MURCIA. El acceso a la vivienda volvió a dividir este jueves al Pleno de Murcia, pero también dejó en evidencia un problema que desborda la política municipal y se ha convertido en una preocupación creciente para los vecinos. La moción del PSOE para declarar el municipio como zona tensionada —una figura de la Ley estatal de Vivienda que permite limitar los precios del alquiler— no salió adelante por la mayoría del PP. Sí prosperó, en cambio, la iniciativa alternativa planteada por los populares, centrada en incentivos fiscales, cambios normativos y movilización de suelo público.

El portavoz socialista, Ginés Ruiz, situó el debate en un contexto de alarma social: “Los precios han aumentado un 260% desde 2015; se han doblado los alquileres. La vivienda es hoy una emergencia”, aseguró. Su grupo defendió que declarar Murcia como zona tensionada serviría de contención temporal —durante tres años— hasta que se reactive la promoción de vivienda pública y se amplíen los parques municipales. También reclamaron controlar el alquiler turístico y actuar sobre los grandes tenedores con más de diez viviendas en el municipio.

Desde el Gobierno local, Antonio Navarro reconoció que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas del país y especialmente de los jóvenes, pero rechazó la vía de las zonas tensionadas: “No convence a los expertos y ha fracasado allí donde se ha aplicado”. El PP defendió ayudas al alquiler, medidas fiscales y una ley estatal “contra la ocupación ilegal”, y presentó una moción alternativa que sí obtuvo mayoría con las abstenciones de PSOE y Vox.

Desde el grupo de Vox, por su parte, insistieron en atribuir la subida de precios a la Ley estatal de Vivienda. Su portavoz, Alba Franco, afirmó que desde la entrada en vigor de la norma los alquileres también han subido en las áreas ya declaradas tensionadas, y acusó al PP de no haber impulsado vivienda pública en Murcia: “No me creo lo que el PP dice que va a hacer”, señaló.

Finalmente salió adelante la propuesta del PP, que será la hoja de ruta del Ayuntamiento en materia de vivienda. Su plan apuesta por pedir al Gobierno central un nuevo Plan Estatal que facilite el acceso de los jóvenes —con avales, ayudas o beneficios fiscales—, reclamar a la Comunidad Autónoma cambios legales para impulsar la vivienda protegida y activar cuanto antes el suelo municipal disponible para construir pisos públicos en venta o alquiler.