el conflicto” entre las partes implicadas.

Según ha indicado Navarro, en 2024 se abrieron 63 expedientes por quejas relacionadas con el Quico, y en 2025 fueron 81, derivados tanto de denuncias vecinales como policiales.

Actualmente el Colegio de Psicólogos cuenta con una treintena de mediadores con el título acreditativo en vigor, aunque su decana ha calculo que son unos 100 los profesionales capacitados para estas labores, ya que en estos momentos hay abierto un proceso de renovación del título, que debe actualizarse cada cinco años para poder seguir ejerciendo esas tareas.