CARTAGENA. El PP carga con dureza contra el Gobierno de España y sus representantes en Murcia tras la entrada durante este miércoles de 62 inmigrantes de manera irregular en la Cala del Barco, en Cartagena, ante la sorpresa de los bañistas. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, la primera en reaccionar, ya pidió en la tarde del día en que se conoció la noticia que se intensificara la vigilancia y el control de las costas de Cartagena y reclamaba más medios humanos y tecnológicos. Con un tono de indignación, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, declaraba en una entrevista nacional (Espejo Público, Antena 3) que no se explicaba "cómo puede llegar una embarcación de esas dimensiones a las costas sin que sea interceptada, sin que sea localizada, sin ningún tipo de control" Y afirmaba no entender "dónde están los efectivos del Ministerio".
A estas dos reacciones políticas, se suma la ofensiva parlamentaria del PP, que exigie la comparecencia "urgente" del delegado del Gobierno, el socialista Francisco Lucas, para que explique "qué falló en el dispositivo de vigilancia de las costas de la Región que permitió este miércoles el desembarco de decenas de personas en una playa de Cartagena a plena luz del día".
"Las imágenes que hemos visto en las costas de Cartagena son absolutamente intolerables y no podemos acostumbrarnos a ellas", lamentaba el portavoz parlamentario y vicesecretario de Organización, Comunicación y Electores del PP, Joaquín Segado, acompañado por el secretario general del PP en Cartagena y concejal de Educación y Hacienda en Cartagena, Ignacio Jáudenes.
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Un día después, la Guardia Civil, tras un operativo de búsqueda, localizaba a los 62 inmigrantes, todos en buen estado de salud, según informa la Delegación del Gobierno. Se trata de 45 varones mayores de edad, 2 mujeres mayores de edad y 15 menores, todos ellos varones. Al parecer, todos tenían la nacionalidad argelina. Todas las personas fueron atendidos por Cruz Roja y, posteriormente, puestos a disposición de la Policía Nacional. Una vez que son atendidos por las administraciones públicas y las ONG en aplicación del protocolo, la Delegación confirma que se están tramitando los procedimientos de expulsión correspondientes.
El PP, sin embargo, pide al máximo responsable de la Delegación en Murcia que detalle “cuántas veces ha sucedido esto en los últimos meses, cuántas personas han llegado y cuántas han sido devueltas o, lo que es lo mismo, cuántas de las que han llegado, como las de ayer, están ya en la calle”. “Los ciudadanos tienen derecho a saber qué está pasando y qué está haciendo el Gobierno de España para evitar que vuelva a suceder”, enfatizaba Segado, convencido de que "no son episodios aislados, sino de una situación que evidencia la creciente actividad de organizaciones criminales en el litoral regional". También reclama a Lucas que explique “cuántas embarcaciones plenamente operativas tiene en estos momentos el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en la Región de Murcia para perseguir a estas mafias y qué medios se están destinando a combatirlas”.
Piden refuerzos
Además, en línea con las palabras de la alcaldesa cartagenera, Segado demanda el refuerzo inmediato de los medios humanos y materiales de la Guardia Civil, "especialmente del Servicio Marítimo", para combatir las narcolanchas, el narcotráfico y las redes de inmigración, al tiempo que esgrimía que las asociaciones profesionales l"levan tiempo denunciando las carencias que sufren los agentes".
“Los delincuentes tienen embarcaciones potentísimas, sistemas de navegación y organizaciones perfectamente estructuradas, mientras quienes tienen que perseguirlos denuncian que no disponen de medios suficientes”, advirtió mientras expresbaba "todo el respaldo" de su partido a los guardias civiles: "Ellos no son responsables de esta situación, sino quienes están intentando combatirla”.
Estrategia específica de Interior en las costas de la Región de Murcia
El PP reclama también una estrategia específica del Ministerio del Interior para las costas de la Región de Murcia, frente al crecimiento de estas organizaciones criminales, porque, alega Segad "detrás de estas rutas operan redes que pueden combinar el tráfico de personas con el narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando y el abastecimiento de combustible".
Segado argumenta que el Gobierno de España tiene las competencias y Francisco Lucas tiene la responsabilidad política como delegado del Gobierno, por lo que le exige que “salga de su silencio, dé la cara y explique qué está pasando”.
A su juicio, “representar al Gobierno de España no consiste únicamente en defender a Pedro Sánchez y a sus ministros, sino también en exigirles que actúen cuando existe un problema grave de seguridad en la Región de Murcia”. Y apostillaba, crítico: “¿Volverá a negarse? ¿Volverá a esconderse? ¿De verdad el máximo representante del Gobierno de España en la Región de Murcia no tiene nada que explicar ante los representantes de los ciudadanos?"
Consecuencias en Cartagena
Por su parte, Jáudenes afea que España lleva "demasiado tiempo" sin una política migratoria y exterior "seria, ordenada y responsable”. Esta situación, opina, tiene consecuencias no solo en Ceuta, sino también en la Región de Murcia. “En Cartagena llevamos años soportando las consecuencias de decisiones que se toman en Moncloa a espaldas de los cartageneros. Somos la única ciudad del país que recibimos inmigración irregular por dos vías: directamente por mar, a través de nuestras costas como sucedió ayer, y, además, recibimos a migrantes trasladados desde otros puntos de España”."
"Cartagena tiene el CATE y un campamento de migrantes en el antiguo Hospital Naval, pero lo que no tenemos es un Cuartel de la Guardia Civil", advierte. "Ahora convertido en un solar, un solar que es la viva imagen de la política de seguridad y migratoria del Gobierno Sánchez”, concluía.
