CARTAGENA (EP). El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha exigido este jueves al Gobierno de España la activación de "todos los recursos que tenga, incluso los medios militares", para que desempeñen labores de vigilancia y ejerzan un efecto disuasorio frente al incremento de la llegada de narcolanchas con inmigrantes a las costas de la Región de Murcia.
Asimismo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha reclamado de manera urgente incrementar la ayuda de la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para gestionar la crisis migratoria actual.
Estas demandas se han producido tras la reunión de un Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en el Palacio Consistorial de Cartagena y el posterior encuentro mantenido por López Miras y la alcaldesa de la ciudad, Noelia Arroyo, con representantes de organizaciones y asociaciones profesionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
El presidente autonómico ha calificado la situación en el litoral de "intolerable e inadmisible" y ha denunciado que la Región está asistiendo a una "escalada constante" en la que las mafias operan con "total impunidad" mientras el Ejecutivo central permanece "ausente e impasible".
"Pedimos protección y seguridad"
"No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo protección y seguridad. Estamos pidiendo que los ciudadanos de la Región de Murcia tengan la misma seguridad que cualquier otro ciudadano de España", ha enfatizado, tras advertir que "cuando el Estado no controla sus fronteras, el problema deja de ser exclusivamente migratorio y se convierte también en un problema de seguridad y de gestión pública".
Durante su intervención, López Miras ha hecho hincapié en que los desembarcos registrados durante los últimos seis días no se corresponden con las pateras o cayucos tradicionales. Según ha detallado, se trata de embarcaciones rápidas de unos 1.400 caballos de potencia, tripuladas por personas "encapuchadas" que dejan a los ocupantes en la costa en perfecto estado de salud y huyen con "absoluta impunidad" sin ser interceptadas.
En este sentido, ha criticado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no dispongan de los medios necesarios para anticiparse ni detectar estas entradas, y ha señalado que la única patrullera de la Guardia Civil en la zona estaba averiada y que la embarcación de sustitución enviada por el Gobierno central no reúne las condiciones para ser efectiva.
"No podemos aceptar que una comunidad autónoma tenga que afrontar en soledad un problema que corresponde al Estado", ha aseverado, tras denunciar que "el Gobierno se fue de vacaciones consciente de que no había medios para combatirlas".
Durante su intervención, López Miras ha trasladado su "respaldo absoluto" a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional que trabajan "en primera línea" y "en unas circunstancias precarias", y ha insistido en que "ellos no pueden ser quienes paguen las consecuencias de la falta de respuesta del Gobierno de España".
Ante esta situación, López Miras ha alertado de que el refuerzo de efectivos en el Estrecho de Gibraltar y Andalucía está provocando un desplazamiento de las redes criminales hacia el litoral de la Región de Murcia. "Si se desprotege la Región de Murcia, todas esas mafias van a ir desplazándose y empezarán a operar cada vez con más intensidad aquí", ha advertido al respecto.
Por ello, ha urgido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a responder a la carta que le remitió el pasado domingo para concretar los efectivos materiales y humanos que destinará a la zona, tras expresar su rechazo a las "maniobras de distracción" empleadas por la Delegación del Gobierno.
"La seguridad no se improvisa, la seguridad se previene, se planifica y se garantiza", ha remarcado.
En cuanto a las cifras de llegadas, López Miras ha afirmado que en lo que va de año han sido acogidos en la Región más de 500 menores no acompañados --"el doble que el año pasado", según ha remarcado--, y ha apuntado que, según datos recabados en la reunión con los agentes, se baraja que en estos ocho meses la cifra está por encima de los 2.000 migrantes llegados por mar.
Asimismo, el jefe del Ejecutivo regional ha defendido la necesidad de activar los mecanismos de devolución a los países de origen para quienes entran de forma ilegal, insistiendo en que "los menores tienen que estar con sus familias y con sus padres", y ha criticado que el Estado intente descargar esa responsabilidad en las comunidades autónomas.
Además, ha mostrado su inquietud por la falta de control e información una vez transcurridas las 72 horas de estancia obligatoria de los migrantes en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Cartagena, para señalar que, tras ese plazo, "parece que se les abre la puerta y pueden deambular con total libertad".
Cartagena, "desastida"
Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha denunciado que el Gobierno de España está dejando la costa cartagenera "desasistida". Arroyo ha asegurado que las organizaciones profesionales han trasladado en la reunión las dificultades que afrontan tanto en el mar como en tierra para garantizar la seguridad y combatir a las organizaciones criminales por la falta de dotación presupuestaria y de recursos.
La regidora ha manifestado que la Administración municipal exigirá de inmediato la aportación de los efectivos y medios adecuados, al tiempo que ha remarcado que no va a permitir que Cartagena "se convierta en un destino coladero para la inmigración irregular por parte de las mafias y de las organizaciones criminales".
