MURCIA. El segundo cuatrimestre del año arranca en Murcia con una movilidad marcada por los contrastes. Mientras el Ayuntamiento intenta equilibrar la balanza con medidas de choque para aliviar el día a día de los usuarios, los grandes proyectos estructurales se enfrentan a bloqueos administrativos y retrasos que condicionan el futuro del transporte. Esta dualidad responde a una creciente presión vecinal, alimentada por las quejas sobre las escasas frecuencias durante las pasadas Fiestas de Primavera y el estado general de un servicio de autobuses que demanda una renovación urgente.

Para frenar el descontento y dar respuesta a la saturación de las líneas, el Consistorio ha activado un plan de choque inmediato centrado en la capacidad y el ahorro. Este refuerzo se traduce en una inyección masiva de 6.000 plazas extra destinadas específicamente a las líneas que conectan el entorno de Ronda Sur y las pedanías del Este, como la 30 y la 31.

El objetivo es que, en las horas punta, los viajeros cuenten con frecuencias de paso cada 15 minutos, reduciendo drásticamente los tiempos de espera. Además, para amortiguar el impacto económico en los ciudadanos, la gratuidad del Tranvibús se prorrogará hasta el próximo 30 de junio, garantizando el ahorro a miles de universitarios y trabajadores hasta el inicio del verano.

El revés judicial al nuevo modelo de transporte

Sin embargo, este alivio temporal coincide con el punto más crítico del balance: el "frenazo" en seco al ambicioso plan para renovar el sistema de autobuses. La licitación del nuevo modelo ha sido tumbada por el Tribunal de Recursos Contractuales debido a errores en la tramitación legal.

El tribunal considera insuficiente la prórroga de diez días que el Gobierno local concedió tras introducir cambios sustanciales en el contrato una vez publicado, lo que obliga a devolver el proceso a la casilla de salida. Entre los puntos que el Ayuntamiento debe corregir de forma obligatoria se encuentran la inclusión de las listas de subrogación de personal, protocolos de ciberseguridad y la eliminación de la exigencia de crear una sociedad específica para prestar el servicio.

Pese a la gravedad del fallo, el concejal de Movilidad, Francisco Muñoz, ha defendido la gestión municipal asegurando que el Tribunal les ha dado la razón en los puntos de mayor peso político y técnico. Desde el Partido Popular sostienen que los fallos son meramente formales y que será "cuestión de días" aprobar los nuevos pliegos. 

La ZBE, una asignatura pendiente

En paralelo a los problemas del autobús, Murcia sigue arrastrando el estancamiento de su Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Aunque la normativa estatal obligaba a su implantación en 2023 para ciudades de más de 50.000 habitantes, la capital del Segura se mantiene en el grupo de grandes capitales españolas —junto a Valencia o Vitoria— que aún no han cumplido plenamente con la ley.

A pesar de contar con la infraestructura ya instalada, como las cámaras de vigilancia, el proyecto se encuentra en punto muerto. No hay sanciones ni restricciones reales de acceso, lo que mantiene a la ciudad en un limbo legal frente al calendario marcado por el Gobierno central.

El tranvía pone rumbo a tres municipios

En un escenario distinto se mueve la ampliación del tranvía hacia Alcantarilla, Molina de Segura y Santomera. Este es el único proyecto que parece mantener su hoja de ruta administrativa y una velocidad constante. La Comunidad ha movilizado ya más de 844.000 euros para que Urbamusa inicie los estudios de viabilidad técnica y ambiental durante los próximos tres años.

No es solo un dibujo sobre el plano; es el primer paso en firme para que el tranvía deje de ser un servicio exclusivamente municipal y pase a ser una red regional. Mientras tanto, el Ayuntamiento mantiene octubre como el mes clave para dar el impulso definitivo al tramo que conectará el centro con la estación intermodal de El Carmen.