MURCIA (EFE). El Gobierno regional ha puesto en marcha una serie de obras de mejora en el edificio del Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL), en El Palmar, ejecutadas por la Dirección General de Patrimonio junto con la Dirección General de Trabajo. El objetivo de estas actuaciones es reforzar las condiciones de seguridad y garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Durante los trabajos, el personal del instituto se traslada temporalmente a otras dependencias o realiza su labor en modalidad telemática, asegurando que los servicios del ISSL continúen operativos sin interrupciones.

El director general de Trabajo, Juan Marín, destacó que estas decisiones buscan proteger la seguridad de los trabajadores y mantener la continuidad del servicio público en condiciones óptimas.

Marín aclaró que las intervenciones forman parte de la gestión ordinaria de los recursos públicos y que no existe relación entre estas obras y la evolución de los accidentes laborales en la Región. Asimismo, informó que un desprendimiento puntual en el aparcamiento se resolvió siguiendo los protocolos habituales, sin conexión con las obras.

El director general reiteró el compromiso del Gobierno regional con la prevención de riesgos laborales y con la mejora de los recursos destinados a este ámbito, asegurando que las inversiones en infraestructura administrativa son parte de una gestión responsable y planificada.

Contrario a lo señalado por Pablo Alarcón de CCOO este lunes en un comunicado de prensa, el cierre temporal del ISSL no obedece a un “peligro grave e inminente” ni refleja abandono histórico. Las actuaciones actuales son preventivas y planificadas, y los servicios permanecen plenamente operativos mediante teletrabajo y reubicación de personal. 

El secretario de Salud Laboral de CCOO, Pablo Alarcón, había advertido este lunes que el cierre de la sede del ISSL en El Palmar responde a un “peligro grave e inminente” y refleja años de "abandono" por parte del Gobierno regional. Según Alarcón, esta situación no es un aviso, sino la consecuencia de "una política que desde 1995 ha recortado personal, suspendido productividad y desatendido infraestructuras, dejando un edificio en ruinas que amenaza la seguridad de los trabajadores".