MURCIA (EP). El Defensor del Pueblo 34.926 quejas en 2023, 3.849 más que en 2022, la mayoría de ellas relacionadas con la Administración de Justicia, la Seguridad Social, Interior, asilo, educación y sanidad. Así se desprende del Informe Anual de la institución, que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este viernes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.
"Los ciudadanos han señalado con sus quejas que las administraciones no deben descuidar los servicios públicos esenciales, ni la sanidad, ni desatender las necesidades de los más vulnerables, ni la educación por ser estos fundamentales en un Estado de derecho moderno y solidario. Ellos nos indican también que los procesos de digitalización en las administraciones han de ser compatibles con la asistencia presencial, sobre todo para quienes no son nativos digitales o que, sencillamente, tienen dificultades para interlocutar a través de las nuevas tecnologías", ha asegurado Gabilondo este viernes en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.
En concreto, ha explicado que la institución tramitó un total de 35.603 expedientes, 4.151 más que en 2022, que dieron lugar a 2.366 resoluciones a las diferentes administraciones, de las que 668 fueron recomendaciones, 987 sugerencias, 708 recordatorios de deberes legales y tres advertencias.
Además, inició 288 actuaciones de oficio ante distintas administraciones, 38 más que en 2022, y atendió personalmente a 37.752 ciudadanos, 36.572 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.180 de una forma presencial.
Por procedencia geográfica, el mayor número de quejas llegaron de la Comunidad de Madrid (8.470), Andalucía (4.186), Valencia (3.973) y Cataluña (3.208). Se repite la situación de los últimos ejercicios, en los que estas cuatro comunidades ocuparon, en este mismo orden, la misma posición.
"Cambios orgánicos" en el IMV
Asimismo, sobre el Ingreso Mínimo Vital, Gabilondo ha indicado que "es necesario introducir cambios orgánicos". También se ha referido a los menores migrantes y ha recalcado que se precisa adoptar medidas legislativas. "Este asunto no puede depender sólo de la buena voluntad de las comunidades autónomas, sino del compromiso de España con la Convención de los Derechos del Niño", ha destacado.
