MURCIA. La sesión del juicio del caso Erial celebrada este martes volvió a dejar una jornada para el recuerdo. Tres acusados considerados como parte del núcleo más cercano de colaboradores de Eduardo Zaplana revelaron ante el tribunal de la Audiencia de Valencia que enjuicia los hechos el plan para amañar el proceso de privatización de las ITV y el pago de mordidas a cambio de las adjudicaciones predeterminadas. 

Las confesiones fueron de los hermanos Cotino (Vicente y José, aunque con un mayor conocimiento y participación del primero) y del exjefe de Gabinete de Zaplana, Juan Francisco García. Su mano derecha entre 1995 y 2002, momento en el que pasó a ser ministro de Trabajo con José María Aznar. 

Los tres se sientan en el banquillo junto a otra decena de acusados como partícipes de una presunta trama creada para el cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana, y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en 2003. El objetivo habría sido desviar esas cantidades al extranjero a través de numerosas sociedades para blanquearlas y, posteriormente, retornarlas a España. En total, ese desvío de dinero se cuantifica en 20,6 millones de euros.

Los testimonios de los Cotino y de Juan Francisco García responden a un acuerdo alcanzado con la Fiscalía y que puede suponer una rebaja sustancial de las penas de prisión. Algo que también ha hecho Joaquín Barceló, el autodenominado testaferro del expresidente de la Generalitat y el cual lideró las confesiones la semana pasada. Cuatro declaraciones –a la espera de los testigos– que complican la estrategia judicial de Zaplana puesto que lo sitúan como conocedor y/o partícipe de lo ocurrido.