MURCIA (EFE). Ni antes Gobierno regional ni tampoco ahora el Parlamento autonómico. El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de la Asamblea Regional de Murcia contra la Ley de Amnistía, la norma que creó el Gobierno de España para conceder el 'perdón jurídico' a los encausados del procés y que en 2023 propició la investidura del presidente Pedro Sánchez. 

Hace un mes, el Alto Tribunal tampoco atendió la reclamación del Ejecutivo de la Región de Murcia y, en línea con otros recursos presentados, destimaba el recurso de la Comunidad interpuesto contra la Ley de Amnistía, un texto que avaló el pasado mes de junio. 

Cuatro votos particulares

Ahora, la corte de garantías informa de que ha desestimado todas las objeciones que planteaba el recurso del Parlamento murciano, tal y como ha venido ocurriendo desde que rechazara aquel del PP, que fue el primero que desestimó y sentó la jurisprudencia para aplicar al resto, según informa la Agencia Efe. Lo ha hecho, como suele ser habitual, por una mayoría de seis votos a favor de la mayoría progresista frente a cuatro votos en contra del bloque conservador, que considera la norma inconstitucional y así lo plasmará en votos particulares.

Cabe recordar que la Cámara regional acordó, en julio de 2024, la presentación de inconstitucionalidad. La decisión fue votada por PP y Vox.

Sin embargo, un año y medio después el tribunal resuelve y expone que los motivos de inconstitucionalidad formulados por la Asamblea Regional son básicamente coincidentes con algunos de los ya resueltos en las sentencias anteriores, por lo que unas impugnaciones son rechazadas por "aplicación de doctrina" y otras "por pérdida sobrevenida de objeto".

Por eso, el fallo no introduce ningún matiz nuevo respecto de la norma, que cuenta con hasta 20 impugnaciones en el tribunal, entre recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, de las cuales ha resuelto ya una decena, entre ellas, los recurso del PP y las cuestiones de inconstitucionalidad que elevó el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.