La sentencia que declara nulos los cargos y delegaciones otorgados en 2021 a los seis exconcejales del PSOE -Ana Belén Castejón, Juan Pedro Torralba, David Martínez, Irene Ruiz, Alejandra Gutiérrez y Mercedes García- que se mantuvieron en el Gobierno municipal junto al PP y Ciudadanos podría tener consecuencias económicas y administrativas de gran alcance si se confirma por instancias superiores o si el Ayuntamiento decide no recurrirla.
Jesús Giménez Gallo, portavoz de MC, advierte de un “efecto dominó” que afectaría a múltiples decisiones firmadas por los ediles expulsados del PSOE entre junio de 2021 y junio de 2023. “Nos planteamos qué va a suceder con todas las sanciones de tráfico o de vía pública que se impusieron en ese periodo, porque fueron firmadas por un concejal de Seguridad que no debía ejercer como tal. La sentencia lo deja claro: esas sanciones se acaban de convertir en nulas de pleno derecho”, ha señalado.
En ese escenario, los ciudadanos podrían reclamar la devolución de las multas cobradas de forma irregular. “Los cartageneros podrán ponerse en cola en la puerta del Ayuntamiento para que Noelia Arroyo les devuelva lo que era ilegal, porque colocó a un concejal que no debía estar ahí”, ha apuntado.
Otro de los puntos que se analizaría durante la ejecución de la sentencia es el posible reintegro de los salarios percibidos por los concejales tránsfugas. En una estimación inicial, la cantidad a devolver podría alcanzar los 100.000 euros por edil, lo que supondría un total de 600.000 euros. “Esos concejales cobraron sus sueldos, pero quien los decretó y firmó fue Noelia Arroyo. Ella es la responsable última y primera de esas cantidades”, ha remarcado Giménez Gallo.
El portavoz también ha adelantado que se revisarán operaciones urbanísticas promovidas durante aquel mandato, como la compra del Teatro Circo o la del solar de Los Mateos, impulsadas por Ana Belén Castejón. “Vamos a estudiar si esas compras podrían considerarse ilegales para estar preparados cuando llegue el momento de la ejecución de la sentencia”, ha dicho.
Finalmente, ha recordado que las dietas cobradas por los exconcejales en distintos consejos de administración, como los del Puerto o Lhicarsa, también podrían quedar afectadas por la nulidad.
“Todo esto demuestra la magnitud del problema que ha generado Arroyo al mantener un gobierno ilegal durante dos años. Si la sentencia se confirma, el Ayuntamiento tendrá que afrontar un escenario sin precedentes en Cartagena”, concluía.
