MURCIA. Azor Ambiental, la empresa molinense especializada en la gestión de residuos procedentes del sector de la automoción, cambiará de manos. Así lo ha dictado el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Murcia, que ha aprobado el plan de reestructuración por el que la propiedad quedará en manos de la cotizada catalana Griñó en una operación que contaba con el apoyo de los bancos, tal y como señala la sentencia, a la que ha tenido acceso Murcia Plaza.

De acuerdo con el fallo, notificado el pasado 6 de mayo, la deuda financiera del Grupo Rator, la matriz de Azor, era de 48 millones de euros. Sin embargo, el plan de reestructuración aprobado contempla que las entidades bancarias cederán parte de su posición financiera a Griñó por una cantidad fija de 12 millones de euros y otra variable de hasta 5 millones de euros. Dicho de otra forma, el pasivo de la sociedad se reducirá a través de la capitalización de la deuda. Esta sentencia es firme y contra ella no cabe recurso alguno.

Fue el pasado 4 de noviembre cuando el Grupo Griñó solicitó, a través de una empresa vehicular, 7TH Floor Bootstrapping SLU, un plan de reestructuración en colaboración con Banco Santander, CaixaBank y Banca March, por el que tomaría el control del 100% de la firma molinense. 

Sin embargo, la familia Gil Buendía, fundadora del negocio y actual propietaria, se opuso de pleno a esta solución como remedio para la situación de endeudamiento de la sociedad, alegando que Azor no estaba en situación de insolvencia y que esta estrategia no aseguraba la viabilidad de la empresa. En consecuencia, ambas partes llevaron a juicio esta disputa.

En concreto, los propietarios de Azor argumentaban que este movimiento "tiene un marcado carácter inversor y especulativo" y que se trata de "un uso estratégico del derecho de insolvencia, para fines ajenos al saneamiento de la sociedad". Asimismo, tachan el plan de "inmoral y expropiatorio", pues aseguran que los bancos apoyaban esta solución porque mantienen negocios de inversión con el Grupo Griñó que han condicionado su postura en este caso.

Por su parte, desde Griñó acusan a los gestores de la empresa molinense de haber desatendido todos los intentos de buscar un inversor que pusiera fin a la deuda de la sociedad y de llegar a una solución pactada. Asimismo, las entidades financieras remarcaron en este proceso el "apoyo" que se prestó a Azor "durante años, con las oportunas novaciones y esperas".

Otro punto conflictivo fue el experto en reestructuración, KPMG, al que desde la familia Gil Buendía acusaban de tener una posición parcial en beneficio de Grupo Griñó.

Viabilidad del plan

Una de las quejas principales de la familia Gil Buendía era que el plan de reestructuración planteado no aseguraba la viabilidad de la empresa, aunque el juez sostiene que no existen fallos ni errores metodológicos, por lo que le otorga validez.

En concreto, este plan plantea una evolución prevista de las ventas hasta 2030, con un ligero incremento anual del 0,25%, teniendo en cuenta el coste de las ventas, el coste de personal, el resto de gastos, las amortizaciones del inmovilizado, las nuevas inversiones, la imputación de subvenciones y los gastos financieros. De hecho, destaca que el nivel de ventas viene siendo positivo en los últimos años por la evolución positiva del precio del plomo, pero que las deudas han provocado el resultado negativo en la compañía.

En este sentido, el documento destaca que bajo la gestión de Griñó se obtendrá un balance neto positivo y saneado, lo que considera que no sería posible sin este plan debido al "elevado endeudamiento financiero que no se puede ir abonando a su vencimiento".

Otro de los argumentos en contra del plan procedía de la falta de experiencia en el sector del Grupo Griñó. En este sentido, el juez acredita que el bagaje de los actuales propietarios ha sido importante para mantener el negocio a flote, pero argumenta que "teniendo en cuenta la importante inversión que pretende realizar y los resultados positivos de sus actuales actividades industriales, que le permite realizar esta inversión, cabe suponer que dirigirá el negocio con profesionalidad, situando al frente a los gestores adecuados".

Además, el fallo judicial también da la razón a Griñó en materia de la insolvencia de Azor, pues esta compañía pidió entrar en concurso de acreedores días después de presentarse la solicitud de homologación del plan de reestructuración.

Cabe recordar que la cotizada catalana Griñó elevó a finales de 2024 una consulta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre una posible compra de Azor Ambiental, para contar con el visto bueno de este organismo de cara a una posible operación. Finalmente, la CNMC autorizó la adquisición en el mes de enero.

No obstante, fuentes de Azor Ambiental negaron entonces a preguntas de este medio que hubieran negociaciones formales entre ambas partes y afirmaban que sí habían recibido otras ofertas de inversores conocedores del sector que la dirección considera "más beneficiosas". Sin embargo, ahora han declinado hacer más declaraciones tras conocerse la sentencia.

Especializada en la gestión de residuos procedentes del sector de la automoción, Azor Ambiental completó el pasado 2023 con una facturación récord de 123 millones de euros, lo que la sitúa entre las empresas más relevantes de Molina de Segura y la posiciona en una buena posición en la tabla de las 100 compañías con mayor cifra de negocios de toda la Región, pues ostenta el puesto 61.

No obstante, mientras que las ventas no dejan de aumentar con un incremento del 5% en el último ejercicio, el beneficio no ha logrado seguir el mismo camino, pues Rator Capital -la matriz de Azor Ambiental- acumula cuatro años consecutivos en números rojos. Así, en el 2023 esta compañía registró unas pérdidas de 1,4 millones de euros.