El Ayuntamiento de Cartagena ha dado un nuevo paso urbanístico para desbloquear dos proyectos inmobiliarios en pleno casco histórico tras publicar en el BORM los informes ambientales estratégicos favorables de los planes especiales para los solares de Plaza del Rey 17 y calle Medieras 7. Ambos expedientes concluyen que las actuaciones proyectadas “no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente”, por lo que no deberán someterse a una evaluación ambiental ordinaria.

Los acuerdos fueron aprobados por unanimidad en la Junta de Gobierno Local celebrada el 29 de abril y publicados ahora oficialmente por el área de Urbanismo que dirige Diego Ortega. En ambos casos, los informes ambientales corresponden a procedimientos de evaluación ambiental estratégica simplificada ligados a futuros desarrollos urbanísticos promovidos por empresas privadas en el centro de Cartagena.

En el caso de Plaza del Rey 17, el expediente afecta a un proyecto promovido por la mercantil Grupo Atalaya 2009 SL para la construcción de un edificio de viviendas y bajo comercial. El Ayuntamiento había dejado sin efecto en julio de 2025 la aprobación inicial anterior al perder vigencia el informe ambiental, obligando a reiniciar toda la tramitación ambiental.

Tras reiniciar el procedimiento, el Departamento de Planificación Ambiental emitió un nuevo informe favorable concluyendo que el plan especial no generará impactos ambientales relevantes siempre que antes de su aprobación definitiva se incorporen las medidas correctoras y condiciones derivadas de los informes sectoriales y municipales.

La misma conclusión alcanza el expediente del solar de calle Medieras 7, promovido por la sociedad Medieras Cuatro SL. El informe ambiental estratégico determina igualmente que la propuesta urbanística no prevé efectos significativos sobre el medio ambiente y podrá continuar su tramitación ordinaria sin necesidad de evaluación ambiental estratégica completa.

Los acuerdos publicados en el BORM recuerdan además que estos informes ambientales no pueden ser recurridos de forma independiente, aunque sí cabrán recursos posteriores contra la aprobación definitiva de los planes especiales. Asimismo, advierten de que los informes perderán su vigencia si los proyectos no son aprobados definitivamente en un plazo máximo de cuatro años desde su publicación oficial.