VALÈNCIA. Las tensiones geopolíticas de los últimos años, como la guerra en Ucrania o el conflicto en oriente Próximo, han evidenciado la fragilidad de las cadenas de suministro mundiales. Una debilidad que ha llevado a Europa a buscar minimizar su dependencia del exterior, especialmente en cuestiones clave como es la energía, pero también para reforzar su industria y mejorar su competitividad. Por ello, se han dado pasos para acelerar la descarbonización con el foco puesto en nuevas fuentes renovables más allá de la fotovoltaica. Y, entre ellas, el biogás y el biometano ganan protagonismo como alternativa al gas natural y como vector estratégico, ya que permite la transformación de residuos en energía, especialmente aquella procedente del sector agroalimentario.

El biogás y el biometano son gases renovables obtenidos a partir de la descomposición de residuos orgánicos como purines ganaderos, restos agrícolas, lodos industriales o basura urbana. Este proceso, conocido como digestión anaerobia, permite transformar desechos en energía, favoreciendo además la economía circular. El biometano es una versión depurada del biogás que alcanza una calidad idéntica a la del gas natural, por lo que puede inyectarse directamente en la red gasista y sustituirlo, de ahí el interés de Bruselas.

Actualmente existen instalaciones de estas características en España, pero son antiguas, pequeñas y muy vinculadas a la depuración de aguas. De hecho, en comparación con otros países europeos, la penetración de esta tecnología en España es paupérrima y solo representa el 1% de todo el consumo de gas en España procede del biogás, mientras que en otros países europeos como Dinamarca cubre el 35% de la demanda gasista nacional, o Suecia, que alcanza el 25%, según datos del Instituto de Procesos Sostenibles (ISP) de la Universidad de Valladolid expuestos en una jornada informativa organizada por la Unió de Periodistes Valencians y la empresa Genia.

La diferencia también se refleja en el número de instalaciones. En conjunto, Europa superaba en 2024 las 1.500 plantas con Francia a la cabeza con cerca de 800 instalaciones, mientras que España apenas cuenta con nueve instalaciones activas, pese a disponer de un elevado potencial de generación ligado al sector agroganadero y a los residuos orgánicos. De hecho, según los datos del Instituto de Procesos Sostenibles, el potencial accesible de biogás en España podría alcanzar los 163 teravatios hora anuales, una cifra equivalente al 43% de la demanda nacional de gas natural. 

Actualmente, solo el 1% del consumo de gas en España es de esta fuente renovable, mientras que se sitúa en el 35% en Dinamarca, el 25% en Suecia, el 12% en Alemania, el 9% en la República Checa o el 6% en Francia. No obstante las previsiones apuntan a que el biogás podría cubrir entre el 10% y el 13% del consumo nacional de gas en los próximos años, multiplicando por más de diez el peso actual de esta tecnología, según datos de la entidad.

Para revertir este panorama, el Gobierno trabaja en un Real Decreto para impulsar el biometano, que incluirá por primera vez en España una cuota mínima de este gas renovable en las ventas de gas natural. El documento plantea una penetración creciente del gas de origen renovable con una cuota mínima anual creciente en el mercado de gas natural nacional, que se inicia con el 0,5% en 2028, sigue con el 1,1% en 2029, el 1,8% en 2030, el 2,5% en 2031, el 3,3% en 2032, el 4,1% en 2033, el 5% en 2034 y alcanza del 6% en 2035. 

Pero, además, en 2022, el Ejecutivo aprobó la 'Hoja de Ruta del Biogás', que plantea multiplicar por 3,8 su producción hasta 2030, superando los 10,4 TWh que fija el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, lo que pone de manifiesto su relevancia en el camino para esa transición verde. Estima, además, que su producción permitirá la emisión a la atmósfera de aproximadamente 2,1 toneladas de CO2 al año. 

Plazos de la administración

Como viene siendo habitual en España, uno de los motivos que explican el retraso en el despliegue de estos gases renovables es la tramitación administrativa. En este sentido, mientras en Países Bajos un proyecto puede obtener permisos en apenas 16 semanas si cumple los requisitos ambientales y urbanísticos, en España prácticamente ninguna planta logra completar la tramitación en menos de cuatro años, lo que, a su vez, condiciona la viabilidad de los proyectos, señalaron los expertos.

Además, hasta ahora, tampoco ha existido un respaldo claro hacia esta tecnología. Tanto es así que España es el único país europeo que desarrolla biometano prácticamente sin subvenciones directas, según se expuso durante la jornada. En cambio, países como Francia o Italia impulsaron además el sector mediante ayudas económicas y sistemas de bonificaciones vinculados a los objetivos climáticos europeos.

Otro factor que ha condicionado su evolución es el creciente rechazo social a este tipo de proyectos. Entre las críticas más habituales figuran el temor a olores, ruidos o al impacto sobre el territorio y el paisaje, argumentos que desde el sector tratan de rebatir, asegurando que se trata de infraestructuras seguras, herméticas y que no provocan ni olores ni ruidos ni contaminación si están bien gestionadas. Como ejemplo, citan el despliegue en Europa, donde hay plantas a menos de un kilómetro de distancia de cascos urbanos. Además, recuerdan que estos desarrollos están sometidos a una estricta tramitación ambiental y son necesarias para cumplir los objetivos europeos y avanzar hacia un modelo energético más sostenible.

Por tanto, la expansión del biometano se perfila como una de las grandes oportunidades energéticas para España porque el país dispone de recursos suficientes para convertirse en uno de los referentes europeos del sector. Los próximos años serán determinantes para comprobar si logra consolidarse como una pieza más del mix energético o si, por el contrario, las resistencias sociales y los obstáculos administrativos frenan su desarrollo.