La Guardia Civil ha registrado este jueves las instalaciones de Navantia en Cartagena en el marco de una operación judicial contra una presunta trama de fraude que habría operado durante los últimos 10 a 15 años en los astilleros de la empresa pública. Según fuentes judiciales y el auto, la investigación gira en torno a una decena de personas, entre ellas varios empleados de Navantia y responsables de empresas proveedoras, que habrían participado en un sistema organizado de sustracción y reventa de piezas y maquinaria mediante contratos falsificados.

El caso lo dirige el Juzgado de Instrucción nº 4 de Cartagena y se centra en una práctica sistemática: materiales supuestamente obsoletos o dados de baja salían de los astilleros de forma irregular, para luego ser revendidos a la propia Navantia a través de empresas concertadas de la comarca, sin control ni verificación de stock, y a precios muy superiores al de mercado.

El auto judicial detalla que el Departamento de Compras del Negociado de Submarinos adjudicaba los contratos a estas empresas sin comprobaciones previas y con “criterios de absoluta arbitrariedad”. Las adjudicaciones se formalizaban recurriendo a supuestas ofertas simuladas y fraccionando los contratos de manera irregular, con la intención de esquivar los controles internos y de contratación pública.

Los materiales, según la investigación, eran manipulados en talleres externos donde se les alteraban los números de serie y se falsificaban certificados de calidad, simulando que procedían de terceras compañías. Todo ello con la presunta connivencia de personal interno de Navantia. Además, se habrían empleado pases de entrada, visita o salida falsificados para sacar piezas de los astilleros sin ser detectadas por el Departamento de Seguridad Industrial.

Inicialmente, el fraude detectado rondaría los 250.000 euros, pero los investigadores no descartan que esa cifra aumente de forma considerable conforme avancen las diligencias. Otras estimaciones apuntan que solo en las compras bajo sospecha se habría superado ya el umbral de los 100.000 euros, con posibles ampliaciones conforme se analicen nuevas adjudicaciones.

La propia Navantia, dependiente de la SEPI, fue quien detectó las primeras irregularidades en una auditoría interna y decidió denunciar los hechos ante la Guardia Civil el pasado año. Desde entonces, la empresa ha colaborado activamente en la investigación y se ha personado como acusación particular en el proceso judicial a través de la Abogacía del Estado.

Además de la sede de Navantia en Cartagena, la Unidad Orgánica de Policía Judicial ha realizado registros en varias empresas y domicilios particulares de Cartagena y municipios del entorno. Entre las mercantiles investigadas figura la empresa Sealife, que habría actuado como una de las proveedoras implicadas.

Este escándalo abre el debate sobre los mecanismos de fiscalización y control en las grandes empresas públicas vinculadas a sectores estratégicos como el naval y la defensa. Navantia, responsable de programas clave como los submarinos S-80 y las fragatas F-110, se ve ahora obligada a revisar sus protocolos para evitar que fraudes como este vuelvan a producirse.

La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones o imputaciones en los próximos días. El caso, aún bajo secreto parcial de sumario, podría convertirse en uno de los mayores fraudes internos detectados en la historia reciente de la compañía.