La oposición insiste en el Pleno sobre la licencia del Cine Central mientras la Consejería de Cultura ultima la dirección de obra
La rehabilitación del Cine Central, propiedad de la Comunidad Autónoma, es un asunto recurrente en los encuentros de control que la oposición del Ayuntamiento de Cartagena suele sacar a colación ya sea en los plenos mensuales, en notas de prensa, o en comparecencias ‘ad hoc’. Para la sesión de este martes, adelantada en dos días, y que supone la última de curso legislativo antes de las vacaciones, hay hasta dos preguntas al equipo de Gobierno municipal por este asunto. ¿Hay licencia para construir? ¿Ha pedido la empresa adjudicataria la licencia?
Pues bien, aunque Sí Cartagena y PSOE (que tanta es su insistencia que repite la cuestión en dos ocasiones para este pleno) esperan qué depara este nuevo capítulo del largo, larguísimo proceso de un proyecto a todas luces emblemático, desde las administraciones competentes, principalmente la regional, admiten a Murcia Plaza que el proceso de adjudicación de las obras para la rehabilitación del Cine Central de Cartagena avanza conforme los plazos administrativos previstos. Pero ¿qué plazos son estos?
Explican desde la Consejería de Cultura que se han dado los últimos pasos necesarios para el inicio de este proyecto de forma práctica. Tras la firma del contrato con la empresa constructora, en este momento están pendientes de firmar el contrato relativo a la dirección de obra, cuya propuesta de adjudicación ya está en trámite. “Si no hay recursos que lo impidan”, que recordemos, ha sido uno de los grandes hándicaps en este recorrido, en breve (inminente, al parecer, por lo que es cuestión de unas pocas semanas) se podrá proceder a la firma del contrato de dirección de obra del proyecto de rehabilitación del Cine Central de Cartagena.
Cinco años de gestiones, informes y recursos para recuperarlo
El proyecto de rehabilitación y adecuación del Cine Central de Cartagena y su edificio anexo como centro polivalente de actividades culturales ha atravesado un extenso y complejo proceso administrativo, técnico y legal desde su impulso inicial en el año 2020 hasta la reciente adjudicación de las obras en 2025.
El 28 de mayo de 2020, la Dirección General de Bienes Culturales propuso a la Consejería de Educación y Cultura la aprobación de las bases del concurso con intervención de jurado para seleccionar el proyecto de rehabilitación. Posteriormente, los días 26 y 27 de noviembre de 2020, el jurado se reunió en el Palacio Aguirre de Cartagena y emitió el fallo que seleccionaba las tres propuestas mejor valoradas, con el objetivo de adjudicar la redacción del proyecto al equipo ganador.
El proceso enfrentó un recurso administrativo interpuesto por el grupo Movimiento Ciudadano el 31 de diciembre de 2020, aunque los servicios técnicos de la Administración continuaron su tramitación. El 24 de marzo de 2021, el Servicio de Patrimonio Histórico emitió informe favorable sobre la solvencia técnica y profesional de los tres equipos finalistas.
El 28 de diciembre de 2021, se adjudicó formalmente el contrato para la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de las obras a la UTE Pedro Pitarch Alonso - Manuel Burgos Arquitectos, S.L.P., equipo ganador del concurso. A lo largo de 2022 se realizaron actuaciones preparatorias clave: el 27 de abril, se contrató el estudio geotécnico, georadar y catas arqueológicas, y el 17 de junio, se autorizó la realización de sondeos arqueológicos preventivos. Ese mismo día se aprobó una prórroga del plazo de entrega del proyecto hasta el 1 de octubre de 2022, por causas no imputables al contratista.
El equipo redactor entregó el proyecto en plazo, el 30 de septiembre de 2022, a la Dirección General de Patrimonio Cultural.
Sin embargo, el proceso se vio afectado por la Sentencia núm. 71/2024, dictada en marzo de 2024 por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), sobre aspectos del contrato administrativo. Ante esta resolución, se interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, con fecha 30 de abril de 2024.
Mientras tanto, se avanzaba en los trámites administrativos. El 17 de octubre de 2024, el Consejo de Gobierno aprobó una modificación de los límites de gasto plurianual establecidos en la Ley de Hacienda regional para garantizar la viabilidad presupuestaria del proyecto en las anualidades 2026 y 2027. Dos meses más tarde, el 19 de diciembre de 2024, el Consejo de Gobierno autorizó el gasto y la licitación de las obras, con un presupuesto base de 5.409.581,47 euros (IVA incluido).
La licitación fue publicada el 23 de diciembre de 2024 y, tras el procedimiento de evaluación y adjudicación, el 15 de mayo de 2025 se resolvió a favor de la UTE Abala-Actúa, adjudicataria de las obras. La adjudicación fue notificada y publicada en el perfil del contratante el 16 de mayo, y el plazo legal para presentar recursos concluyó sin incidencias el 6 de junio de 2025. Finalmente, el contrato se suscribió el 27 de junio de 2025, iniciando formalmente el proceso de ejecución de las obras.
De forma paralela, el 5 de mayo de 2025 se publicó la licitación del contrato de asistencia técnica para la dirección facultativa y la coordinación en materia de seguridad y salud de las obras. El 8 de julio, la Mesa de Contratación propuso la adjudicación del lote 1 (Dirección Facultativa) a la empresa Arquitectura, Trabajos de Restauración y Arqueología S.L.P., que presentó la documentación requerida dentro del plazo legal (hasta el 14 de julio). La adjudicación fue confirmada el 23 de julio de 2025.
Ese mismo día, se declaró desierto el lote 2, correspondiente a la coordinación de seguridad y salud, ya que la única empresa admitida era la misma adjudicataria del lote 1, lo cual estaba prohibido por los pliegos. La Comunidad Autónoma procedió a nueva licitación del lote 2.
Según la normativa, la formalización del contrato de asistencia técnica deberá esperar hasta probablemente mediados del próximo mes de agosto, en caso de que se presenten recursos especiales en materia de contratación.
