El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cartagena ha dado la razón a José López (exlíder de MC y exalcalde de Cartagena) y ha declarado nulos los cargos y delegaciones otorgados en 2021 a los seis ediles expulsados del PSOE (Ana Belén Castejón, Juan Pedro Torralba, David Martínez, Irene Ruiz, Alejandra Gutiérrez y Mercedes García) que continuaron en el gobierno municipal junto a PP y Ciudadanos.

El juez ha dictado una sentencia que supone un fuerte varapalo para el Ayuntamiento de Cartagena. El fallo considera contrarios a la ley los nombramientos y delegaciones que la alcaldesa Noelia Arroyo (PP) mantuvo en 2021 a favor de los exconcejales socialistas que habían sido expulsados del PSOE por pactar con el Partido Popular y Ciudadanos en 2019.

La resolución señala que esos ediles, ya como “no adscritos”, no podían seguir ocupando cargos de gobierno ni percibir las mismas retribuciones que cuando pertenecían al PSOE, porque la ley impide que los tránsfugas sean recompensados con poder político o económico.

El recurso fue presentado por José López Martínez, portavoz entonces de Movimiento Ciudadano de Cartagena (MC), quien denunció que el Ayuntamiento había vulnerado la ley al mantener en sus puestos a los exsocialistas Ana Belén Castejón, Juan Pedro Torralba, María Irene Ruiz, David Martínez, Alejandra Gutiérrez y Mercedes García.

El juez respalda esa denuncia y afirma que los decretos de la alcaldía y los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de junio y julio de 2021 “no son conformes a derecho”. Por ello, declara nulas todas las delegaciones y nombramientos que beneficiaron a los concejales expulsados del PSOE y condena al Ayuntamiento a pagar las costas del proceso, fijadas en 500 euros.

En su razonamiento, el magistrado cita la doctrina del Tribunal Supremo, que prohíbe que un concejal no adscrito pueda recibir nuevos cargos, sueldos o responsabilidades que impliquen una mejora respecto a su situación anterior.

La sentencia, dictada el 5 de noviembre de 2025, puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, pero mientras tanto representa un nuevo reconocimiento judicial a la posición de MC Cartagena, que desde 2019 ha venido denunciando la “anomalía democrática” que supuso mantener en el gobierno a los exsocialistas tras su expulsión del partido.

Tras un primer traspié judicial a la denuncia de MC, el partido presentó un recurso de apelación y denunció "ilegalidades flagrantes y contrarias a la doctrina del Tribunal Supremo como es la concesión por parte de Noelia Arroyo de cargos y generosos sueldos a concejales tránsfugas para conseguir su investidura".