MURCIA/ALICANTE. Como "un hachazo a los ciudadanos de la Región y a la democracia" por parte del Gobierno central, ya que su gestión "ha empeorado unas circunstancias que ya eran difíciles", dando lugar a "una precarización del empleo, a una caída del PIB con respecto al año anterior y a una disminución de la capacidad adquisitiva de las familias". Así califica la diputada nacional del PP Isabel Borrego el cambio de criterio del Gobierno central sobre las condiciones del Trasvase Tajo-Segura.
El Gobierno central, por su parte, juega su carta y ha dado al Ejecutivo de López Miras hasta el jueves para que presente alegaciones. Todo forma parte de una guerra política, que por ahora tiene un claro ganador, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y en la que la retirada de la subvención que Acuamed venía aplicando al agua desalada para compensar los menores recursos trasvasados juega un papel clave.
La decisión del Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera de mandar al Consejo de Estado el plan del Tajo sin la disposición adicional que permitía revisar en 2026 los caudales ecológicos del río cedente (en función de cómo mejorase Madrid la depuración del agua que devuelve al cauce), y al mismo tiempo no prorrogar el precio pactado del agua desalada (0,45 euros el metro cúbico) que venía del decreto anticrisis por Ucrania, parece condenar al campo murciano y alicantino, principales damnificados: menos posibilidades de que llegue el agua trasvasada que sí pueden pagar, y un precio prohibitivo para el agua desalada que debe compensar los menores trasvases. Sin contar con las continuas subidas de precio al suministro doméstico que tienen que aplicar los ayuntamientos que beben del Taibilla.
" La excusa que se había puesto para la reducción del trasvase en base a los caudales ecológicos, era sólo eso, una excusa. Llegaremos al Supremo si es necesario", con estas palabras respondía el consejero regional de Agricultura, Antonio Luengo. Ahora todo depende de una decisión política en la que pesará, y mucho, que en menos de cinco meses hay elecciones municipales y autonómicas. La Región será oída por el Consejo de Estado (que no suele cambiar los textos que le llegan). Y además las alegaciones las hace el PP, lo cual parece alejar del todo esa 'decisión política'.
