El proyecto para convertir el edificio de la calle Caballero, en el casco histórico de Cartagena, en una residencia de estudiantes podría no llegar a materializarse. La empresa adjudicataria, Cartagena Flats S.L., ha detectado durante el análisis detallado del inmueble trabajos adicionales necesarios que elevarían el coste inicial de las obras, lo que ha abierto un proceso de negociación con la sociedad municipal Casco Antiguo de Cartagena.
La compañía obtuvo la adjudicación del edificio tras presentar la propuesta mejor valorada en el concurso público. Su proyecto destacó especialmente por un ambicioso plan de inversión de 253.299 euros en mejoras y obras adicionales, no previstas inicialmente en el pliego, con el objetivo de modernizar el inmueble y adaptarlo a los estándares actuales de una residencia universitaria.
Sin embargo, tras estudiar con mayor profundidad el estado real del edificio, la empresa ha advertido de la necesidad de nuevas actuaciones que encarecerían el presupuesto previsto. Esta situación ha sido trasladada a la sociedad municipal y el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena, Diego Ortega, ha reconocido a este medio que el escenario no es sencillo. El edil señala que el Ayuntamiento está dispuesto a dialogar, aunque admite que la negociación se presenta complicada. “Ellos quieren negociar, pero no veo la negociación factible, así que es probable que termine en la anulación del contrato”, ha indicado.
Una adjudicación que buscaba revitalizar el casco histórico
La adjudicación del inmueble fue aprobada por el Consejo de Administración de la sociedad municipal Casco Antiguo de Cartagena, que eligió la propuesta de Cartagena Flats S.L. tras un procedimiento abierto de licitación. La empresa se comprometía además a abonar un canon anual de 48.065 euros.
La decisión salió adelante con los votos favorables del Gobierno municipal y del grupo Sí Cartagena, mientras que PSOE y Movimiento Ciudadano se abstuvieron.
El proyecto presentado por la empresa apostaba por una transformación integral del edificio, con mejoras orientadas a modernizar las instalaciones y ampliar los servicios para los futuros residentes.
Entre las actuaciones previstas figuraban la instalación de un sistema solar fotovoltaico, la renovación completa de la iluminación con tecnología LED y la creación de nuevas salas de estudio y coworking. También se contemplaba habilitar un aulario, una zona de lavandería y comedor, además de incorporar cocinas en varias habitaciones para ofrecer mayor autonomía a los estudiantes.
El plan incluía igualmente el ajardinamiento de la cubierta, la mejora de las carpinterías y la instalación de mobiliario ergonómico, junto a soluciones tecnológicas como sistemas de conectividad avanzada y acceso digital a las estancias.
Más servicios y nuevos usos para el edificio
La propuesta también planteaba reorganizar algunos espacios comunes del inmueble. El antiguo gimnasio y la sala de televisión se transformarían en un espacio de trabajo colaborativo, pensado para el estudio y el desarrollo de proyectos.
Además, los residentes tendrían acceso a aparcamiento, a un gimnasio propio de Cartagena Flats y a condiciones preferentes en un centro deportivo situado en la plaza Juan XXIII.
Con estas actuaciones se buscaba aprovechar al máximo la superficie del edificio, trasladando algunos servicios fuera del inmueble para liberar espacio interior y permitir nuevas funciones.
Un proyecto pendiente de resolución
El informe técnico municipal que avaló la adjudicación destacó que Cartagena Flats S.L. había presentado la propuesta con mayor inversión en mejoras, acompañada de planos, infografías y una distribución funcional más flexible del edificio.
La iniciativa se planteó como una oportunidad para recuperar un inmueble del casco histórico de Cartagena y reforzar la oferta de alojamiento universitario en la ciudad, una demanda creciente vinculada al aumento de estudiantes.
Sin embargo, el descubrimiento de nuevos trabajos necesarios durante el análisis del edificio ha complicado el desarrollo del proyecto. Ahora, las negociaciones entre la empresa y la sociedad municipal determinarán si la iniciativa puede adaptarse a los nuevos costes o si finalmente el contrato termina anulándose.
