La Comunidad de Propietarios del Caravaning La Manga atraviesa una situación económica muy delicada. En este momento hay facturas sin pagar por un total de 522.361 euros, avisan a los moradores de las casas y demás dueños de parcelas desde la Comunidad de Propietarios.

En concreto, se deben 71.684 euros a Endesa por el suministro eléctrico y 450.677 euros a Hidrogea por el agua. Frente a esta cantidad, la comunidad solo dispone actualmente de 77.882 euros en caja.

Las dos compañías han avisado claramente: si no se paga la deuda o no se llega a un acuerdo de pago en los próximos días, podrían cortar la luz y el agua.

No es la primera vez que ocurre algo parecido. En julio de 2025, la empresa Caravaning Costa Cálida, S.L., aunque ya había cesado su actividad y tenía las parcelas precintadas por orden municipal, adelantó 196.193 euros para evitar que se cortara el agua. Gracias a ese pago se pudo mantener el suministro en ese momento.

Ahora esa empresa ya no puede seguir adelantando dinero porque no tiene fondos. Además, la propia Comunidad le debe actualmente 728.764 euros.

A esto se suma otro problema: los propietarios que no han pagado sus cuotas. A día de hoy, la deuda acumulada por cuotas impagadas asciende a 704.376,42 euros.

La situación es clara: si no se ingresan cuotas y no se reduce la deuda, existe un riesgo real de que se corten servicios básicos como la luz y el agua, lo que afectaría a todas las familias del complejo.

Desde la Comunidad se pide a los propietarios que tengan recibos pendientes que los paguen lo antes posible para evitar consecuencias que perjudicarían a todos.

Viviendas habituales a pesar de la ley

Y mientras esto sucede en una instalación que, recordemos, casi la mitad del Caravaning es de pequeños propietarios que se han levantado su vivienda, el Ayuntamiento de Cartagena sigue a la espera de que solucionen las deficiencias graves en la red eléctrica, dificultades de acceso para los servicios de emergencia, ausencia de medios adecuados de protección contra incendios, y carencias en la red de abastecimiento de agua y saneamiento.

Las obras no se han llevado a cabo todavía, por lo que el problema sigue latente mientras allí viven alrededor de un centenar de familias -muchas de ellas con su certificado de empadronamiento- en las parcelas libres del Caravaning. Hay que recordar que el Decreto 193/2022, que desarrolla la Ley de Turismo de la Región de Murcia, indica que la ocupación de las parcelas o zonas de alojamiento en campings es siempre temporal y no puede ser superior a 12 meses. Después de ese periodo, si se quiere volver a ocupar la misma parcela, debe transcurrir, al menos, un mes completo desde que terminó la estancia anterior antes de iniciar una nueva.

Esto significa que, en términos legales, no se permite vivir de forma continua y permanente en una parcela de camping; la ley entiende que su finalidad es el alojamiento turístico o de uso temporal, no una residencia habitual.

Aunque urbanísticamente no están regladas todas estas viviendas del camping, nos podemos encontrar anuncios en las redes sociales en las que algunos propietarios ponen el alquiler sus caravanas haciendo negocio de manera ilegal.