Aunque a la hora de intentar perfilar un sujeto político trans coherente ya he tratado en parte este tema, probablemente el común de quienes me leéis os sigáis preguntando qué es lo que queremos, lo que necesitamos y exigimos (deberíamos exigir) realmente las personas trans; un tema evidentemente delicado sobre el cual, al declinar arrogarme ninguna representación, sólo me puedo arriesgar a dar una serie de apuntes básicos susceptibles de poder ser completados, los cuales, en este caso concreto y por su misma naturaleza especulativa, no podré aquí y por ahora dotar de toda la concreción que sería deseable. Quienes me seguís observaréis que, una vez más, no tengo más remedio que hablar de leyes y, como ya me habéis leído en el artículo anterior, sigo y seguiré defendiendo que la opción ideal sería derogar la mal llamada Ley Trans y sustituirla por otra más acorde con nuestro Sujeto Político Real y nuestras aspiraciones más básicas, pero, aprovechando este último espacio que se me ofrece, sí quiero ver la posibilidad de explorar otras soluciones menos cruentas.

En principio los derechos económicos, sociales y culturales de las personas trans, como parte integrante que somos de la ciudadanía española, deben incluir inexcusablemente los mismos derechos generales que se definen como deseables para el resto de la ciudadanía, tales como el de derecho a la alimentación, derecho a la vivienda adecuada, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la seguridad social, derecho a la participación en la vida cultural, derecho al agua y saneamiento, y derecho al trabajo.