Este próximo mes de enero se convierte en el mes clave que puede decidir el nuevo orden urbano de Cartagena para los próximos decenios. En principio, tal y como ha anunciado el Gobierno municipal, el próximo 28 de enero se aprobará provisonalmente el PGOU en Pleno municipal, lo que conllevará también un periodo de exposición pública. Posteriormente, deberá producirse la aprobación definitiva por parte de la CARM.
Las semanas siguientes se anuncian trepidantes por las reuniones y encuentros que se producirán entre políticos de distintos signos, instituciones, vecinos y colectivos que han presentado alegaciones. En estos encuentros, el equipo de Gobierno tratará de encontrar “el mayor consenso posible”, tal y como aclaró el concejal de Urbanismo, Diego Ortega, en rueda de prensa. Porque, como subrayó, aunque cuentan con mayoría suficiente para aprobarlo gracias a su pacto con Vox, el objetivo es que “haya el mayor consenso posible y, si es aprobado por unanimidad, mejor”.
Hasta la fecha, se han presentado 1.600 alegaciones por parte de colectivos vecinales, empresariales, políticos y particulares, que serán debatidas y admitidas o rechazadas a lo largo de este mes. El reto, añadió Ortega, es que el nuevo PGOU esté en marcha antes de que finalice la legislatura, teniendo en cuenta que las elecciones municipales se celebrarán en la primavera de 2027, por lo que la aprobación provisional se convierte en un paso clave para desbloquear su tramitación.
El nuevo PGOU de Cartagena prevé un crecimiento tanto en la ciudad como en las diputaciones, con ampliaciones que evitan las zonas inundables marcadas por la Confederación Hidrográfica del Segura. El desarrollo de 80.000 nuevas viviendas elevaría el parque residencial hasta 230.000 viviendas, suficientes para una población potencial de 630.000 habitantes.
Los colectivos sociales, vecinales y ecologistas manifestaron una fuerte preocupación por este modelo de crecimiento. Ecologistas en Acción consideró que la previsión de viviendas suponía un incremento demográfico desproporcionado, con capacidad para más que duplicar la población actual, y advirtió de que el planeamiento no garantizaba un urbanismo hídricamente sostenible ni recursos básicos suficientes, como el abastecimiento de agua, los equipamientos o la calidad de vida.
Desde una posición distinta, la Cámara de Comercio de Cartagena defendió un desarrollo urbano compatible con la normativa vigente, que permitiera avanzar proyectos en marcha y favorecer el crecimiento ordenado de los núcleos rurales. Reclamó el reconocimiento formal de los suelos urbanos en ejecución y propuso destinar zonas periféricas y del frente marítimo a usos residenciales para revitalizar espacios estratégicos vinculados al puerto.
Las asociaciones vecinales, a través de la FAVCAC, pusieron el acento en la revisión del planeamiento heredado. Plantearon la caducidad de PERIs y unidades de actuación paralizadas desde hace más de quince años, con el fin de elaborar nuevas propuestas más acordes con las necesidades vecinales. En la misma línea, la Federación de Vecinos defendió que ámbitos con altos niveles de contaminación, como El Hondón, pasaran a ser espacios libres o zonas verdes no urbanizables, al menos hasta contar con estudios técnicos concluyentes.
Por su parte, MC Cartagena cuestionó la veracidad del anuncio de las 80.000 viviendas, al considerar que muchas se localizaban en suelos industriales o degradados cuya urbanización no sería viable a medio o largo plazo. También criticó el modelo propuesto para el litoral del Mar Menor, al entender que no estaba suficientemente justificado y al denunciar la creación de una gran bolsa de suelo urbanizable en zonas sensibles, mientras se limitaba el desarrollo de otros núcleos consolidados.
En relación con el Mar Menor, el nuevo PGOU introdujo una reducción significativa del suelo edificable, con la desclasificación de grandes desarrollos urbanísticos históricos y una mayor protección ambiental. Ecologistas en Acción valoró este cambio, pero reclamó una moratoria temporal de nuevos desarrollos hasta la aprobación definitiva del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente, así como medidas para controlar la actividad agrícola y mejorar la gestión de las aguas pluviales y residuales.
En conjunto, las alegaciones reflejaron un debate profundo sobre el modelo de ciudad y de comarca que debía definir el PGOU. Con más de 1.600 aportaciones registradas, el proceso puso de manifiesto la dificultad de conciliar crecimiento urbanístico, sostenibilidad ambiental, cohesión social y desarrollo económico en un documento llamado a marcar el futuro del municipio y su entorno.
