MURCIA. Al borde de la bocina, ya que el plazo expiraba este miércoles, el Gobierno murciano activa el botón judicial y lleva la amnistía al Constitucional. Así lo ha anunciado este lunes el presidente murciano, Fernando López Miras, quien confirmó que el Gobierno autonómico presenta este lunes el recurso de inconstitucional contra la Ley de Amnistía, que ha tildado de "vergonzosa" porque genera "más desigualdad entre españoles" y "vulnera la separación de poderes". 

"No vamos a permitir que se genere más desigualdad entre españoles ni que se puedan cometer delitos en función de dónde se viva o a quién se vote", expresó el mandatario en declaraciones al programa Herrera en COPE.

Murcia, que ya lo aprobó hace un año en el Consejo de Gobierno, se une así a la lista de comunidades del PP que también este lunes han anunciado el registro de sus recursos de inconstitucionalidad conta la ley de gracia contra los encausados del procés. Además de la Región, lo han hecho también Madrid, Aragón, Andalucía y Cantabria. Y se espera que la Comunidad Valenciana registre esta tarde su texto.

"Afecta al modelo del Estado"

El Ejecutivo murciano, por su parte, considera que la Ley de Amnistía "afecta al modelo constitucional del Estado compuesto español y los principios fundamentales que lo sustentan del que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia forma parte". 

En un comunicado, fuentes del Gobierno regional esgrimen que la norma "pretende declarar inexistentes las consecuencias jurídicas derivadas de actuaciones contrarias a la configuración constitucional del Estado y que han sido declaradas por los tribunales de justicia". Además, añaden, "la ley prevé la exoneración de la responsabilidad contable y la eliminación del efecto restitutorio, lo que implica un menoscabo de las finanzas públicas que indirectamente afectan al resto de España y, por tanto, a la Región de Murcia, lo que supone una infracción del derecho de la Unión Europea".

Desde el Gobierno regional arguyen que la Constitución Española de 1978 "no hace mención alguna a la institución de la amnistía, y sí prohíbe expresamente los indultos generales". Aluden, por tanto, "la amnistía no tiene amparo en la Constitución, quien prohíbe lo menos prohíbe lo más". Y, según detallan, hay hasta seis principios fundamentales que se vulnerarían "de forma flagrante" si la ley "se admitiera su encaje en la Constitución"