La reunión a tres bandas que han mantenido la Demarcación de Costas, la administración municipal de Cartagena y los representantes de los empresarios de la hostelería ha terminado tal y como empezó, mal. Probablemente con más dudas que certezas y con un verano que, aunque no ha llegado de manera oficial, sí que se puecde considerar como tal en el aspecto turístico, que se tiñe de negro para aquellos chiringuiteros que esperaban que la administración estatal fuera capaz de negociar algunas de las condiciones que los hosteleros creen insalvables para montar sus establecimientos.

Entre las nuevas condiciones que denuncian destacan la obligación de mantener una separación mínima de 50 metros entre los quioscos y las zonas de hamacas, y de 100 metros respecto a otras hamacas, así como la reducción del período autorizado para abrir, que ahora se limita del 1 de marzo al 15 de noviembre, en lugar de hasta el 31 de diciembre como en temporadas anteriores. Además, Costas prohíbe la instalación de almacenes anexos, obliga a situar los aseos a una distancia mínima de seis metros del resto de la instalación y limita o elimina zonas con sombra fija, terrazas y pasarelas. Estos cambios, introducidos sin la suficiente antelación según los empresarios, están obstaculizando la planificación y puesta en marcha de los servicios de playa.

Tras el encuentro de hoy, el Ayuntamiento de Cartagena y  representantes del sector de la hostelería y de las actividades náuticas han reiterado a Costas que revise los cambios de criterio que han introducido este año en el proceso de concesión de chiringuitos e instalaciones náuticas en las playas.

Esta exigencia se ha planteado al Jefe de Demarcación de Costas, Daniel Caballero, en una reunión mantenida en el Palacio Consistorial, en la que se han producido algunos avances, aunque no se han alcanzado ninguna solución al fondo del problema, según la alcaldesa, Noelia Arroyo.

Arroyo ha calificado este encuentro de “necesario” ante el “cambio de criterio” que afecta a decenas de negocios y que podría comprometer la calidad del servicio turístico en la temporada estival. Por ello, se ha solicitado que se estudie caso a caso para buscar la mejor solución en el menor plazo de tiempo posible.

La regidora ha señalado que se está aplicando una interpretación restrictiva de la Ley de Costas, que está generando inseguridad jurídica y paralización de la actividad. “Los empresarios quieren cumplir la ley, pero no saben a qué atenerse. Por eso pedimos a Costas que responda por escrito a las dudas que les hemos trasladado y que trabajemos con colaboración y lealtad institucional”, ha añadido.

Arroyo ha expuesto que las nuevas condiciones son “insostenibles” y ha adelantado que el Consistorio no descarta estudiar cualquier figura jurídica que le permita planificar los usos urbanos de las playas con mayor autonomía para el futuro.

En la reunión han participado los representantes de Hostecar y de la Estación Náutica Costa Cálida. José Luis Gestoso, vicepresidente de Hostecar, ha lamentado que la reunión haya concluido “sin respuestas claras” por parte de Costas, pues “no entendemos que una misma ley se interprete de forma diferente de un año a otro. El año pasado se permitió colocar hamacas, almacenes y pasarelas sin problemas, y ahora no. Eso supone un grave perjuicio para nuestros asociados”.

Gestoso ha reiterado el compromiso del sector con la legalidad, pero ha pedido una solución urgente que permita un verano “lo más normal posible”. “Seguimos trabajando de la mano con el Ayuntamiento para intentar que se puedan desarrollar las actividades con total normalidad en nuestras playas”, ha asegurado.

Por su parte, David Caro, presidente de la Estación Náutica Costa Cálida, ha subrayado que el cambio de criterio en la interpretación de la norma está afectando gravemente a los empresarios náuticos: “Estamos en una costa con unas condiciones idóneas para desarrollar actividades náuticas durante todo el año, y lo lógico sería que las administraciones apoyaran al sector en lugar de poner trabas”.

Caro ha explicado que durante la reunión se han planteado numerosos casos concretos, pero

Ha insistido en que es necesario facilitar los trámites de licitación y autorización para que los empresarios puedan operar con normalidad y ofrecer un servicio adecuado a los turistas y residentes.

Costas recuerda que la ley no ha cambiado y culpa al Ayuntamiento del problema con los hosteleros

Por su parte, desde Demarcación de Costas, explican, en un comunicado que Costas no ha cambiado de criterio ni realiza ninguna interpretación novedosa de la ley, "pues ésta es la misma desde hace años y su responsabilidad, como la de cualquier otra administración, es velar por su obligado cumplimiento".

 Lo que está haciendo Costas "es ayudar", siempre bajo el cumplimiento de la ley, "a resolver un problema generado exclusivamente por el ayuntamiento. Y por eso el jefe de la Demarcación ha tenido que explicarles hoy a los hosteleros cuáles son sus limitaciones legales en el montaje de los establecimientos, pues no eran realmente conscientes".

Como resultado de la reunión de hoy y de la voluntad expresa de Costas "de ayudar a resolver un problema ajeno a su responsabilidad, el organismo estatal se ha comprometido a revisar y flexibilizar algunos criterios técnicos siempre y cuando el ayuntamiento presente un estudio que lo justifique, con casos y necesidades concretas, y garantice que va a velar por su cumplimiento”

Todo este proceso y las dudas generadas se hubieran resuelto con anterioridad "si el ayuntamiento de Cartagena, a quien Costas remitió toda la información en octubre de 2024, hubiera informado de ello en el pliego de condiciones del concurso".

Los socialistas culpan a la inacción del Gobierno local de los problemas actuales en los chiringuitos

El Grupo Municipal Socialista denuncia que la alcaldesa Noelia Arroyo ha perdido cinco años para elaborar el Plan de Ordenación de las Playas del municipio, que debe regular el desarrollo y uso de las zonas costeras, estableciendo qué se puede instalar, cuándo y dónde, así como el uso de las diferentes infraestructuras, siempre cumpliendo la Ley 8/2020, de 30 de julio, de Protección y Ordenación del litoral.

“Muchos ayuntamientos de otras comunidades tienen desarrollado este Plan desde hace años. Si el nuestro hubiera hecho los deberes, no tendríamos los problemas actuales que sufren los chiringuitos, pero el equipo de Arroyo siempre deja para mañana la gestión y son nuestros vecinos y empresarios los que pagan las consecuencias. Esta plan dejaría muy clara toda la normativa y no existirían los problemas que se están produciendo actualmente”, destaca el portavoz socialista, tras la reunión mantenida esta mañana con el equipo de Gobierno y los empresarios de los chiringuitos.

El portavoz socialista ha señalado que este encuentro debería haberse celebrado hace muchos meses, tal y como habían solicitado desde la Demarcación de Costas y los empresarios del sector.

Torres también reclama a Arroyo mayor implicación municipal en el control de estos establecimientos costeros. “Por poner sólo algunos ejemplos, la ley establece que los aseos tienen que ser públicos. Si el Ayuntamiento se encargara de controlar que son públicos, Costas podría relajar los requisitos y no  que tomar medidas, como separarlos del chiringuito, para que los usuarios de la playa lo sepan y puedan utilizarlos”, precisa Torres.