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El PSOE alerta de un posible "amenaza financiera" de 40 millones en las arcas municipales por el caso Fadesa en Murcia

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MURCIA. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia ha advertido sobre el grave riesgo económico que supone la reciente reclamación presentada por Martinsa-Fadesa, actualmente en proceso de liquidación, y otros promotores urbanísticos. Según han detallado el portavoz del PSOE, Ginés Ruiz, y el concejal Andrés Guerrero, los demandantes exigen la resolución del convenio suscrito en 2006 en la zona del Arco Norte, lo que obligaría al Consistorio a devolver las cantidades abonadas hace casi dos décadas.

La cuantía principal de la reclamación asciende a unos 39,5 millones de euros, una cifra que el portavoz socialista asegura que "ya está gastada". Sin embargo, el impacto total para la tesorería municipal podría elevarse hasta los 60 millones de euros al sumar los intereses de demora acumulados durante 19 años, las costas judiciales y los gastos derivados de los avales. Ruiz ha calificado esta situación como una "espada de Damocles" que pone en peligro la estabilidad financiera de la institución y su capacidad para hacer frente al pago de proveedores y servicios públicos.

Desde el PSOE explican que el origen del conflicto se remonta a los convenios que permitieron un aumento de la edificabilidad en el norte del municipio a cambio de aportaciones económicas directas. En este sentido, los ediles socialistas han criticado la estrategia del equipo de Gobierno actual, señalando que ignorar el problema es "extremadamente peligroso", especialmente tras los últimos pronunciamientos judiciales que han restado fuerza a la defensa jurídica del Ayuntamiento en casos de naturaleza similar.

Ante este escenario, la formación política ha exigido una evaluación precisa del riesgo real y la apertura de vías de negociación que eviten una condena judicial firme. Según sostienen Guerrero y Ruiz, el Ayuntamiento no puede seguir confiando en que el problema se resuelva solo, ya que una sentencia desfavorable supondría un golpe millonario para las cuentas públicas y para el conjunto de los ciudadanos murcianos.

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