El pasado pleno municipal de Cartagena del mes de noviembre acabó a las ocho y media de la tarde. Se convirtió en una sesión -otra más- maratoniana repleta de mociones, preguntas, ruegos que sumaron cerca de 100 puntos a discutir, además de las correspondientes daciones de cuentas para el debate de la Corporación municipal.

El asunto no es tanto la duración de la sesión, que por supuesto se eterniza, sino también la necesidad de llevar asuntos que podrían ser resueltos con una comunicación interna diaria y efectiva entre concejales de gobierno y oposición. Es normal, por tanto, que para ganar fluidez, efectividad y concreción se hayan planteado todo tipo de propuestas, como la legislatura pasada en la que se decidió poner un cronómetro en el que se controlaba el tiempo de intervención, réplica, segunda toma de palabra o cierre de los que debaten. Aun así, los plenos son más y más largos, y ni siquiera los propios políticos son capaces de mantener el ritmo, el pulso, el debate o la iniciativa cuando una sesión arranca a las ocho y media de la mañana y finaliza doce horas después.

Ante esta situación, se han puesto sobre la mesa diferentes opciones, que son las que están funcionando en otros lugares con más o menos éxito pero, sobre todo, con mayor habilidad y celeridad para el desarrollo de los plenos.

Los ayuntamientos aplican fórmulas muy distintas para evitar que los plenos se alarguen en exceso, aunque la mayoría se decanta por limitar el número de iniciativas que cada grupo puede presentar. Grandes ciudades como Madrid y Barcelona fijan un máximo de seis intervenciones por grupo en cada sesión, mientras que otros municipios introducen topes más detallados según el tipo de propuesta. Valencia, por ejemplo, reparte su cupo entre mociones, interpelaciones y preguntas, y establece límites específicos para los concejales no adscritos.

En otros lugares, como Cádiz, San Sebastián, Las Gabias, Torrejón de Ardoz o Benejúzar, el modelo es más simple: se permite un número reducido de mociones por pleno, generalmente dos o tres, aunque con particularidades según el tamaño de los grupos o el tipo de iniciativa. San Vicente del Raspeig combina límites por grupo con restricciones individuales para ruegos y preguntas, mientras que Ciempozuelos aplica un esquema mixto muy similar.

Algunas ciudades adoptan un enfoque diferente y no restringen las iniciativas, sino la duración total del pleno. Coria del Río marca un máximo de seis horas por sesión, Cuenca fija ocho horas y Santa Brígida reduce el tiempo permitido a cuatro. Todo lo que no dé tiempo a tratar debe convocarse en una nueva sesión. Este sistema pretende asegurar que los plenos no se eternicen y se desarrollen dentro de horarios razonables.

Incluso existen casos polémicos, como el de Arafo, cuyo límite a ruegos y preguntas por grupo –y el trato diferenciado a los no adscritos– fue rechazado por el Defensor del Pueblo. En conjunto, los distintos modelos muestran que cada municipio busca equilibrar el derecho de participación política con la necesidad de mantener sesiones más ágiles y operativas.

Quejas por un lado, propuestas por otro

Pero, como era de esperar, aquí, en Cartagena, este asunto no ha caído igual de bien a todo el mundo. Los proponentes, es decir Partido Popular, dice que  la situación “no tiene ningún sentido y los propios concejales lo saben”, por lo que el gobierno ha pedido propuestas a todos los grupos con el fin de introducir criterios de racionalidad en el funcionamiento del pleno. Aun así, lamentó que “Movimiento Ciudadano, una vez más, ha salido corriendo a quejarse a la prensa” en lugar de participar en la búsqueda de soluciones.

El portavoz municipal de los populares, Nacho Jáudenes, recordó que otros ayuntamientos evitan estos abusos mediante límites al número de iniciativas o a la duración de las sesiones. “Se hace en Madrid, Barcelona o Valencia; lo hacen en Cádiz o en Almería”, indicó, y añadió que resulta razonable “poner un poco de lógica, evitar sesiones maratonianas que obligan a movilizar medios municipales durante todo un día sin necesidad y sin beneficio para los cartageneros”.

El portavoz y líder de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, ha denunciado la propuesta, comunicada en una Junta de Portavoces convocada sin publicidad y sin aparecer en la agenda municipal, que "pretende limitar a una moción y una pregunta por concejal la capacidad de iniciativa de los ediles, coartando la labor de fiscalización de la oposición y silenciando a los portavoces municipales".

“Reducir mociones y preguntas es censura”, afirma Giménez Gallo, añadiendo que “los portavoces no estamos para callar, sino para fiscalizar y representar a los vecinos”. “Arroyo quiere convertir el Pleno en un escaparate vacío, porque no soporta que se le recuerde su gestión errática, de pan y circo, de titulares vacíos”, señala.

El líder cartagenerista ha subrayado que la propuesta llega pasado el ecuador del mandato, cuando la alcaldesa ha comprobado que no obtiene rédito político de los plenos, enfrentándose a una oposición que le afea sus incumplimientos y su falta de modelo. “Cambiar las reglas del juego ahora no responde a una necesidad institucional, sino al intento de silenciar a la oposición y blindarse frente a la crítica”, sostiene.

Giménez Gallo recuerda que MC planteó una medida similar al inicio del mandato, pero fue rechazada incluso por Vox, que ahora se ha convertido en comparsa del PP dentro del Gobierno local. “Lo que antes era inaceptable, ahora lo apoyan porque forman parte del mismo bloque de poder”, denuncia. “Es la prueba de que Arroyo no busca mejorar el funcionamiento del Pleno, sino acallar voces incómodas”, incide.

El portavoz de MC ha comparado la situación actual con etapas anteriores de la política municipal: “Con MC en el Gobierno entre 2015 y 2017 hubo pluralidad, participación y transparencia; sin embargo, en la época de Pilar Barreiro ni se debatían las mociones, y ahora, con Arroyo, vuelve la opacidad y el oscurantismo”.

Además, Giménez Gallo afirma que “Noelia Arroyo da un paso más en su deriva antidemocrática y hoy nos ha propuesto en una Junta de Portavoces, que ni siquiera ha incluido en la agenda municipal, que presentemos propuestas para limitar nuestras propias iniciativas”. “Exactamente lo que ya hizo vaciando las juntas municipales de contenido recortando la participación con los 14 votos que tiene en el Pleno, porque a su gobierno ni le gusta ni es capaz de rendir cuentas”, recalca.

El portavoz añade que “desde el inicio del mandato le propusimos una reforma seria y completa del reglamento orgánico del Pleno y la alcaldesa del PP la rechazó”. “Ahora pretende imponerla por la fuerza, con o sin el apoyo de la oposición y de Vox, fiel comparsa que incluso ha sugerido que con una iniciativa por concejal les basta”. “Vista su aportación, quizá hasta les sobre, pero MC Cartagena no va a avalar que se cambien las reglas del juego en mitad de la partida”, añade el líder de MC.

“Arroyo quiere luces y conciertos, mostrarse como si fuera una estrella y lo que no quiere es debate, control ni oposición; y eso es exactamente lo que MC va a seguir ejerciendo, porque Cartagena no puede permitirse una alcaldesa que se cree la reina de corazones”, concluye Giménez Gallo.

El gobierno municipal mantiene abierta la negociación con los grupos para aplicar medidas que ordenen el funcionamiento del pleno y reduzcan la carga de iniciativas sin menoscabar la labor de control y propuesta de la oposición.