El futuro del camping Villas Caravaning vuelve a situarse en ese terreno incómodo donde conviven la intención y la incertidumbre. A día de hoy, no hay calendario. Ni promesas. Ni certezas. Lo único claro es que los trabajos siguen.

El concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Cartagena, Pablo Braquehais, confirma que la empresa propietaria continúa ejecutando actuaciones para adaptar las instalaciones a la normativa vigente. Un proceso largo, técnico y, sobre todo, vigilado con lupa.

La posibilidad de reapertura no está descartada. Pero tampoco garantizada. Si la empresa cumple con los últimos requisitos -entre ellos, la instalación de hidrantes contraincendios- el Ayuntamiento podría autorizar una apertura parcial. Es decir, únicamente de aquellas zonas que ya cumplan estrictamente con la normativa. Nada de abrir “a medias” sin respaldo técnico. Desde el Consistorio insisten en la prudencia: no habrá luz verde si existe el más mínimo riesgo para trabajadores o usuarios.

Los propietarios ya presentaron un borrador con las actuaciones previstas, especialmente en materia eléctrica y de seguridad contra incendios. Sin embargo, ese documento ha sido revisado -y corregido- por los técnicos municipales. Ahora, la pelota vuelve a estar en el tejado de la empresa. Deben ejecutar esas modificaciones. Sin eso, no hay avance posible.

El origen del problema no es nuevo. El verano pasado, un equipo multidisciplinar del Ayuntamiento inspeccionó parcela a parcela el camping. Cinco técnicos, distintas áreas, un mismo objetivo: radiografiar la situación real.

El resultado fue contundente.

El informe detectó deficiencias graves:

• Uso de materiales altamente combustibles

• Fallos importantes en la red eléctrica

• Ausencia de un sistema adecuado de prevención contra incendios conforme al Código Técnico de la Edificación

Un cóctel que, en palabras técnicas, supone un riesgo. Y en lenguaje claro: un peligro real.

La actividad del camping está suspendida desde 2022, aunque los turistas han seguido llegando años después. Y aunque se esperaba una corrección progresiva, la realidad ha sido otra. “Tres años después, cuando pensábamos que estaban arreglando las instalaciones, lo que comprobamos es que no era así”, llegó a afirmar el propio Diego Ortega.

Recordemos que el camping está compuesto por más de 1.100 propietarios individuales. Algunos de ellos están agrupados en dos asociaciones y cuentan con 423 parcelas de camping y 320 casas móviles.

Tras el cierre de las instalaciones el pasado verano, la empresa propietaria del camping, que lo gestiona desde el año 2017, aseguraba que se cancelaron las vacaciones de más de 20.000 clientes: “Es simplemente catastrófico para estas familias y para la economía local”.