La Junta de Gobierno de Cartagena ha abierto un nuevo capítulo en la gestión interna del Ayuntamiento. Sobre la mesa, un ajuste que afecta directamente al futuro de sus trabajadores: la modificación de más de un millón de euros en el presupuesto para reforzar el plan de pensiones y responder a indemnizaciones derivadas de acuerdos laborales pasados.

La decisión no llega de la nada. Durante años, el Consistorio había facilitado prejubilaciones anticipadas a sus funcionarios mediante un seguro colectivo con Mapfre Vida. Era una práctica consolidada desde 2019, pero el Consejo Jurídico de la Región de Murcia encendió la luz roja: no había cobertura legal. Y las últimas sentencias judiciales no han hecho más que reforzar esa advertencia.

El Ayuntamiento, atrapado entre la obligación de cumplir la norma y la necesidad de no dejar en el aire a quienes habían planificado su salida, ha tenido que mover ficha. La solución ha sido negociar con la Junta de Personal y sustituir los antiguos incentivos por un sistema más transparente: aportaciones extraordinarias al fondo de pensiones.

El mecanismo es sencillo en su forma, pero relevante en su fondo. Quien haya dedicado 30 años de su vida laboral al Ayuntamiento recibirá 8.500 euros en cada uno de los dos últimos años de servicio. Como una despedida ordenada, no exuberante, pero sí justa, a quienes han estado décadas empujando la maquinaria municipal.

En la práctica, esto significa revisar los acuerdos de prejubilación firmados en 2019, 2022 y 2023, y adaptarlos a un marco que no choque con la legalidad. El Consistorio busca así cerrar una etapa con más sombras que certezas y abrir otra en la que la jubilación de sus trabajadores se gestione con seguridad jurídica.

En resumen, Cartagena entierra un sistema que los tribunales han tachado de irregular y levanta otro que intenta equilibrar la balanza: cumplir la ley, sí, pero también reconocer el trabajo y la dedicación de quienes han pasado buena parte de su vida al servicio de lo público municipal.