MURCIA (MP / EP). El atasco judicial se cronifica en la Región de Murcia. Las cifras son históricas, nunca antes vistas. El pasado 2023 terminó con 179.188 pleitos y litigios sin resolver en los juzgados murcianos, un dato que supera en un 27% el registro del año anterior, que se saldó con 141.211, según la estadística oficial publicada este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Estos números significan que cada juzgado (cada órgano judicial, para ser preciso) soporta una media de 1.120 asuntos (entre litigios y pleitos) sin culminar, atascados en su recta final.

Hay que tener en cuenta que 2023 ha sido un año convulso para el mundo judicial, ya que se ha visto afectado por varias huelgas. Primero por los sucesivos parones de los letrados de la Administración de Justicia (desde enero hasta marzo) y luego por las protestas de los funcionarios (desde abril hasta julio). De hecho, desde el TSJ ya avisaban en el tercer trimestre de que la previsión era aumentar en un 30% la pendencia de este 2023. Finalmente ha sido un 27% en el caso de la Región.

Todos estos conflictos han tenido su repercusión: miles de procedimientos han quedado paralizados y muchos abogados y procuradores han padecido sus consecuencias. "La Justicia nunca ha sufrido un desprestigio tan grande", lamentaban desde el Colegio de Abogados cartageneros en un reportaje de este periódico. 

"Las huelgas han sido la puntilla"

A los efectos de las huelgas se unen los conocidos problemas endémicos de la Justicia, lastrada por la falta de recursos, como así reivindicaban jueces y fiscales en cada apertura del año judicial. O como diría el presidente del TSJMU, Miquel Pasqual del Riquelme, "las huelgas han sido la puntilla para la Administración de Justicia regional",  pues "la paralización del primer semestre ha venido a coadyuvar para llegar a la dramática situación actual".

Así las cosas, el resultado son cifras demoledoras (un calificativo que se puede considerar objetivo a la luz de las estadísticas). Los 179.188 de 2023 y los 141.211 de 2022 superan, por descontado, los niveles más elevados de la pandemia, cuando las restricciones sanitarias agravaron aún más el retraso judicial. Sirva como ejemplo que en el año del confinamiento, en 2020, se cerró con 127.443 juicios sin resolver. 2021, por el contrario, hubo una tímida mejoría, al finalizar en 125.380.

Antes de la irrupción del coronavirus, la cuantía ya era alta, ya que 2019 terminó con 115.643. No en vano, se ha ido incrementando de forma vertiginosa con el paso de los años, pues 2018 se saldó con 101.462 y 2017 con 95.118 asuntos pendientes. Es decir, los litigios y los pleitos en trámite han crecido un 42,4% desde 2017 hasta 2022. Y desde 2017 hasta 2023 la cifra asciende a la friolera del 88%, lo que pone en evidencia la carga de trabajo que afrontan los funcionarios de la Justicia.